Condecoraciones

RESULTA DIFÍCIL imaginar que la sensibilidad y la dignidad política de muchos altos cargos del Gobierno de Felipe González, cuya trayectoria democrática y arraigados compromisos con la defensa de los derechos humanos les valieron el respeto de sus electores, no se hayan sobresaltado ante la noticia de que el Ministerio del Interior ha condecorado a dos cabos primeros de la Guardia Civil procesados en San Sebastián por presuntas torturas y a otros dos miembros del mismo cuerpo sometidos a diligencias previas bajo idéntica acusación. En esta serie de honores han sido también distinguidos tres oficiales de la Guardia Civil implicados en careos por malos tratos y un teniente coronel del Ejército del Aire que interpuso, como letrado, una querella por prevaricación -rechazada por la Audiencia- contra el magistrado que se había atrevido a abrir unas diligencias sumariales por torturas. La circunstancia de que el presidente del Congreso, durante sus años mozos abogado defensor en el célebre juicio de Burgos, realzara con su presencia la imposición de algunas de esas medallas parece una broma del destino.El olvido del Gobierno socialista, en nombre de la estabilidad democrática y de la continuidad del Estado, de los compromisos electorales del PSOE para la reforma de los cuerpos y fuerzas de seguridad puede ampararse tras argumentos que, a falta de capacidad de convicción, resultan al menos internamente congruentes. Pero la tolerancia (o el apoyo) del Ejecutivo hacia personas acusadas de un delito tan grave como la tortura (expresamente prohibida por la Constitución y gravemente sancionada por el artículo 204 bis del Código Penal reformado), y en cuyas conductas el poder judicial ha encontrado "indicios racionales de criminalidad", desborda cualquier capacidad de comprensión.

Los guardias civiles sometidos a diligencias previas o procesados por presuntas torturas tienen derecho a la presunción de su inocencia. pero resulta dudosa la pasividad de la Dirección General de la Guardia Civil, que no ha suspendido en su empleo a los dos cabos primeros inculpados de un presunto delito perpetrado en el ejercicio de sus funciones. En cualquier caso, es evidente que media un abismo entre la indiscutible extensión jurídica de las garantías procesales a los guardias civiles encartados y la insólita decisión política del Ministerio del Interior de desparramar un lote de condecoraciones entre quienes han sido formalmente acusados de un delito tan grave como es la tortura.

Los contribuyentes tienen derecho a conocer si esta decisión es responsabilidad del ministro del Interior o si simplemente ha sido una decisión autónoma de uno de sus subordinados.