La patronal de la enseñanza se movilizará en abril si no hay acuerdo con el ministerio

La Junta General de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que celebra su 13º Congreso en Barcelona, aprobó ayer una plataforma que fue calificada de "no maximalista", que contempla unas negociaciones con el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y en la que se toma como base una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Asimismo, propone un acuerdo a medio plazo que asegure estabilidad jurídica y económica a los centros privados hasta que no se llegue al pacto escolar. Si no se llegara a un acuerdo, "la CECE estudiará la realización de movilizaciones para el próximo mes de abril" según anunció el presidente de la citada patronal, Ángel Martínez Fuertes.

El presidente de la CECE dijo, asimismo, que su organización recurrirá contra personas cuyas actuaciones administrativas perjudicaran a los centros, "aún en el caso", dijo, "de que esa persona deje su cargo". Martínez Fuertes, por otra parte, reiteró el ofrecimiento para que el presidente de la Generalítat, Jordi Pujol, sea mediador de la negociación del pacto escolar con el MEC. "No se trata sólo de una cuestión de cortesía", dijo, "porque hay una razón cierta, que es la condición de negociador que ha tenido el señor Pujol".El dirigente de la patronal privada de la Enseñanza, a preguntas de este diario sobre por qué no se había hecho portavoz de la propuesta de pacto escolar al Ejecutivo vasco, se refirió a la capacidad negociadora de la Minoría Catalana durante la tramitación parlamentaria de la ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE) y al mejoramiento del texto conseguido por el citado grupo parlamentario. La minoría vasca y el Grupo Popular presentaron recurso de inconstitucionalidad contra la LODE, por lo que parecía más lógico que la CECE, a la que se vincula con los sectores patronales más duros de la enseñanza privada, hubiera canalizado la negociación a través de alguna comunidad autónoma gobernada por el Partido Nacionalista Vasco -como es el caso de Euskadi- o Coalición Popular, como Galicia.

Martínez Fuertes remarcó que las resoluciones que tome el Congreso sobre el pacto escolar serán enviadas, "por este orden", al presidente de la Generalitat, al presidente del Gobierno, al ministro de Educación y, posteriormente, a las restantes autonomías. Las características "flexibles", en palabras de Martínez Fuertes, de este pacto escolar que propondrá la CECE guardarían relación con un informe técnico de negociación de la citada organización patronal en el que se propone, como contrapartida negociadora al MEC, la eventual reconversión del sector de la enseñanza privada. Este proyecto de pacto, según Martínez Fuertes, "será muy peculiar", aunque reconoció que "pesarán sobre él los modelos holandés y belga".

La CECE en respuesta a las acusaciones socialistas sobre la pertenencia al comité de honor de Jordi Pujol, señalaron que con motivo del XI Congreso celebrado en Valencia un conseller de Educación del PSOE, Cipriano Císcar, y dos de sus directores generales, Javier Paniagua y Ferrer Fonbuena, estuvieron en el citado comité. Según las mismas fuentes, en el XII Congreso, celebrado el pasado año en Canarias, el consejero de Educación, el socialista Luis Balbuena, estuvo presente en los actos oficiales, al igual que el año anterior lo estuvieron sus homólogos valencianos. Fuentes socialistas, sin embargo, precisaron que en esas ocasiones a los representantes autonómicos no se les otorgó un papel tan preponderante como este año.

Guitart pide ayuda a Maravall

Difícilmente el presidente Pujol aceptará ese papel mediador que le ha pedido Martínez Fuertes, entre otras cosas porque desbordaría el marco competencial de la comunidad autónoma y porque Minoría Catalana poco papel puede cumplir una vez aprobada la LODE, opinan en medios gubernamentales.Este diario pudo saber, por otra parte, que el conseller de Enseñanza de la Generalitat, Joan Guitart, pidió el pasado lunes al ministro José María Maravall que intercediera ante los socialistas catalanes para que atemperaran la campaña movilizadora en favor de la escuela pública en Cataluña, que han lanzado organizaciones de maestros y de padres de alumnos, con el apoyo de socialistas y comunistas y que ha supuesto una denuncia contra la política educativa del Gobierno catalán, proclive a favorecer al sector privado.