El palmetazo de Reagan

LA RECIENTE decisión del presidente Ronald Reagan de atribuir al Pentágono (administración militar) la facultad de autorizar o prohibir todas las transferencias de tecnología de doble uso (civil y militar) destinadas a España ha puesto en evidencia la limitada soberanía de las políticas nacionales en el mundo actual y el precario equilibrio de nuestra política exterior.El futuro industrial de España depende de nuestro acceso a la utilización y a la producción de las nuevas tecnologías electrónicas e informáticas. La llave de éstas la tiene casi exclusivamente, por no decir en solitario, Estados Unidos. A ello hay que unir la falta de neutralidad de esas tecnologías: un subgrupo de ordenador, un microprocesador o un chip de sofisticado diseño, son componentes indispensables e intercambiables (ambivalentes) para cualquier producto avanzado para usos civiles o militares (satélites, ordenadores, transmisores, propulsores, etcétera).

Esa hegemonía mundial de Estados Unidos en tecnologías cuyo desarrollo se encuentra a gran distancia de los que posee en la actualidad la Unión Soviética, explica el celo de la Administración Reagan para evitar filtraciones de estos componentes, a través de terceros países (entre ellos España), hacia el bloque socialista. Pero, como consecuencia de la decisión, la Compañía Teléfonica Nacional de España puede verse obligada a rechazar la venta a la Unión Soviética de una importante partida de sistemas de telefonía, pese a la aparente inocuidad del producto, porque contienen entre sus componentes un microprocesador made in USA susceptible de ser aplicado a productos bélicos.

No parece casual que las limitaciones impuestas en este terreno por Reagan a España y otros 14 países se hayan producido en vísperas de la reanudación en Ginebra de las conversaciones de desarme. En este marco de confrontación entre bloques, Washington no, permite ambigüedades en el terreno de la tecnología de doble uso. Las declaraciones del presidente del Gobierno español sobre la conveniencia de permanecer dentro de la OTAN, sin aumentar la integración en la estructura militar, no son garantía suficiente para la Casa Blanca. Desde hace año y medio EE UU presiona a las autoridades españolas para que nos integremos, como los demás países de la OTAN, en el Comité de Coordinación de Exportaciones (COCOM). Este organismo internacional, con sede en París, controla las transferencias tecnológicas de los países occidentales a los países del Este.

El Gobierno español respondió a Estados Unidos en su día que, "por el momento, España no puede adherirse al COCOM por razones políticas". Washington propuso entonces que España firmase un tratado bilateral sobre control de tecnología de doble uso, e incluso remitió un borrador de acuerdo al Gobierno español. El último Consejo de Ministros del mes de octubre estudió este tema, al que se está dando largas. En un documento reservado de Asuntos Exteriores se dice textualmente: "Analizada la pretensión norteamericana, por parte española se decidió en un primer momento no iniciar negociaciones, en razón a los muchos obstáculos e inconvenientes de todo tipo que existen para llevar a cabo tal acuerdo o entendimiento. En efecto, no sólo existen problemas políticos (introducción de una nueva discriminación frente a países del Este con los que se tienen firmados acuerdos de cooperación económica e industrial, posible consideración por la opinión pública de un acuerdo con EE UU sobre esta materia como un paso del Gobierno hacia una integración militar en la OTAN ... ), sino económicos (dificultades e imposibilidad legal para aceptar la extraterritorialidad de la legislación norteamericana en esta materia) y, por último, incluso administrativos (inexistencia de instrumentos legales en España para controlar sistemáticamente estas exportaciones, y dificultades financieras y humanas para la inspección solicitada por Estados Unidos)".

En este contexto, se han producido dos graves filtraciones de componentes electrónicos y ordenadores hacia países del Este por parte de dos empresas españolas (Piher y Suin), y se frustró en el último momento una operación similar concertada por Secoinsa. Los industriales españoles del sector reconocen que hay una serie de empresas de importación y exportación, que aparecen hoy y se disuelven a los tres meses, que importan componentes de Estados Unidos y los reexportan, a través de terceros países, hacía el bloque socialista. De ahí que los industriales españoles, cuyo futuro depende de las transferencias tecnológicas que otorgue Estados Unidos, sean decididos partidarios de la integración en el COCOM. Indican, incluso, que operaciones tan importantes como la instalación de AT&T en España, o el futuro industrial de IBM o ITT en nuestro país, pueden ser vetados por la Administración Reagan, y desbaratarse, si persiste la táctica dilatoria del Gobierno sobre ese tema.

El problema es complejo y deben evaluarse con rigor las razones que existen a favor y en contra de nuestra adhesión al COCOM. Lo grave es que se haya hurtado este debate a la opinión pública, hasta ahora, y que desde hace año y medio se esté respondiendo con ambigüedad -escondiendo como el avestruz la cabeza debajo del ala- a las claras propuestas de Norteamérica. Esta política, como ha puesto de manifiesto la última decisión de Reagan, no nos libra de las represalias norteamericanas.