Uno de los principales procesados en el sumario de la colza, en libertad provisional bajo fianza de 10 millones de pesetas

El juez Alfonso Barcala, encargado del sumario de la colza, decretó ayer la libertad provisional bajo fianza de 10 millones de pesetas de Salvador Alamar Belloch, propietario de la empresa valenciana Sociedad Mediterránea de Industria y Comercio, SA, y uno de los principales procesados en la causa que se sigue por comercialización de aceite de colza desnaturalizado, presunto causante del síndrome tóxico.

El juez desestimó, sin embargo, la petición de sobreseimiento y archivo de la causa con respecto a Alamar, a pesar de que los análisis de los aceites de la empresa, que se encuentran en depósitos precintados, han dado resultado negativo en cuanto a toxicidad, puesto que las muestras no contienen ni anilinas ni anilidas. El magistrado destaca que Alamar fue procesado no sólo como presunto autor de un delito contra la salud pública, sino de otro de falsificación en documentos mercantiles, por lo que no es posible el sobreseimiento.El auto del juez señala que se concede la libertad bajo fianza de 10 millones debido a que "a su presunta conducta delictiva no debe aplicarse el plazo excepcional para la prolongación de la prisión provisional". Añade que la fianza debe ser de 10 millones, ya que ésa fue la cantidad exigida a José María Abascal Romero, ya en libertad provisional, intermediario y cliente de Alamar que fue procesado al mismo tiempo. Alamar era, además de propietario de la empresa Sociedad Mediterránea de Industria y Comercio, SA, apoderado de la entidad Encarnación Belloch, Viuda de Marcelino Alamar, sociedades establecidas en Valencia y dedicadas a la comercialización de aceite.

Alamar prestó declaración ante el juez el 7 de octubre de 1982, y fue procesado, junto con José María Abascal Romero, el 4 de diciembre del citado año. El magistrado Alfonso Barcala decretó la prisión provisional incomunicada (sin fianza) para ambos, aunque Alamar se encontraba en paradero desconocido y contra él pesaba orden de búsqueda y captura. El juez requirió 6.000 millones de pesetas, tanto a Alamar como a Abascal, para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse.

Salvador Alamar se presentó voluntariamente ante el juez el 2 de julio de 1984, después de que permaneciera siete meses en paradero desconocido y fuera declarado en rebeldía. El juez ordenó su ingreso en la prisión de Carabanchel. Según el auto de procesamiento, Alamar vendió a Abascal 600.000 kilos de aceite de colza crudo, del que, después de refinado, el segundo suministró unos 15.549 y 25.720 kilos a las firmas Aceites Castro, SA, de Marchena (Sevilla), y Aceites Aguado del Prado, de Cedillo del Condado (Toledo), respectivamente. Como Alamar sólo había declarado a las autoridades la venta de unos 40.000 kilos, cantidad que coincidía con las ventas hechas por Abascal, aquél propuso a éste que confeccionase unas muestras con las que poder justificar el porcentaje de venta, para lo que Alamar facilitó a Abascal los pesos de las partidas y las matrículas de los camiones. Abascal elaboró los albaranes y la carta de pedido, en los que se hacía constar que se habían recibido 25.410 y 10.952 kilos de aceites de semillas refinados con colza.

En su primera declaración, Alamar reconoció que entre febrero y junio de 1981 vendió tres millones y medio de kilos de aceite de colza de contrabando, introducidos en España, procedentes de Rotterdam, por la empresa barcelonesa Lípidos Ibéricos. El aceite fue importado bajo la denominación "para uso industrial", y vendido sin control de Sanidad.