Economía quiere ampliar el volumen de las inversiones extranjeras
La economía española no tiene otra alternativa, ante la próxima entrada en la Comunidad Económica Europea, que proceder a liberalizar una buena parte de las rigideces existentes. Miguel Boyer anunció, además del paquete de reactivación del consumo, una propuesta de modificación de algunos aspectos para conseguir esa mayor flexibilización.
El Gobierno, dentro del capítulo de inversiones extranjeras, concederá libertad para la adquisición de inmuebles tanto rústicos como urbanos por un valor de hasta 100 millones de pesetas. Hasta ahora, cualquier extranjero que quisiera adquirir un inmueble tenía que contar con la autorización previa del Consejo de Ministros. Al tiempo, se va a proceder a liberalizar la inversión extranjera en cualquier sector productivo, hasta 500 millones de pesetas, sea cual fuere el porcentaje de participación en el total de la inversión. En la actualidad, la inversión extranjera sin autorización previa estaba limitada a 25 millones de pesetas. Sin embargo, el tope para la inversión extranjera libre quedará fijado en 100 millones de pesetas cuando se trate de sectores estratégicos de la economía.El elevado nivel de reservas de divisas en poder de las autoridades españolas aconseja, según el Ministerio de Economía y Hacienda, modificar la cantidad de dinero que los españoles nos podemos gastar en el extranjero, elevándola en un 50%. En la actualidad, la cantidad máxima permitida son 80.000 pesetas por viaje de turismo, que pasará a situarse en 120.000 pesetas. Por desplazamiento de negocios, la cantidad es superior y también se verá incrementada en un 50%.
Las trabas administrativas actualmente existentes para la constitución de nuevas empresas tenderán a desaparecer, para adecuar la normativa a la existente en la CEE y, aunque no se reconozca de forma explícita, para intentar integrar de alguna forma una parte de la pujante economía sumergida.
Constitución de empresas
En este sentido, se simplificarán las autorizaciones y registros de nuevas empresas, con un documento provisional que permitirá operar sin contar con los requisitos legales durante un período de seis meses, y desaparecerán las trabas actualmente en vigor que impiden transformar las viviendas actuales en locales comerciales. Junto a ello, se va a proceder a dar libertad de horarios de apertura en locales comerciales.La liberalización propuesta por Miguel Boyer se centra de forma especial en el mantenimiento de los objetivos de lucha contra la inflación, y se va a utilizar como instrumento la posibilidad de reducir los problemas para la importación de algunos productos cuyos precios en el mercado español superen las tasas de inflación previstas. Durante 1984 los precios de algunos productos alimenticios alcanzaron incrementos muy elevados en algunos meses que impidieron que el objetivo de alcanzar un 8% de inflación acumulada a final de año se cumpliera.
En medios del Ministerio de Economía se considera que la posibilidad de ampliar los cupos o contingentes de importación de estos productos cuando sus precios suban por encima de la media, así como reducir los aranceles a que se ven sujetos para proteger los mismos productos obtenidos en España, puede significar un paso importante en el mantenimiento de los objetivos de inflación.
El esquema de liberalización diseñado por Economía finaliza con unas referencias a la flexibilización del sistema financiero. Miguel Boyer anunció que el objetivo es llegar a 1990 con unos niveles del coeficiente de inversión -porcentaje de los pasivos que bancos y cajas de ahorro tienen que destinar a inversiones obligatorias decididas por la Administración- equivalentes a la mitad de los actualmente en vigor.
Tras la reducción del coeficiente de inversión decidida en el pasado mes de febrero, el volumen de recursos cautivos equivale en la actualidad al 27% del total de pasivos. El objetivo es que en 1990 con un calendario preciso, el coeficiente de inversión se sitúe en el 13%.
Al tiempo se va a poner en marcha la, reforma del mercado de valores, con la creación de un órgano de seguimiento y control del mismo, la reforma de la figura de los agentes mediadores y la obligación por parte de las empresas de tener una mayor transparencia en la in formación sobre la situación de las sociedades. Para conseguir esto último se impondrá un mayor rigor en la sanción de las infracciones que cometan las empresas.
