González no respondió directamente a varias preguntas del Grupo Popular sobre las auditorías

El tema de la evasión de capitales quedó en un segundo plano en la sesión de control parlamentario al Ejecutivo que ayer se celebró en el Congreso. En la misma, Felipe González, presidente del Gobierno, renunció a responder a cuatro de las siete preguntas que dirigidas a él figuraban en el orden del día. Fernando Ledesma, ministro de Justicia, tomó la palabra en la cuestión relativa a las auditorías y afirmó que de las 91 remitidas a la Fiscalía General del Estado, 12 han resultado con acciones penales. Entre los procesados se encuentran un miembro de Central de Reaseguros, siete del Banco de Levante y 14 de la Caja Rural de Palencia.

La sesión de preguntas orales se inició con la interpelación del portavoz conservador Miguel Herrero a Felipe González en la que planteaba en qué fecha había cumplido con la obligación de denunciar ante el ministerio fiscal el conocimiento de un hecho presuntamente delictivo. En lugar del presidente se levantó a responder Fernando Ledesma para afirmar que González cumple sus obligaciones en la misma fecha, en que tiene conocimiento de un hecho delictivo.Herrero inició su réplica diciendo que "cuando no hay nada que decir es mejor callar". Herrero, molesto por el hecho de que no contestara González, continuó diciendo que de las 80 auditorías de infarto remitidas al fiscal general, Luis Antonio Burón Barba, únicamente han llegado 18. El diputado conservador acusó de prevaricación al Gobierno y afirmó que al hablar de las auditorías se pretende crear una cortina de papel para ocultar las auditorías de los años 83 y 84 de los "ayuntamientos que se nutren de contratas de basuras".

Ledesma contestó con el aforismo romano de que "nadie puede sacar beneficio de su propia torpeza", y matizó que lo que se había producido no era en ningún caso una prevaricación porque no hay ocultación de ningún tipo, pero sí insinuó que en las palabras de Herrero podía haber una imputación falsa de delito. Ledesma pormenorizó que han sido enviadas auditorías a la Fiscalía del Estado desde el 25 de junio de 1983 al 7 de diciembre de 1984 y al Tribunal de Cuentas desde el 12 de mayo al 17 de octubre de los mismos años. Al fiscal general han llegado 19 y al Tribunal de Cuentas 25.

De las enviadas a la fiscalía, según precisó el ministro de Justicia, 12 han resultado con acciones penales. De ellas hay dictado un auto de prisión de un miembro de Central de Reaseguros, se han derivado siete procesamientos en el Banco de Levante y 14 en la Caja Rural de Palencia.

Herrero en su nueva pregunta relativa a la amenaza de divulgación de datos hecha por González, le pidió a éste gallardía para responder. El presidente del Gobierno se levantó para decir que la pregunta de Herrero había sido muy oscura y que "sólo se siente amenazado quien tiene temor de algo".

Herrero, en su tercera pregunta, solicitó del presidente si considera ético anunciar los datos de las auditorías con fines electorales. "Responda concretamente alguna vez", añadió. González fue más escueto al decir que sí lo considera ético y que lo que hace lo es más que la actitud de los conservadores ante los supuestos casos de irregularidades en que están implicados algunos ayuntamientos.

Modos de actuación

Herrero acusó a González de autocomplacencia ética y añadió que raya con lo delictivo la publicación de secretos. Herrero pidió a González que en lugar de amenazar infunda esperanza. El presidente insistió en que actúa responsablemente y pidió también a los escaños de enfrente que compongan una oposición responsable, como por ejemplo para temas como la afloración de 350.000 millones de pesetas de un presupuesto de un Gobierno anterior y que no estaban contabilizados.

En otro momento del debate, Miguel Boyer afirmó que 300.000 millones de pesetas corresponden a insuficiencias presupuestarias y créditos; extraordinarios y que su antecesor, al hacer el traspaso de poderes, le dijo: "Ahí te dejo eso, que nosotros no nos hemos atrevido a levantarlo; que lo fiscalicen las Cortes".

Felipe González volvió a intervenir al final de la sesión cuando José María Ruiz Gallardón le preguntó si se ratificaba en las declaraciones del pasado 8 de febrero sobre sus deseos de conocer cuál sería la actitud de la oposición si llegara al Gobierno, sobre la evasión de capitales. El presidente recordó que la oposición considera de mayor gravedad un delito cometido contra la propiedad individual que contra el Estado y aventuró que la oposición, si gobernara, modificaría el Código Penal para hacer más benignas las penas por el tráfico de capitales.

Morán respondió a Santiago Carrillo sobre la evasión de capitales, en la que distinguió el colectivo funcionarial del servicio exterior de los casos aislados de presuntos implicados, que compartía la preocupación por ese hecho de insolidaridad. Gregorio López Raimundo, también comunista, pidió información al Gobierno sobre la evasión de capitales a Suiza.

Fernando Ledesma relató que en el mes de septiembre del pasado año la brigada de investigación de delitos monetarios tuvo sospechas sobre infracciones al régimen legal de cambios y que tras registros realizados en un despacho y dos viviendas personales llegó a la conclusión de que se había producido la evasión. Tras el hallazgo de documentación significativa el pasado 4 de febrero, la citada brigada pasó el atestado al día siguiente al juzgado número 3.