Un proyecto detestable

LAS PROPUESTAS sobre reforma de la Seguridad Social que el Gobierno ha entregado hace unos días de manera oficial al sindicato UGT y a la patronal CEOE no pueden ser más desafortunadas: tienen como eje y principal objetivo el recorte de las actuales prestaciones, así como el endurecimiento de los requisitos para tener derecho a las mismas. Mientras tanto, faltan todavía los proyectos de reforma de aspectos tan importantes como la sanidad pública y la financiación de la Seguridad Social. Y no deja de ser paradójico que sea un Gobierno socialista el encargado de aplicar unas medidas que se plantean, aun con todas las cautelas iniciales, como pérdida de muchos de los beneficios que han venido disfrutando los trabajadores en los últimos años.La necesidad de sanear financieramente la Seguridad Social, amenazada de quiebra, exige medidas duras de ajuste; pero va a resultar dificil al Gobierno convencer de la bondad de unas exigencias que, para asegurar la supervivencia del sistema, perjudican en muchos casos los derechos adquiridos de los más débiles. Máxime cuando, como en este caso, las medidas que se plantean ponen en peligro el derecho a una vejez asegurada en lo económico a miles de trabajadores. La ampliación a 15 años de la cotización, frente a los 10 actuales, y sobre todo la obligatoriedad de que al menos tres años de cotización estén comprendidos entre los últimos 10 años de vida laboral, puede hacer perder a miles de trabajadores unos derechos por los que han venido contribuyendo. Hay casos dramáticos: quienes volvieron del exilio al calor de la democracia y han venido cotizando durante los casi dos lustros que han transcurrido desde el fin de la dictadura no van a poder jubilarse ahora con pensión.

De ninguna manera podemos creer que un Gobierno de izquierdas sea incapaz de resolver el problema de la Seguridad Social si no es dañando a los más indefensos. De ninguna manera se puede aceptar que, mientras se aparca la reforma sanitaria por presiones de los grupos de intereses y se despilfarra en burocracias superpuestas y en delirios protocolarios, los jubilados de la Seguridad Social vean despreciados sus derechos. Y no parece que una situación de desempleo como la que soporta el país, en la que son precisamente los trabajadores de más de 45 años los que mayores dificultades tienen para encontrar trabajo, sea la más adecuada para implantar medidas como las que comentamos. Argumentar que para estos casos se garantizarán las pensiones no contributivas -es decir, las de indigencia- es casi ofensivo.

El carácter restrictivo de las propuestas se acentúa en las prestaciones de supervivencia -viudedad y orfandad-, que sufren una reforma en profundidad con el único objetivo de reducir en lo posible el número de beneficiarios. Es verdad que muchas de las pensiones de viudedad que hoy se vienen satisfaciendo no tienen, bajo un punto de vista social, ninguna defensa. Pero al cortar en todos los casos por el mismo rasero se corre el riesgo de provocar situaciones de mayor injusticia que las que se quieren atajar.

Negar el derecho a la pensión de viudedad al cónyuge superviviente menor de 45 años puede empujar a la miseria a miles de personas, sobre todo cuando, como en el caso concreto de la mujer española, ésta, por cultura, por formación y por la situación de paro, se ha visto contra su voluntad apartada del mundo del trabajo. Cabe preguntarse cómo encontrará trabajo una viuda de 42 años que no lo encontró ni a los 20 ni a los 30. Por otra parte, establecer la discriminación por edad es una vulneración obvia de la igualdad de los españoles garantizada por la Constitución. La insistencia del Gobierno en la necesidad de que exista un vínculo matrimonial entre la pareja para tener derecho a la pensión de viudedad u orfandad responde a un criterio tan reaccionario como miserable, aparte de que es una medida que aumenta la indefensión objetiva de las mujeres en nuestra sociedad. El Gobierno ignora con ello, por otra parte, que son ya varias las sentencias judiciales que obligan a la Seguridad Social a pagar la pensión cuando la convivencia y la dependencia económica del asegurado han quedado demostradas, independientemente de que esa situación familiar no estuviera legalizada oficialmente.

El sistema de negociación que ha impuesto el Ministerio de Trabajo es tan detestable como el proyecto a negociar. Al margen de las razones jurídicas que avalen la exclusión de CC OO por no haber firmado el Acuerdo Económico y Social (AES), resulta dificil defender que en este punto concreto se trate de ignorar a un sindicato que representa a un alto número de trabajadores. El Gobierno parece haberse preocupado más de intentar conseguir el consenso con UGT que de establecer unas bases claras de negociación con todos los interlocutores sociales. Sin embargo, el propio sindicato socialista ha expresado fuertes reparos sobre las intenciones gubernamentales, criticando lo que, a su juicio, parece un conjunto de medidas parciales dirigidas a recortar las prestaciones sin plantearse una verdadera reforma de la Seguridad Social.