El Pleno del Congreso aprueba los presupuestos de Sanidad, Seguridad Social y RTVE

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer los presupuestos de Sanidad, Seguridad Social y del ente público Radio Televisión Española (RTVE) para 1985, sin introducir cambio alguno sobre las previsiones del Gobierno. Los 11 billones de pesetas a que ascenderá el gasto del Estado y de sus organismos autónomos pasarán ahora al Senado, donde los socialistas esperan hacer retoques a las cuentas de RTVE y a la reforma de pensiones para los funcionarios.Durante las dos semanas de debate de la Cámara Baja, el reparto del dinero público ha variado en menos de mil millones de pesetas, siempre por iniciativa del grupo que apoya al Ejecutivo. La oposición presentaba un millar de enmiendas y sólo ha visto aceptadas media docena.

El Grupo Popular acaparó ayer, con sus peticiones de devolución al Gobierno, cerca de las dos terceras partes del debate e intentó exponer presupuestos alternativos, sobre todo en Seguridad Social y RTVE. Pero topó con el argumento de que sus iniciativas no cuadraban con el nuevo reparto sugerido.

Tras recordar que los socialistas coincidían antes con la actual oposición conservadora en integrar todo lo sanitario bajo un ministerio, el popular Carlos Ruiz Soto dijo que el único cambio ha consistido en situar afiliados del PSOE en las direcciones de los hospitales. Frente a los 58.000 millones de pesetas para el Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Salud manejará casi un billón de pesetas procedentes de la Seguridad Social. El diputado, médico de profesión, afirmó que dirigen Sanidad tres economistas y "lo lógico" sería que pusieran al frente a alguien de la clase sanitaria.

Ruiz Soto dijo que estos economistas, como no han comprendido que "la salud no tiene precio", pretenden ahorrar a costa de masificar la asistencia, congelar las plazas de médicos y provocar el cierre de clínicas privadas, "en defensa de una sanidad pública que nada tiene que ver con la medicina en libertad, mientras algunos ministros socialistas llevan a sus mujeres a dar a luz en clínicas privadas".

Por el grupo que apoya al Gobierno le contestó Fernando Gimeno Marín que el personal sanitario no sólo lo constituyen los médicos y que el Grupo Popular parece "un sindicato de médicos, de lo más conservador y de derechas que pueda existir".

Calificó de "radicalmente falso" lo de los nombramientos y defendió la actual política de racionalización, humanización y optimización de los recursos. A su juicio, la oposición conservadora propugna subir el gasto general un 11 % para colocar a 5.000 profesionales más, pero "luego vienen aquí y se oponen a la ley de Incompatibilidades".

Críticas a gastos burocráticos

En el debate de Seguridad Social, cuyo presupuesto se elevará a 3,52 billones de pesetas, el centrista José Miguel Bravo de Laguna criticó que los gastos burocráticos crezcan un 20%. El nacionalista catalán Joaquín Xicoy dijo que la política de pensiones atenta a la seguridad jurídica.

El diputado popular José Ramón Lasuén consideró el presupuesto "continuista, mal financiado y mal gastado". Indicó que éste absorbe buena parte del ahorro nacional y restringe la competitividad de las empresas, lo que, a su juicio, son causas del paro.

El socialista Alejandro Cercas, replicó a Bravo de Laguna que reducir los gastos de administración significaría no poder ahorrar los 132.000 millones previstos en mejora de gestión y lucha contra el fraude.

Por último, en el debate sobre RTVE, el Grupo Popular ofreció su colaboración para ahorrar 9.000 millones de pesetas (Radiocadena sería privatizada, la onda corta de radio y los informativos se integrarían en TVE y las otras radios en Exteriores y Cultura) y aplicarlos a completar en tres años la extensión del UHF, que tendría cinco canales, dos públicos, uno de las comunidades autónomas, y otros dos privados que combinarían el carácter local y el ámbito nacional.

Josep López de Lerma, por Minoría catalana, se quejó de la discrecionalidad de esta partida del presupuesto y el centrista Bravo de Laguna pidió el llevar 4.000 millones de gastos de explotación a inversiones. La diputada socialista Ana Balletbó rechazó estas iniciativas.