El enfrentamiento entre Lluch y Boyer divide al Gobierno sobre la ley de Sanidad

El proyecto de ley de bases de la Sanidad Nacional divide las opiniones del Gobierno. Las diferencias tienen dos polos, representados por los ministros de Sanidad, Ernest Lluch, y de Economía, Miguel Boyer. Pese al ya elevado consenso sobre el coste (casi 170.000 millones de pesetas de 1984 cuando esté en pleno vigor), persisten las discrepancias sobre cómo financiarlo. El debate, aunque permita la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros de hoy, demorará su entrada en vigor, según las fuentes consultadas.

El anteproyecto ha sido discutido varias veces por el Gobierno, que no ha podido de momento resolver las discrepancias en su seno, según han informado fuentes gubernamentales, de la Administración y del PSOE. En las últimas semanas se pretendía que el texto estuviera aprobado cuando se inicie el 30º Congreso del PSOE (empieza mañana), y en última instancia por el Consejo de Ministros de ese mismo día. Pero el nivel de discusión registrado en la pasada reunión del Ejecutivo hace dudar que hoy reciba un respaldo mayoritario o de que no se condicione a posteriores acuerdos para concretar los aspectos más polémicos del texto.Tras las consultas y negociaciones realizadas durante varios meses con las organizaciones profesionales del sector y los sindicatos, el contenido actual del proyecto se aproxima bastante a los criterios expresados inicialmente por UGT. En medida similar, se aleja de las pretensiones de algunos estamentos profesionales, sobre todo de los médicos.

Aunque pueda haber diferentes posturas sobre el calendario de acomodación, nadie se opone a uno de los principales factores de gasto del proyecto: extender el servicio sanitario al conjunto de la población (ahora está cubierto cerca de un 94%). Una mitad de los que faltan (profesionales liberales y artistas, fundamentalmente) no acudiría en la práctica a la sanidad pública y elevaría poco el gasto. La otra mitad, por el contrario (gitanos y otras minorias marginadas, emigrantes retornados, etcétera), sí engrosaría los costes.

Dos modelos

Sin embargo, el cómo financiar éstos y otros costes adicionales (las libertades de elección y los nuevos servicios, entre ellos la odontología y la psiquiatría) se ha convertido en uno de los problemas más espinosos. El monto de los gastos adicionales dependerá del calendario de aplicación de la ley, y actualmente parece haberse encontrado una convergencia en fijar de plazo entre 5 y 10 años.Si bien la ley no lo concreta, los autores de la reforma de la Seguridad Social trabajan con la idea de que al final de este período el Estado deberá sufragar todos los gastos: los más de 900.000 millones de pesetas que destina la Seguridad Social al Instituto Nacional de la Salud (que cubre cerca del 90% de la sanidad pública española), los de ayuntamientos y diputaciones, y los nuevos costes adicionales de cada año (cifrados entre 150.000 y 170.000 millones de pesetas de 1984) derivados de la ley.

Hay aproximaciones en el objetivo de cargar directamente la asunción por el Estado de todos los gastos sanitarios a los recursos fiscales. La oportunidad se presenta con la próxima implantación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que elevará la recaudación del Estado.

Para sufragar los costes adicionales, la posición expresada desde el Ministerio de Economía y Hacienda, con apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, intenta que los nuevos costes sean sufragados por la implantación de tasas (impuesto cuyo pago se hace en el momento de recibir un servicio).

El otro polo, en el que hacen causa común con el titular de Sanidad y Consumo mininistros como el de Asuntos Exteriores, prefiere que todos los costes sean soportados directamente por el Estado; su modelo para la sanidad española es el de un servicio nacional de salud, similar al existente en Gran Bretaña, Italia, Dinamarca y Grecia.

En cambio, la primera posición propugna los modelos francés y alemán, consistentes en el pago por acto médico. Es la idea de cobrar un boleto moderador -aunque no el que pedía el doctor Ramiro Rivera, director de la Organización Médica Colegial, para conseguir total libertad de elección de médico-, concebido como tasa o ingreso directo de la Sanidad, por la prestación de ciertos servicios médicos complementarios a los actuales, como serían la odontología, la psiquiatria, la drogadicción y la ampliación de libertades en la elección de médico y hospital. Los defensores de esta línea piensan que la Sanidad podría aumentar sus ingresos propios, por ejemplo, con la aplicación y venta de prótesis dentarias (hoy sólo atiende extracciones), gafas y otros elementos. Aunque sus modelos difieren en el alcance de los servicios y en la financiación, las dos posiciones aceptan en su actual redacción la a mpliación de libertades. En síntesis, el proyecto prevé que, en la asistencia primaria, el paciente podrá elegir médico dentro de su respectivo área de salud.

Una vez diagnosticado, si el médico le aconseja pasar al especialista, el paciente podrá elegir el servicio sanitario que desee (no el médico, aunque en algunos casos no habrá mas que uno al frente del servicio) dentro de los existentes en su respectiva área de salud. Para ello, se dará también entrada a conciertos limitados con clínicas privadas.