El contenido de la propuesta
Tras la reunión de ayer, en la que se logró desbloquear las negociaciones del acuerdo económico y social, se ha dado un empujón decisivo sobre los puntos más conflictivos del futuro pacto para los dos próximos años. A juicio tanto del ministro de Trabajo como de UGT, se ha conseguido un preacuerdo sobre los temas pendientes, aunque, sin embargo, este extremo es negado por los representantes empresariales.Así, según la oferta efectuada el pasado viernes por el ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, se presentaban los siguientes puntos de encuentro: por lo que respecta al apartado de inversión pública, se plantea aumentar en otros 40.000 millones de pesetas la cantidad inicialmente presupuestada, con lo que el incremento será de un 9% con relación a los presupuestos del año pasado. Aunque la patronal y-UGT habían solicitado que la inversión pública se incrementara en 50.000 millones de pesetas, consideran que con esta nueva oferta podría establecerse un acuerdo.
Por lo que se refiere al Fondo Especial de Inversiones, o de solidaridad, la propuesta recoge un montante de 60.000 millones de pesetas, que sería financiado a partes iguales por Gobierno, empresas y trabajadores. Estos últimos verían incrementada en 0,3 puntos su cotización al desempleo, y las cantidades recaudadas irían a engrosar este fondo. Existe además la posibilidad de que los funcionarios contribuyan solidariamente en este aspecto. Se les garantizaría un incremento salarial del 6,5%, más un 0,25% que no percibirían, pero que iría a engrosar las cantidades anteriores.
En cuanto al establecimiento de un fondo para conciertos institucionales con ayuntamientos, diputaciones y organismos autónomos de la Administración, el Gobierno ofreció una dotación de 30.000 millones de pesetas. Este mecanismo de contratación de trabajo coyuntural ya viene funcionando a través del Instituto Nacional de Empleo. Con el total presupuestado se calcula que podrían producirse entre 160.000 y 190.000 contratos.
Además de estos puntos estrictamente presupuestarios, por parte de UGT y de CEOE se había producido ya un principio de acuerdo sobre las subidas salariales para 1985. Según el compromiso de las dos organizaciones se establecería una banda salarial entre el 5,5% y el 7,5%, calculando una inflación del 7%.
Sin embargo, las discrepancías eran mayores respecto a los incrementos salariales para 1986, año en que la UGT propone el ciento por ciento de la inflación prevista para ese año como guarismo único, frente a la CEOE, que habla de una banda entre el 4,5% y el 6,5%. La previsión del IPC para 1986 es del 6%.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- MTSS
- II Legislatura España
- Pacto social
- Gobierno de España
- Negociación colectiva
- UGT
- CEOE
- Sindicatos
- PSOE
- Sindicalismo
- Organizaciones empresariales
- Ministerios
- Política social
- Legislaturas políticas
- Partidos políticos
- Relaciones laborales
- Gobierno
- Administración Estado
- Política laboral
- Empresas
- Trabajo
- Economía
- Administración pública
- Política
- España