Alfonsín descarta la posibilidad de un nuevo golpe de Estado en Argentina

El presidente del Gobierno argentino, el radical Raúl Alfonsín, asegurá que la crisis militar provocada por la renuncia en pleno de todos los miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no altera los planes del Gobierno de juzgar a los responsables de violaciones de los derechos humanos. En un encuentro informal con algunos periodistas, Alfonsín desestimó la posibilidad de un golpe de Estado pero no ocultó su temor a un atentado personal cuando comparó su situación con la de Ronald Reagan en EE UU, donde, dijo "no hay golpes sino homicidios".El presidente argentino aclaró, además, que el Gobierno no firmará el tratado con Chile sobre el Canal del Beagle, si la consulta popular del 25 de noviembre resulta mayoritariamente negativa.

Las renuncias de los ocho vocales y del presidente del Consejo Supremo, que se produjeron el miércoles, fueron elevadas directamente al presidente de la nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por intermedio del ministro de Defensa, Raúl Borrás. En sólo dos de ellas se aclaran en parte las causas.

Los militares fundamentan su decisión en la "insatisfacción" que les produjo la respuesta de Borrás a una queja que le presentaron hace 10 días, en relación con la falta de reacción del Gobierno frente a lo que valoran como una "campaña de desprestigio" desatada en contra de la Fuerzas Armadas. El ministro les recordó, como respuesta, que, "en un Estado de derecho, todos los ciudadanos tienen abiertos los caminos legales para defender su honor".

La grave crisis militar era esperada desde el momento en que el Gobierno decidió pasar a la justicia civil las causas contra las tres primeras juntas militares que gobernaron el país después del golpe de Estado de 1976. El Consejo Supremo se había declarado incompetente para dictar sentencia en el plazo de tiempo establecido.

La presión de los acusados y la solidaridad de los sectores militares comprometidos en la guerra sucia, que aún sigue activa, obligaron a los miembros del tribunal a abstenerse. El presidente de la nación dispone ahora, por ley, del tiempo necesario para iniciar contactos con los oficiales retirados que acepten reemplazar a los dimisionarios.