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La larga marcha del síndrome tóxico

El procesamiento de los altos cargos

J. Y. Los abogados de los afectados han solicitado siempre los procesamientos de varios altos cargos de la Administración de UCD por posibles negligencias u omisiones en el caso de la colza.

Las familias de las víctimas han recibido ya las indemnizaciones a cuenta fijadas por el Plan Nacional del Síndrome Tóxico, que han sido de tres millones de pesetas por cada fallecido, cuatro millones si la víctima era cabeza de familia y 250.000 pesetas por gastos de sepelio. Los afectados no han recibido indemnizaciones todavía, aunque pudieran recibirlas en poco tiempo.

Sin embargo, los abogados de la acusación son conscientes de que las indemnizaciones que pueda fijar el tribunal serán probablemente mucho más elevadas, y que con todos los bienes de los industriales procesados no se llegaría a pagar ni el 1% de las mismas. La solución es evidente, conseguir que al menos uno de los altos cargos de la Administración sea condenado, aunque fuera a una pena mínima, para que el Estado se haga cargo de las indemnizaciones. Por eso, en cuanto el juez concluyó el sumario, los acusadores recurrieron para pedir el procesamiento de los altos cargos.

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Un sumario envenenado

El tribunal, en lugar de desestimar los recursos de acuerdo con los criterios que había seguido hasta entonces, el 12 de abril de 1984 admitió el recurso de los acusadores y ordenó al juez la reapertura del sumario, el procesamiento de 11 nuevos aceiteros, así como la apertura de un nuevo sumario para depurar las responsabilidades de los altos cargos de la Administración. La sala decidió desglosar el sumario de la colza del proceso de los altos cargos para no retrasar la conclusión del sumario principal, ya que el tipo de actuación de los industriales del aceite y el de los cargos de la Administración eran muy diferentes en su esencia y en sus fines. Al mismo tiempo, el tribunal ordenaba al juez que la responsabilidad de los citados altos cargos se investigara y depurara en un juzgado de instrucción. La decisión fue recurrida.

El Tribunal Supremo dictaminó que la presunta responsabilidad de los 10 cargos del Gobierno de UCD en el caso de la colza debería ser investigada en un nuevo sumario, pero no porque considerara que la decisión de la Audiencia Nacional había sido acertada, sino porque los abogados no supieron interponer el recurso adecuado.

Todavía no ha habido ningún procesamiento de altos cargos, porque el sumario se encuentra, al igual que otro que se inició, a requerimiento de la OCU, por presuntos delitos de falsedad de documentos de los industriales de la colza, pendiente de que se determine a qué juez le corresponde.

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