Ya lo habían advertido

Las comisiones de expertos en autonomías que presidió el catedrático Eduardo García de Enterría suscribieron recomendaciones que la realidad se ha encargado de echar por tierra, la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) entre ellas. No obstante, los denostados expertos también elaboraron propuestas que habrían evitado ahora buenos quebraderos de cabeza si los patrocinadores de los informes (el Gobierno de UCD y el PSOE) hubiesen cumplido lo que firmaron con toda solemnidad entre los flashes de los fotógrafos.Uno de los puntos de los acuerdos autonómicos de 1981 se centraba en los recargos que pueden establecer las comunidades autónomas sobre impuestos estatales.

Efectivamente, los expertos en financiación autonómica -Jaime Trebolle, Francisco Fernández Marugán, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y José Víctor Sevilla- recogían en su estudio, entregado en junio de 1981, lo siguiente: "En cuanto a los recargos, se plantea el problema de regular si son deducibles de los impuestos del Estado. Partiendo del hecho de que pretenden conseguir mayor dotación de bienes públicos y de que la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) establece que su exacción no debe suponer una minoración de los ingresos del Estado, parece recomendable que se dicten las normas oportunas para que no se autoricen las deducciones de las cuotas satisfechas a través de los recargos en los impuestos del Estado". En consecuencia con esta afirmación contenida en aquel informe de 145 páginas, UCD y PSOE acordaron presentar, antes de que terminase enero de 1982, las "reformas legislativas" necesarias para evitar ese problema. Tales reformas nunca se han producido. Y por tanto no se evitó el problema.

Un artículo del proyecto madrileño establecía que el recargo no podría minorar la recaudación estatal. Esto fue criticado en sendos informes por la Oficina de Coordinación Legislativa del PSOE y la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, del Ministerio de Hacienda. Ambos organismos dudaban de su constitucionalidad al entender que entraba en competencias estatales. El Gobierno de Madrid ha aceptado suprimirlo, pero aún queda la ley que regula el impuesto sobre la renta, según la cual (artículo 19.1) los recargos no estatales son deducibles (y por tanto en algún caso se violaría el principio general de la LOFCA, a no ser que ésta a su vez invalide en ese aspecto la ley del impuesto). Todo un lío que los expertos ya vaticinaron.

La Administración de UCD dio un primer paso, y elaboró un anteproyecto de ley reguladora de los recargos autonómicos. Ese texto -de haber sido alguna vez promulgado- habría establecido que los recargos no son deducibles, modificando con rango de ley estatal lo que otra ley homóloga -la del impuesto sobre la renta- había regulado en sentido contrario. Eso mismo es lo que quiso hacer el proyecto madrileño, pero la ley regional no puede modificar la legislación estatal.

El proyecto centrista sobre los recargos se quedó en los desvanes porque aquel borrador de Hacienda fue enviado al Consejo de Estado. Este organismo consultivo dictaminó que la ley debería ser, para tener validez, "armonizadora"; con ese rango, podría imponerse a la normativa de las comunidades autónomas, como señala la Constitución. Pues bien, la palabra "armonizadora" asustó a las autoridades centristas, porque fue escrita cuando permanecía vivo el debate sobre la LOAPA, un proyecto armonizador declarado posteriormente inconstitucional. En aquel momento -y hasta ahora parece ocurrir lo mismo- no se creyó oportuno abrir un nuevo debate con los grupos nacionalistas y desempolvar viejas discusiones sobre el reparto de competencias.

Todo ha propiciado la confusión, las idas y venidas, los arranques y frenazos sucesivos. Como en aquellas películas de doblaje equivocado, rancio y lejano -algo de eso tenían los informes autonómicos-, los expertos pueden decir ahora: "Ya se los advertí".