Fuego en las catedrales

Cada vez que el Liceo ofrece una representación, el parque de bomberos de Barcelona se queda sin un retén de hombres, con equipo incluido. El fantástico edificio modernista, con sus palcos, butacas cortinajes, camarines, atrezzo y disfraces, carece de un sistema de prevención contra incendios. Pero no hay nada que temer. Para cualquier eventualidad allí está una representación del parque de bomberos, que tardaría menos de me dio minuto en hacer su labor.Si todos los edificios singulares de España tuvieran a su disposición un retén de bomberos como el del Liceo de Barcelona, y todos los ayuntamientos pudieran permitir se el lujo de prestar a sus funcionarios para preservar la integridad de sus monumentos, el fuego perdería toda su fascinación.

El Ayuntamiento de Barcelona es copropietario del teatro, y ante la contingencia de un incendio, le sale más barato desplazar a un retén cada vez que tiene lugar una representación que sufragar la instalación de un sistema de detección y sofoco preventivos.

Pero ocurre que en España no habría bomberos disponibles para proteger todos sus monumentos artísticos, a la manera del Liceo. Por no haber, hay más alcaldes que bomberos.

La indefensión en que se encuentra la mayoría de los bienes del patrimonio artístico español es monumental, a juicio de los técnicos, quienes no se explican la falta de sensibilidad de los responsables políticos para abordar el estudio de una serie de medidas preventivas que, aunque no garanticen la seguridad, sí reduzcan el riesgo de la pérdida de unos bienes de valor incalculable.

"No entiendo cómo a la altura de fechas en que nos encontramos la oposición no ha presentado aún una interpelación al Gobierno sobre el estado de las investigaciones que analizan las causas del incendio de Alcalá 20 en Madrid, donde murieron más de 80 personas", señala José Luis Posadas, arquitecto afecto al servicio de normativas en la edificación de la Dirección General de Arquitectura. Si esto ocurre con siniestros que se cobran vidas humanas -los incendios causan en España 300 muertes al año-, cuando sólo hay pérdidas materiales ni siquiera se oyen su surros de lamentación.

El Instituto Español de Normalización (Iranor), del que depende el Laboratorio de Investigación y Control del Fuego, tiene en sus archivos centenares de informes que duermen a la espera de que se reúna una comisión interministerial Este organismo elaboró en 1981 las bases de unas normas básicas sobre las condiciones de protección contra incendios. Al mismo tiempo se redactó una serie de anexos específicos para las viviendas, hospitales, colegios, locales para espectáculos y centros comerciales.

El temor a que estas normas entraran en vigor provocó una reacción tan fuerte en los sectores de la construcción afectados, que la CEOE presionó para que fueran excluidas. Así ocurrió en 1982, cuando quedaron aprobadas por real decreto. Se mantenía todo el articulado general, pero quedaban fuera los anexos, de tal manera que, aunque sí se incluyen en el texto, no es obligatorio su cumplimiento. La construcción no se encontraba en condiciones de aceptar un incremento del 1% en el coste de las obras si se asumía la aplicación de las medidas de prevención contra incendios. Es más, el decreto no es aplicable a las obras ya realizadas, entre las que figuran los monumentos históricos. Sólo en el caso de que vaya a efectuarse en ellas una reforma es preceptivo la instalación de medidas protectoras.

La frustración con que trabajan los técnicos en prevención contra el fuego es patética y general, ya pertenezcan a Protección Civil o al Iranor. El director técnico, Tomás de la Rosa; el presidente de la comisión, José de la Gándara, o el director adjunto de Protección Civil, Juan Murta, todos, coinciden en subrayar el auténtico desamparo en que se encuentra el patrimonio artístico español, peor incluso que hace 40 años.

Entonces, al menos, estaba en vigor la ley de Defensa Pasiva, que contemplaba la posibilidad de que los bienes artísticos amenazados fueran protegidos con sacos o trasladados a refugios en caso de cualquier eventualidad que arriesgara su integridad. "Era una legislación para situaciones de guerra", puntualiza Murta, "pero es que ahora no tenemos nada".

El Patrimonio Nacional, que tiene responsabilidad en la tutela de 12 edificios singulares -El Escorial, Palacio Real, Las Huelgas, Las Descalzas, Santa Clara, Reales Alcázares, Almudaina, Pedralbes, Aranjuez, San Ildefonso, La Granja y Río Frío-, ha organizado su seguridad de una manera integrada, contra el fuego o el robo, y rehúsa facilitar detalles sobre su estructura, debido al riesgo que supone su difusión. "Basta que se dé publicidad sobre la instalación de una innovación técnica para que se ofrezca un loco a ponerla a prueba", advierte el jefe de seguridad, Javier Morales, quien se limita a confirmar que se acaba de renovar todo el sistema de seguridad integral de El Escorial.