El Gobierno mantiene una 'ambigüedad calculada' sobre las armas nucleares

La desnuclearización de España depende exclusivamente de la voluntad del Gobierno, ya que, al no ser ley, la declaración hecha por las Cortes en 1981 sólo obligaba, como máximo, a aquella legislatura, según coinciden en afirmar expertos en temas de defensa del Gobierno y de la oposición. Uno de los expertos en política de defensa del Ministerio español de Asuntos Exteriores afirmó ayer en privado que el hecho de que no se explicite la desnuclearización de España obedece a la misma "ambigüedad calculada" que el actual Gobierno ha adoptado respecto a la OTAN.

El único texto legal que limita la desnuclearización de España es el segundo párrafo del artículo 4 del Convenio de amistad, defensa y cooperación hispano-norteamericano del 2 de julio de 1982, ratificado al año siguiente por las Cortes españolas. Ese artículo afirma que "el almacenamiento e instalación en territorio español de armas nucleares, o no convencionales, o de sus componentes quedará supeditado al acuerdo del Gobierno español". Este convenio es posterior a la declaración de las Cortes del 29 de octubre de 1981 que se ofrece en esta misma página.Expertos gubernamentales en cuestiones de Defensa han afirmado a EL PAÍS que esta declaración sólo obliga a la legislatura en la que se formuló, ya que no es un texto legal. El actual Gobierno, sin embargo, ha venido afirmando que para nuclearizar España sería necesario que el Parlamento se pronunciara a favor. No resultaría suficiente el consentimiento del Gabinete, como lo señala el Convenio de cooperación hispano-norteamericano.

Uno de estos expertos afirmó en privado que la baza desnuclearizadora es una de las que el actual Gobierno español se guarda -como la definición de la integración en la OTAN-, dentro de su política de "ambigüedad calculada", hasta que queden despejadas incógnitas como la integración en la CEE, el futuro de Gibraltar y el respaldo que nuestros aliados ofrezcan en los casos de Ceuta y Melilla.

Por lo que respecta a la posibilidad de que existan armas nucleares en España sin el consentimiento del Gobierno, un alto cargo del Ministerio español de Asuntos Exteriores afirmó que esto es imposible que suceda en las bases norteamericanas, cuyas instalaciones están sometidas a la inspección de las autoridades del Ejecutivo español, con la sola excepción de las zonas criptográficas, en las que se elaboran y descifran los mensajes secretos.

Por lo que respecta a Gibraltar, las observaciones realizadas por el Gobierno español descartan la existencia de misiles tácticos y estratégicos, pero se considera muy probable que existan cargas de profundidad y torpedos atómicos para submarinos y buques tácticos (de combate). Como es costumbre en estos casos, los británicos se han negado a desmentir o confirmar estas sospechas.