Los armadores canarios ofrecieron abonar el 80% de las multas al pesquero 'Santa Teresa de Jesús'

Los armadores canarios ofrecieron pagar el 80% de las multas que previsiblemente iba a imponer el Gobierno marroquí al patrón del Santa Teresa de Jesús por faenar sin licencia en aguas saharianas. Los empresarios estaban dispuestos a constituir un fondo de garantía de ocho millones de pesetas para animar a Juan Bautista Sanz a zarpar a Agadir, por entender que una decisión contraria afectaría gravemente los intereses de los 1.000 barcos españoles que pescan frente a las costas de Marruecos.

Entre tanto, los dos militares marroquíes que llegaron a Lanzarote en el pesquero alicantino, siguen esperando ser trasladados a su país, bien por línea aérea normal, o conducidos por un avión militar marroquí o español, según informa desde Tenerife Carmelo Martín.La oferta, según supo EL PAIS de fuentes de la patronal pesquera canaria, formaba parte del conjunto de garantías ofrecidas a Juan Bautista Sanz por parte del Gobierno y de los armadores canarios para intentar convencer al patrón del Santa Teresa de Jesús de que viajase al puerto marroquí de Agadir con su barco para hacer frente a la acusación del Gobierno de aquel país, luego de que se desviase a Arrecife de Lanzarote, el pasado 2 de septiembre, con dos militares marroquíes a bordo, con intención de repostar combustible.

El Gobierno español, por su parte, garantizaba la celebración de un "juicio limpio y claro", en palabras del subdirector general de Relaciones Pesqueras Internacionales, Angel Mazarambros, e incluso el embajador de España en Marruecos, Raimundo Bassols, se ofreció para esperar al patrón a su llegada al citado puerto de Agadir. El mismo Mazarambros y el gerente de la Asociación de Armadores de Barcos Congeladores de Cefalópodos, José Ramón Fontán, se prestaron también para acompañarle a bordo durante el viaje.

Juan Bautista Sanz, asesorado por su abogado, el diputado canario del Centro Democrático y Social (CDS) Lorenzo Olarte, rechazó todos los ofrecimientos y se acogió a su derecho constitucional de no ser obligado a salir del país para entregarse a las autoridades de otro Estado, aunque señaló que, desde España, estaba dispuesto a afrontar sus responsabilidades por pescar sin licencia en el banco sahariano. La multa que los armadores estiman previsible es de unos 10 millones de pesetas.