España, la CEE y las contabilidades nacionales: a propósito del Nobel de Economía

Las aportaciones cardinales de R. Stone giran en torno a la contabilidad nacional en cuanto que técnica básica del análisis económico, o, en palabras de la misma Real Academia de Ciencias de Suecia, por haber efectuado trabajos de una importancia fundamental para la elaboración de sistemas de contabilidades nacionales que permiten mejorar radicalmente las bases del análisis económico empírico".En los párrafos que siguen trataremos de comparar las contabilidades nacionales de los países de la CEE y la de España, para alcanzar así dos resultados: uno, poner en práctica las aportaciones de R. Stone, y dos, obtener un primer esbozo de los problemas que presenta la adhesión de España a la CEE.

El producto interior bruto es susceptible de descomponerse, por ejemplo, según sea su origen sectorial. Aquí aparecen ya las primeras diferencias entre España y la Comunidad Económica Europea (10). Mientras en España la agricultura aporta (1982) casi el 7% del total del PIB, en el conjunto de la CEE no alcanza el 4%, y en los principales países no alcanza el 3 %. Una manifestación perversa de esta situación se constata al comprobar que la agricultura emplea en España a más del 18% de la población activa total, mientras que en la CEE este porcentaje no alcanza el 8%, y en los principales países no llega al 5%. Una perspectiva temporal de esta situación viene a indicarnos cómo los valores tomados por estas variables en la España de 1982 son muy semejantes a los de la CEE (9) en 1958. Sobre esto volveremos más adelante. De aquí se desprenden ya consecuencias nefastas -bajo la perspectiva de Bruselas- sobre la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) a España, entre otras.

La estructura de costes

Otra descomposición posible del PIB es la que apunta hacia la "estructura de costes" de esa producción. Así, el PIB total podrá descomponerse en la remuneración de los asalariados, el consumo de capital fijo, el excedente neto de explotación y el saldo neto del Estado (impuestos menos subvenciones). La evolución de estas partidas va a iluminarnos uno de los aspectos claves de la actual crisis económica: la caída del excedente neto de explotación de las empresas, desde casi el 40% del total del PIB en 1964 hasta casi el 30% en 1982. Este 10% va a parar, casi exclusivamente, al capítulo de la remuneración de los asalariados. En efecto, esta partida pasa de absorber el 44% de todo el PIB en los primeros sesenta a alcanzar más del 54% en los primeros ochenta.

Un movimiento semejante, pero mucho más suave, se observa en la CEE (10), llegando a afectar solamente a un 6% del PIB. Esta situación, es obvio, afecta frontalmente las posibilidades de inversión y creación de empleo por el conjunto del sistema, traduciéndose en el incremento (asombroso) del número de parados.

Pero lo que va a sernos más útil para lograr el fin propuesto será la cuenta en donde se analiza el destino del PIB. De aquí queremos sacar tres conclusiones importantes y, hasta cierto punto, concatenadas con las anteriores. La primera de ellas es subrayar que, a pesar del intenso crecimiento económico habido en España en el período 1958-1982, su posición relativa frente a la CEE prácticamente no se ha modificado a lo largo del período, es decir, el PIB español por habitante significa un porcentaje ligeramente superior al 50% del comunitario desde 1958 a 1982.

En segundo lugar, las cifras ponen de manifiesto el reducido peso que tiene en España el consumo público (un 11,8% del PIB, porcentaje semejante al de la CEE en los primeros sesenta), volumen que no es más que un reflejo del reducido peso de las administraciones públicas (AA PP) españolas en relación a las de los países comunitarios. En efecto, los ingresos de las AA PP españolas en 1982 rondaban el 25% del PIB, porcentaje inferior al 33% de la CEE (10) en 1958 y al 46% en 1982. Por el lado de los gastos, éstos, para la España actual (30%), son muy inferiores a los de la CEE (10) actual: 5 1 %. Aunque hay diferencias internas importantes dentro del conglomerado CEE (10), en cualquier país comunitario la presencia del Estado respecto al PIB es sensiblemente superior que en España (Grecia e Irlanda incluidas, por supuesto).

El grado de apertura

El tercer factor a destacar es el grado de apertura de la economía española. En 1982 España exportaba e importaba un volumen de bienes y servicios semejante al del conjunto de la CEE (10) en 1958, esto es, sobre un 18% del PIB doméstico, muy inferior al casi 30% del conjunto de la CEE actual. En definitiva, aunque el esfuerzo de apertura al exterior ha sido grande, la economía española está tan abierta al exterior como la comunitaria en 1958. Así, esta gran cerrazón de la economía española sobre sí misma (elevados aranceles ahí incluidos) permite, al menos, calificar de ingenuas las esperanzas de reactivación económica interna aprovechando un ciclo al alza en el exterior.

El contexto de la crisis

La entrada de España en la CEE ocurrirá en un contexto de crisis global en el sistema económico, más profunda en el caso de España que en el de cualquier país de la CEE (10). Asimismo, significará, muy probablemente, un fuerte choque para el sistema productivo español en su conjunto, derivado del impacto de unas importaciones (y exportaciones) crecientes, en muchos casos sustitutivas de producciones nacionales. Tal será el caso, por ejemplo, de la ganadería de bovino y derivados, un segmento industrial que, parapetado tras los altos aranceles actuales, se ha orientado hacia el mercado interno, y, tal vez, de aquellas empresas que no puedan acomodarse a una política general de control a rajatabla de la inflación y del déficit exterior o, lo que es lo mismo, aquellas empresas exportadoras (o no) que han subsistido gracias a la ayuda del Estado o a una competitividad extrema basada en la manipulación a la baja de la tasa de cambio de la peseta.

Ahora bien, con qué instrumento podemos gestionar y controlar nosotros este impacto? En el caso español, este instrumento sólo puede ser un Estado que tiene poco peso en el conjunto económico y, por si fuera poco, se halla empeñado en la noble tarea de reducir su déficit fiscal.

En otras palabras, poco puede (y debe) esperar la economía española de la acción correctora de un Estado de estas dimensiones y en esta coyuntura.

La otra alternativa es casi obvia: tratar de aprovechar, en lo posible, los efectos negativos de la adhesión en los sectores donde aquéllos se presenten. De ahí el reto que la iniciativa privada tiene hoy por delante. El Estado tendrá que jugar, lamentablemente, un rol subsidiario.