Reflexiones económicas a mitad de la legislatura

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 1985 -los terceros presupuestos que confecciona el actual Gobierno- y la reciente firma del Acuerdo Económico y Social para los dos próximos han coincidido con la mitad de la legislatura. El autor de este artículo parte de los balances del Gobierno para valorar lo conseguido en la primera parte y sondear las posibilidades de la segunda, al final de la cual cree posible que se empiece a generar empleo.

Aprovechando la ocasión, el máximo responsable de la política económica española -el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer- ha efectuado una serie de manifestaciones públicas -entrevistas, artículos de prensa, etcétera- en las que, tras pasar revista a lo conseguido en este primer bienio, anuncia un cambio en la política económica, en el sentido de que lo peor del ajuste ya ha pasado y que ahora ya se puede pensar en una cierta expansión, bien que controlada y sin bajar la guardia ante: la posibilidad de que se volviera a agravar cualquiera de nuestros desequilibrios básicos.La reducción de nuestra tasa de inflación en cinco puntos -del 14% en 1982 al 9% que se anuncia para este otoño- es unánimemente presentada como el mayor logro de este Gobierno en materia económica, seguida a corta distancia por el espectacular cambio de signo de nuestras cuentas exteriores, iniciado a mediados del año pasado y que, por el momento, no da señales de extinción. Ciertamente, no son indicadores económicos que puedan desdeñarse, ya que constituyen, cada uno en su género, dos de las piedras angulares sobre las que debe apoyarse un crecimiento saneado de nuestra economía.

Se ha de admitir, sin embargo, que en la reducción de la inflación ha tenido un peso decisivo -junto a la innegable moderación salarial pactada entre empresarios y trabajadores- la política monetaria más restrictiva que ha visto aplicar nunca este país. Es puramente académico discutir ahora si la empresa privada ha podido disponer o no de suficiente crédito a lo largo de estos difíciles meses; el caso es que los costes financieros se han llevado por delante a multitud de empresas en los últimos tiempos. Yo tampoco soy de los que creen que una reducción de un par de puntos en el coste del dinero condiciona la decisión de inversión, pero es evidente que la empresa española todavía no ha llegado a los niveles de autofinanciación de sus homónimas europeas, por lo que sigue siendo extraordinariamente vulnerable en este frente.

La eclosión de nuestras cuentas exteriores, que arranca de la devaluación de la peseta de diciembre de 1982, aunque no comience a sentirse hasta la segunda mitad de 1983, tiene, a mi juicio, tres razones fundamentales: la evolución del cambio de la peseta respecto al dólar, la gran adaptabilidad de los exportadores españoles ante los cambios en los mercados internacionales, y las medidas de estímulo y desburocratización de nuestro comercio exterior emprendidas desde la Secretaría de Estado de Comercio y el Instituto Nacional de Fomento a la Exportación (INFE). Ha sido, probablemente, la mejor muestra de lo que puede ser una adecuada colaboración entre el sector público y el sector privado, asumiendo cada parte su responsabilidad.

Por supuesto, el mayor borrón del Gobierno ha sido la nula creación de empleo en este período. Un borrón, dicho sea de paso, creado por las propias autoridades, al fomentar una serie de expectativas que no se correspondían con la realidad y que, desde luego, son incompatibles -en este y en cualquier país- con la política de ajuste que ha constituido en estos meses el primer objetivo del Gobierno en materia económica. Ahora se espera que el consumo y la inversión tiren de la economía, una vez concluida la fase más difícil del ajuste.

En cualquier caso, me parece poco realista esperar que la inversión privada, tras ser negativa en 1983 y haberse probablemente estancado en 1984, crezca nada menos que un 5,5% en 1985, única forma en que se produciría una sustancial creación de empleo. Me parece más lógico prever, si el Gobierno mantiene sus compromisos de reformar la Seguridad Social y flexibilizar el mercado de trabajo, que comience a crearse empleo a lo largo de 1986, lo que permitiría al Gobierno -de cara a las próximas elecciones generales- mantener que el error de los 800.000 puestos de trabajo fue de timing y no de concepto.

En cualquier caso, el Gobierno tiene ante sí una serie de retos en los que se ha avanzado muy poco a lo largo de los dos últimos años. No se ha conseguido invertir la tendencia de los aumentos anuales del. déficit público como porcentaje del Producto Interior Bruto, y, además, como las propias autoridades monetarias han reconocido, la financiación del déficit ha seguido produciendo dificultades crecientes en la aplicación de la política monetaria, con las elevaciones de coeficientes de las entidades financieras como prueba más evidente de dichas tensiones.

Pocos progresos

Tampoco en los frentes de la reconversión industrial o de reforma de la Seguridad Social se han registrado progresos evidentes, aunque en el primero, como mínimo, da la sensación de que se ha alcanzado ya el punto de no retomo, al menos teóricamente. Ciertamente, el enorme esfuerzo político que costó el cierre de la cabecera de Sagunto y la sensación permanente de que todo esto en este campo era negociable no contribuyeron a reforzar la solidez de la política industrial del Gobierno.Por otra parte, la empresa pública española sigue envuelta en su tradicional caos, como el reciente relevo al frente del Instituto Nacional de Industria viene a confirmar, aunque en los lanzamientos de los contratos-programa -con especial mención al de Renfe- quepa albergar alguna esperanza. No se olvide que, como recordó recientemente el propio ministro Boyer, Renfe pierde más que todo el INI junto.

Otro problema, de índole estructural e institucional, ha venido a añadirse a las preocupaciones económicas del país. El sistema de financiación de las comunidades autónomas -y hay que decirlo sin rodeos ni paños calientes- no funciona y hay que diseñar, a la mayor brevedad, un sistema alternativo. La tarea es de tal dimensión que sólo puede realizarse con ciertas garantías de éxito si va acompañada por una reforma en profundidad de toda la Administración pública.

Los tímidos intentos realizados en este sentido parecen adolecer de una visión global de¡ problema, y las resistencias corporativistas y de toda índole que están encontrando no por previsibles suponen una excusa para la inacción.

Naturalmente, estas pinceladas no pueden agotar la gran complejidad de una economía con enormes vicios adquiridos que camina hacia la sociedad posindustrial con el importante reto de su inclusión plena en Europa a la vuelta de la esquina.

Más allá de los clichés -socialismo de rostro monetario, socialdemocracia avanzada, etcétera- el país necesita descubrir y desarrollar sus potencialidades en un mundo cada vez más interdependiente, en el que un intento de salida de la crisis a la española constituiría un ejercicio tan romántico como inútil.

No deja de ser sintomático que el primer gobernador del Banco de España nombrado por el Gobierno socialista señalara recientemente en Washington, con motivo de la asamblea conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que España -y toda Europa- debía hacer un examen de cómo Norteamérica estaba solucionando el problema de desempleo.

José M. Figueras es presidente del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de España.