Críticas a la Generalitat por sus subvenciones a escuelas privadas

El Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya incluirá partidas presupuestarias específicas en el año 1985, además de otras ayudas materiales y pedagógicas, para aquellas escuelas privadas que sean consideradas Centros Escolares de Interés Público (CEDIP). Así se dispone en un decreto publicado el pasado día 3 de octubre en el Diari Oficial de la Generalitat (DOG), que ha sido fuertemente criticado por las fuerzas políticas de izquierda, los sindicatos de enseñanza y otros sectores educativos.La secretaria general técnica del Departamento, Maria Eugenia Cuenca, afirma que la norma se inscribe en el espíritu de la, LODE, afectando a aquellas escuelas que se acogerían a los conciertos en ella previstos.

Mutuos compromisos

El decreto establece que una escuela podrá ser clasificados como CEDIP por la Consejería de Enseñanza cuando su titular firme un convenio que regule "los mutuos compromisos". El centro debe tener solar y edificio que garanticen al menos por 10 años de prestación escolar, sus instalaciones deberán estar abiertas a la promoción educativa y cultural de la zona, no tendrán que tener ánimo de lucro, y deberán atenerse a las normas pedagógicas de la Generalitat (incluyendo número de alumnos por clase).El Departamento de Enseñanza incluirá en los presupuestos de la Generalitat ayudas para estos centros, que podrán recibir material escolar y didáctico, y beneficiarse de las actividades de perfeccionamiento del profesorado que aquél programe. Se autoriza a los CEDIP a cobrar cuotas complementarias "cuando la financiación pública no cubra todos los gastos necesarios para garantizar la gratuidad".

El decreto ahora publicado reproduce casi textualmente un documento interno del Secretariado de la Escuela Cristiana, y fue ya motivo de polémica en la pasada primavera cuando se anunció su redacción en plena campaña electoral catalana.

Jordi Menéndez, delegado de política educativa del PSC, ha manifestado la "absoluta indignación" de su partido por esta medida, "tomada por una administración educativa que no es capaz de erradicar las aulas prefabricadas", y que crea una nueva categoría escolar "sin pasar por el Parlament, despreciando sistemáticamente a esta institución".