Las principales irregularidades detectadas por el Gobierno no figuran en las auditorías remitidas al Congreso

ANABEL DIEZEl Gobierno remitió ayer al Congreso de los diputados 320 auditorías realizadas por la Intervención General del Estado. Algunas han sido remitidas al fiscal general del Estado por considerar el Ejecutivo que contienen indicios de responsalididad penal. La responsabilidad administrativa deducida de otras ha sido corregida por el Gobierno mediante "recomendaciones", según el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero. No obstante, buena parte de las irregularidades detectadas y puestas en conocimiento, de la fiscalía no están contenidas en las auditorías, sino en expedientes adininistrativos.

Las auditorías que se han enviado a la Fiscalía General del Estado "no son muchas", manifestaron fuentes de toda solvencia, quienes sólo mencionaron las referidas a la Federación Española de Fútbol, Aeropuertos Nacionales y Centro de Desarrollo Tecnólogico e Industrial (CEDETI).No obstante reina cierta confusión sobre el envío de estas auditorías a la Fiscalía, ya que a última hora de ayer desde la misma se aseguraba que no había sido recibida ninguna de las relacionadas por el Gobierno, cuando concretamente éstas tres citadas hace ya tiempo que son objeto de estudio por la Fiscalía.

La ausencia en esa relación de una auditoría sobre el Fondo de Garantías de Depósitos, sorprendió en medios económicos. Fue justificada por las mismas fuentes con la respuesta de que la investigación de ese organismo ha podido llegar a la Fiscalía por otro conducto.

Las 80 "auditorías de infarto" que mencionó el presidente del Gobierno, Felipe González, según los medios de Presidencia consultados, no están todas incursas en la relación enviada a la comisión de investigación de partidos políticos y organismos públicos del Congreso, sino que provienen de expedientes administrativos- "algunos muy importantes- y de los llamados Juicios de Cuentas que, a iniciativa del Gobierno, están en el Tribunal de Cuentas.

De estos últimos el Gobierno actual ha enviado 20 expedientes. Los hechos a los que se refieren las auditorías realizadas están comprendidos en un período que abarca desde 1979 hasta 1983, si bien muchas de ellas fueron cerradas en el año 1984.

Auditorías en carretilla

En medio de gran expectación, el Secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, llegaba al mediodía de ayer al Congreso de los Diputados para entregar a su presidente, Gregorio Peces Barba, las 320 auditorías que el titular de la Cámara remitirá a la Comisión de Investigación de la financiación de los partidos políticos, empresas, organismos públicos y "similares", creada por acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados, celebrado el 14 de noviembre de 1984.

Una carretilla fue necesaria para transportar al interior de la Cámara los seis gruesos paquetes que contenían las auditorías. El Secretario de Estado al ver aproximarse a los periodistas se adelantó a las preguntas afirmando, que "el Gobierno ha cumplido su responsabilidad política".

Tras afirmar que algunas de las auditorías enviadas al Congreso están en manos del Fiscal, se le preguntó sobre las que eran susceptibles de provocar infartos de miocardio, a lo que respondió con un "hay algunas de infarto político".

Los criterios que ha seguido el Gobierno para decidir el envío a la Fiscalía de algunas auditorías giran en torno a tres supuestos: la existencia de cuentas bancarias a nombre de particulares sin estar autorizadas por la Dirección General del Tesoro; contabilidades poco ortodoxas que imposibilitan el propio control contable, y el cobro de cantidades por tasas no reguladas legalmente.

El envío de estas auditorías a la comisión investigadora del Congreso, es considerado por el Gobierno como normal. La comisión puede requerir del Ejecutivo cuantas auditorías hayan sido realizadas en empresas y organismos públicos, prerrogativa a la que el ejecutivo "ha querido adelantarse",según manifestó Virgilio Zapatero,siempre en el án.imo de ayudar a la comisión y por si le fuera de utilidad".

Sin calendarios

Leopoldo Torres, vicepresidente del Congreso y presidente de esta comisión, afirmó ayer que aún no se había establecido un calendario para el estudio de esta voluminosa documentación.

Algunas de ellas requerirán un estudio detallado y otras serán remitidas al Tribunal de Cuentas, "por no disponer la Cámara de todos los servicios técnicos precisos para un estudio en profundidad",añadió Torres.

La comisión de investigación de los partidos políticos, antes de que pueda comenzar este estudio, tiene el compromiso de finalizar el dictamen del caso Flick, que será previsiblemente presentado en el pleno del próximo día 19, fijar las lineas generales de lo que será la ley de financiación de los partidos políticos y el exámen de las denuncias por posibles corrupciones en ayuntamientos en relación con contratas de basuras. Y toda esta actividad deberá realizarla antes de los próximos seis meses.