Gobierno, CEOE y UGT aceptan una solución de compromiso para seguir negociando el acuerdo social

El Gobierno, la CEOE y UGT encontraron ayer una fórmula de compromiso que les permite continuar las negociaciones del acuerdo económico y social (AES), sin que parezca ni que el ministro ha cedido a la resistencia de la CEOE, ni que ésta se ha sometido a la presión del Gobierno. El último plazo plazo para que la patronal se pronunciara afirmativamente sobre la propuesta realizada por el ministro de Trabajo expiró a las doce de la mañana de ayer. La intervención directa del presidente del Gobierno evitó que la situación desembocara en la ruptura de las conversaciones. La CEOE, aunque mantiene que no se pronunciará antes del Consejo de Ministros de hoy, acepta, en un comunicado conjunto difundido al término de la reunión que mantuvieron a lo largo de la tarde de ayer las tres partes, que se han superado los problemas de fondo, y que, en consecuencia, pueden proseguirse las negociaciones. El próximo lunes, a las 11.00 horas volverá a celebrarse un nuevo encuentro entre las partes

El comunicado difundido tras la reunión de anoche y asumido por el Gobierno, la CEOE y UGT, pone fin a la situación de práctica ruptura de las negociaciones del acuerdo económico y social (AES). El ministro de Trabajo, Joaquín Almunia había dado un plazo hasta las doce de la mañana de ayer para que la CEOE diera el sí a los puntos del AES relacionados con los presupuestos generales. Si no lo hacía así, o se reservaba su respuesta, las negociaciones debían considerarse definitivamente terminadas. Públicamente, al menos, a las doce de la mañana los representantes empresariales no se habían aún pronunciado. Y, por el contrario, en sus manifestaciones aseguraban que no veían necesario ni conveniente hacerlo antes del Consejo de Ministros de hoy, domingo. La intervención del presidente del Gobierno, Felipe González, ante la CEOE, provocó una reunión apresurada de las tres partes en conflicto -CEOE, UGT y el ministro de Trabajo- en la que se intentó buscar una solución de compromiso. Los resultados de la reunión se han plasmado en un comunicado confuso con el que los firmantes pueden argumentar que no han cedido en sus posturas. Como ejemplo valga que la CEOE mantiene que el mismo no ha de interpretarse como "un preacuerdo consensuado" sobre los puntos conflictivos existe, y el ministro de Trabajo y la CEOE interpretan que se trata de un principio de acuerdo.

Texto del comunicado

El escrito, de una docena de líneas, dice: "Sin que en estos momentos pueda hacerse un pronunciamiento sobre la valoración global de un posible acuerdo, sí puede decirse que sobre los puntos relacionados con los presupuestos generales del Estado, en los que existían graves discrepancias en este período de negociación, se han superado los problemas de fondo, lo que permite avanzar en la negociación del resto de los contenidos que deben configurar el acuerdo global, sobre el que se pronunciará, una vez concluida la negociación, los órganos de dirección de las organizaciones presentes. En consecuencia se propone continuar el próximo lunes".Los puntos sobre los que, según el comunicado existían graves discrepancias y sobre los que se han superado los problemas de fondo son dos: la flexibilidad del mercado de trabajo y la cotización a la Seguridad Social. En el primero de estos puntos, la CEOE pide que el Gobierno adquiera un compromiso en firme que garantice que, coincidiendo con el ingreso en la CEE, nuestra legislación laboral se adecuará a la existente en los países comunitarios. Y, más concretamente, la patronal pide que se retire la necesidad de autorización administrativa en los despido colectivo por causas tecnológicas o de fuerza mayor (expedientes de regulación de empleo), dejando la decisión en manos del empresario. La propuesta del Gobierno en este punto consiste en formar una comisión mixta que estudie las distintas soluciones que, elevadas al Gobierno, serían remitidas en su caso al Parlamento como proyecto de ley, si es que el Ejecutivo lo cree necesario. La discrepancia está en que a la patronal esto no le parece un compromiso y exige que aparezca de una forma más clara que el Gobierno, enviará un proyecto de ley adaptando la situación española a la europea.

El segundo punto en discordia es la cotización a la Seguridad Social; la CEOE había pedido una reducción de un punto. El Gobierno, que, según Almunia, comprende que las distintas cotizaciones sociales pueden calificarse, y no sin razón, como impuesto sobre el empleo, no desea, sin embargo, que la reducción de esta presión recaiga sobre la Seguridad Social, que es, financieramente, la parte más débil del sistema.En consecuencia, plantea en su oferta una reducción de 0,6 puntos en la Seguridad Social que para la CEOE no es tal, al ver incrementada su presión en cotizaciones sociales en 0,3 puntos para el fondo especial de inversiones.