La falta de planificacion ha procoducido un grave desequilibrio en la red de hospitales públicos
Los hospitales de la red pública española se distribuyen entre el Insalud central, los autonómicos, en el caso de las comunidades que ya han recibido las transferencias de la Seguridad Social (Andalucía y Cataluña), las corporaciones locales (cabildos insulares, diputaciones provinciales y ayuntamientos), la Administración Institucional de la Sanidad Nacional (Aisna), las universidades (hospitales clínicos) y el Ministerio de Defensa (hospitales militares).Esta multiplicidad de dependencias han impedido la correcta distribución de la red hospitalaria en función de necesidades objetivas. El resultado es una situación caótica que, según fuentes de la Administración, se ha traducido en la duplicidad de funciones entre hospitales pertenecientes a distintas entidades jurídicas, así como en un crecimiento inadecuado, por falta de planificación, ya que para la construcción de centros sanitarios se han seguido criterios completamente ajenos a las necesidades reales.
De ahí deriva el gran desequilibrio interautonómico actual que existe en dotación hospitalaria, con ejemplos como el de las islas Canarias, donde el número de camas por habitante no alcanza el mínimo exigible. Un desequilibrio que se agudiza si se comparan las zonas rurales y urbanas, con una fuerte, tendencia a la concentración de hospitales en estas últimas, mientras que las primeras están prácticamente desprotegidas.
Demasiados entes jurídicos
Actualmente, la red de hospitales públicos españoles se disgrega entre varios entes jurídicos que ostentan la propiedad patrimonial, según datos facilitados por el Insalud y el Ministerio de Sanidad. El más importante es el Insalud, que cuenta con 135 centros que tienen capacidad para 46.598 camas, a lo que hay que añadir los 31 hospitales transferidos por este organismo a Cataluña y Andalucía, que totalizan 19.357 camas. Todos ellos pertenecen a la Seguridad Social y atienden únicamente a sus beneficiarios, aunque se reserva hasta un 5% de su capacidad para. enfermos privados.
Los centros hospitalarios pertenecientes a. las corporaciones locales alcanzan la nada desdeñable cifra de 63, aunque su tamaño es muy variable. En total suman 44.338 camas. Los entes jurídicos de los que dependen son cabildos insulares, ayuntamientos y diputaciones. Los hospitales provinciales, dependientes de esta últimas, tienen una financiación variable.
Los generales -que son mayoría- tienen. conciertos con la Seguridad Social (convenios para atender a los beneficiarios del seguro público, cobrando por cama y día) que les aportan gran parte de los ingresos, junto a los presupuestos que dedican a este fin las propias diputaciones. Éstas financian por completo los hospitales provinciales psiquiátricos y los dedicados a otras especialidades de manera monográfica. Además de los citados enfermos de la Seguridad Social, los hospitales provinciales canalizan pacientes de beneficencia y funcionarios de laAdministración local.
Los ayuntamientos suelen tener hospitales muy pequeños que financian ellos mismos, ya que sólo muy e xcepcionalmente existen conciertos. En todos los ca,sos reseñados las corporaciones locales administran sus establecimientos sanitarios. Algo similar ocurre eón los hospitales militares, cuyo patrimonio. pertenece al Ministerio de Defensa, que es quien los administra, y a cargo de cuyo presupuesta se financian. Acumulan 10.000 camas dedicadas exclusivamente a personal de defensa.
Mención aparte merecen los 66 hospitales de la Aisna y los 13 hospitales clínicos dependientes de diferentes universidades, ya que en ambos casos está previsto que pasen a formar parte de la red asistencial del Insalud. Las 10.000 camas de la Aisna, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, están administradas por el Insalud y su financiación corre a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social. Todavía no se conoce la fecha en que se integrará a este organismo, y en la actualidad se estudian las fórmulas para llevarlo a cabo.
La titularidad de los hospitales clínicos la ostentan las universida des a las que están adscritos. Ade más de los enfermos privados, tienen acceso a las 10.000 camas de estos centros los beneficiarios de la Seguridad Social, en unos casos por medio de conciertos y en otros porque es el propio Insalud quien los administra y financia con cargo a sus presupuestos. Es el caso del Hospital Clínico de San Carlos, de Madrid, al que el Insalud aporta el 99% de sus ingresos. La ley de Presupuestos del Estado para 1.985 prevé la incorporación de los hospitales clínicos a la red sanitaria pública, que conservaría la propiedad del suelo, del material docente y de investigación.
Perspectivas ante la ley de Sanidad
En el marco de la futura ley general de Sanidad, que próximamente pasará a Conse o de Ministros, está prevista la creación de un nuevo sistema de salud que contará con un organismo concreto, el Servicio Nacional de Salud, encargado de coordinar y sentar las bases de planificación en el futuro, a través de un Consejo Interterritorial de Salud. El nuevo sistema de salud se concibe como un conjunto integrado por las comunidades autónomas (desaparece el Insalud al ser transferidos los hospitales a las autonomías), "con todas las funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud", según el anteproyecto.
Una de las misiones del futuro Servicio Nacional de Salud es "integrar todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único". Para llevarla a cabo hará falta tiempo y una serie de decretos que desarrollen la ley básica de Sanidad. Ese dispositivo único tendrá vanos grados de integración. Por ahora sólo está prevista la incorporación a la red de la Seguridad Social de los hospitales de la,Aisna y clínicos, pero en paralelo al .desarrollo de la ley de Sanidad, los hospitales dependientes de corporaciones locales entrarán también en ese dispositivo único, al menos en lo referente a la coordinación, según fuentes cercanas a la Dirección General de Planificación Hospitalaria.
La administración de los hospitales públicos pasará a las autonomías, y la Administración central se reservará la normativa básica o de mínimos, es decir, la capacidad de establecer los requisitós mínimos indispensables para que un establecimiento sanitario sea llamado hospital, por ejemplo, además de algunos centros especializados muy específicos, como el Centro de Virología de Majadahonda, en Madrid.
Hospitales especiales
Un caso sin resolver es el del centro Ramón y Cajal, cuya transferencia no parece aconsejable a la autonomía madrileña, al tratarse de un centro con servicios superespecializados al que acuden enfermos de toda la geografía española, pero que tendrán que financiar con sus presupuestos. Sin embargo, la Administración intentará que se transfiera, buscando para ello fórmulas aceptables de financiación.
Otro caso especial lo constituye un centro perteneciente a una institución benéfica, el hospital de la Cruz Roja de Madrid, administrado y financiado por la Seguridad Social y que también formará parte en el futuro del dispositivo único previsto por la ley de Sanidad. En los planes de coordinación de la asistencia entrarán también los hospitales privados con los que el Insalud tiene conciertos y que "viven y mueren de la Seguridad Social", en palabras de un funcionario del Ministerio de Sanidad que aludía a las continuas quejas por los precios establecidos para los conciertos.
En cuanto a la beneficencia, uno de los fines recogidos actualmente en algunas instituciones hospitalarias públicas y privadas, perderá su razón de ser a medida que se desarrolle el principio de la ley general de Sanidad'que proclama el derecho a la salud de todos los ciudadanos españoles, aunque todavía pasará algún tiempo desde que se apruebe la ley hasta que esa máxima se haga realidad, una vez que se hayan promulgado los decretos necesarios y solucionado los problemas técnicos. A partir de ese momento, los pobres sanitarios dejarán de existir.
