El ministerio requerirá justificación legal a las facultades que aplicaron 'númerus clausus'

El Ministerio de Educación solicitará de las universidades "las justificaciones legales y materiales" en que se apoyan las medidas tomadas por algunas facultades para establecer el llamado númerus clausus, declaró ayer a este diario un portavoz ministerial. Con la información recabada de las universidades se estudiarán, caso por caso, los recursos estudiantiles que se han presentado en el ministerio contra la aplicación de esta medida. Según fuentes del propio ministerio, la justificación legal de las medidas que restringen el acceso a la universidad "es muy enmarañada", puesto que no existe una regulación clara sobre este aspecto en la ley General de Educación ni en la ley de Reforma Universitaria (LRU).

Este vacío normativo lo ha de llenar, de acuerdo con la LRU, el recién constituido Consejo de Universidades. El director del Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer que el departamento de Educación y Ciencia tiene la intención de solucionar cuanto antes el problema. "El próximo mes de mayo el Consejo de Universidades habrá ultimado los baremos objetivos que, según la LRU, van a regular el acceso de los estudiantes a las facultades". Con ello, añadió Pérez Rubalcaba, se pondrá fin al caos legislativo que en este momento regula la selectividad.El problema del llamado númerus clausus ha levantado protestas de estudiantes básicamente en los distritos universitarios de Barcelona y Madrid. La indefinición legal respecto a esta forma de selectividad por parte de anteriores administraciones ha hecho que se llegara a una situación límite en muchas facultades. "El derecho a estudiar deben garantizarlo el poder y los políticos", manifestó en este sentido el rector de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Antoni Serra Ramoneda, quien añadió que no podía "aceptar a ningún estudiante sin poderle garantizar una silla y una enseñanza de una cierta calidad". El rector de la UAB justificaba así la necesidad de mantener el denominado númerus clausus en aquellas facultades en las que, a pesar de no existir regulación legal al respecto, se han aplicado criterios restrictivos para el acceso de alumnos al primer curso de carrera.

"La elección de centros es", en opinión de Serra Ramoneda, "un problema que atañe al Ministerio de Educación". El rector de la UAB se refirió, asimismo, a la complicación legal que existía para aplicar el númerus clausus en centros que no sean facultades de Medicina o escuelas universitarias. Un portavoz oficial del ministerio, por su parte, destacó que los recursos globales que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado destina a la universidad ha pasado de los 69.000 millones de 1982, a los 118.000 para 1985. "Los recursos han aumentado un 14% respecto a 1984, se han estabilizado 5.000 profesores con las pruebas de idoneidad y serán convocadas 5.000 plazas más para el curso 1984-85".

Decisión política

"Los políticos", explicó Serra, "no han querido tomar decisiones, porque la restricción de entrada en la universidad es un tema antipático, pero no se puede hacer recaer toda la responsabilidad sobre las universidades". Tanto el ministerio como el rector de la UAB coincidieron en afirmar que muchos de los estudiantes preinscritos, ante el anuncio de esta selección posterior a las Pruebas de Acceso a la Universidad, no hacen efectiva su matrícula, por lo que se puede acoger a la práctica totalidad de los preinscritos.Según fuentes del Ministerio de Educación y Ciencia, para aplicar las medidas selectivas es necesario tener en cuenta una serie de criterios tales como la residencia en el propio distrito, haber aprobado las Pruebas de Acceso a la Universidad y solicitar el traslado desde otro distrito donde el alumno no pueda realizar los estudios deseados.

Las facultades, no obstante, determinan con criterios más pragmáticos el procedimiento. "La falta material de espacio es un hecho tan evidente como la ley de gravedad", dijo Serra Ramoneda. Para el ministerio, no obstante, todos los casos de estudiantes que, cumpliendo inicialmente los requisitos, no hayan sido admitidos, pueden ser motivo de recurso, manifestó Alfredo Pérez Rubalcaba.

En el distrito universitario de Madrid se efectuó hace unas semanas una reunión entre distintos vicerrectores y el director general de Enseñanza Universitaria, Emilio Lamo de Espinosa, para racionalizar la demanda estudiantil. En esta reunión se adoptó, por ejemplo, el acuerdo de que parte de los estudiantes que cumplían los requisitos para ingresar en la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos y no podían ser acogidos por falta material de espacio, realizaran el primer curso a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

En Barcelona, sin embargo, no se efectuó ninguna reunión de este género entre rectores, por lo que cada facultad aplicó, según sus necesidades, los criterios de selección. Según fuentes oficiales, en muchos casos, la normativa legal que rige es desconocida en las universidades.