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Prostitutas y travestidos de Barcelona inician los trámites para la creación de un sindicato

Las prostitutas y travestidos de Barcelona contarán, en breve, con un sindicato, al que han bautizado con el nombre de Asociación Ciudadana de Libre Actuación Corporal y que, en principio, tendrá ámbito provincial. Los promotores de esta organización están redactando los estatutos, en los que, entre otras cosas, se reclama que su actividad sea reconocida como una profesión autónoma y que, por consiguiente, se les otorgue el derecho a afiliarse a la Seguridad Social. Los asociados solicitan también que se les asigne una zona de la ciudad donde efectuar sus contactos.

BarcelonaEl sindicato de prostitutas y travestidos de Barcelona empezó a gestarse hace dos años, en el despacho del abogado penalista Manuel Arnao Vilalta, pero las trabas procesales y las dificultades intrínsecas al propio movimiento hicieron que el proyecto quedara archivado. La idea del sindicato resurgió recientemente, a raíz de una serie de conflictos ocurridos en Barcelona entre las mujeres y las fuerzas de orden público.El letrado Arnao ha reemprendido, al parecer por encargo de medio centenar de prostitutas y travestidos, la redacción de los estatutos. El proyecto de estatutos se encuentra, por ahora, esbozados en 10 folios mecanografiados, que. deberán ser refrendados por los propios gestores del colectivo y que en las próximas semanas podrían ser presentados en el Gobierno Civil de Barcelona.

Al parecer, el proyecto inicial de este colectivo fue el de formar un verdadero sindicato, pero los promotores se encontraron con numerosos problemas legales, ya que su actividad no estaba reconocida laboralmente. Surgió entonces el proyecto de configurar el colectivo como una asociación, amparándose en la ley de Asociaciones de 1966. Esta ley, que ha sido calificada por numerosos juristas como un "verdadero cajón de sastre", fue utilizada, en tiempos de la dictadura, para legalizar asociaciones de tipo cultural y ciudadano.

Los estatutos establecen, entre otras disposiciones, la obligatoriedad de abonar unas cuotas, la de contar con un local social y la de disponer de una zona de la ciudad donde poder efectuar los contactos. Pero la principal reivindicación de los asociados es que su actividad sea reconocida como una profesión autónoma y que, por consiguiente, tengan derecho a beneficiarse de las prestaciones de la Seguridad Social.

El abogado Manuel Arnao se negó ayer a facilitar información sobre este proyecto, si bien aseguró que él o los promotores de la asociación no tendrían ningún inconveniente en explicar los detalles del colectivo, una vez los estatutos fueran presentados al Gobierno Civil. Arnao recalcó que para llevar a buen fin el proyecto será importante contar con el respaldo de los medios de comunicación".

Presuntos malos tratos

Una de las primeras actuaciones de este colectivo, cuando sea legalizado por el Gobierno Civil de Barcelona, será la de personarse en unas diligencias judiciales que se siguen por los presuntos malos tratos infligidos por la Policía Nacional a unas prostitutas. Estas diligencias empezaron a instruirse el pasado viernes, 22 de marzo, cuando un grupo de prostitutas y travestidos fue disuelto violentamente a la altura de la Zona Universitaria, cuando se manifestaban en protesta por el control policial ejercido en la zona de Pedralbes.Cerca de una docena de manifestantes resultaron con diversas heridas de consideracíón y, después de ser asistidas en diversos centros médicos, acudieron, con el correspondiente parte, al juzgado de guardia para presentar la denuncia por supuestos malos tratos y para reclamar la puesta en libertad de una mujer, M. V., que se encontraba detenida en la comisaría del barrio de Sants.

El juez Pedro Martín, titular del Juzgado de Instrucción número 10, aceptó a trámite la denuncia y ordenó el traslado a las dependencias judiciales de la detenida, quien, después de prestar declaración, fue puesta en libertad. La denuncia está siendo ahora estudiada por el fiscal Carlos Ganzenmüller.

En opinión del magistrado Pedro Martín, de estas diligencias policiales podría deducirse un posible delito de manifestación ilegal, pero no se descarta también que se contemple el de malos tratos. Aseguró el juez que, según los datos recogidos, la policía podría haber actuado con fuerza desproporcionada para disolver a los manifestantes.

Pero, sobre todo, el juez Pedro Martín mostró su preocupación por la actuación de la policía, que acota determinadas zonas de la ciudad e impide el paso a cualquier persona que no sea vecino. En su opinión, esta actuación de la policía es inconstitucional y podría ser constitutiva de un delito de coacciones. Añadió que el caso podría ser tratado por la Junta de Jueces, de la misma manera que entre 1980 y 1983 la junta se opuso a las redadas de prostitutas y travestidos en Barcelona.

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