Guatemala: la máquina de guerra

A Manuel Ismael Salanic, de 18 años, estudiante de Magisterio, fueron a buscarle a su casa el 14 de febrero. Era medianoche cuando la familia se despertó sobresaltada: 20 hombres fuertemente armados habían derribado la valla con un jeep y estaban en el interior de la vivienda después de saltar la puerta principal a culatazos. "Nos amenazaron con sus fusiles y nos encerraron en una habitación", cuenta el padre. "Luego pidieron los papeles a los cuatro hijos para llevarse a Manuel. No le dejaron ni vestirse. Se fue en ropa interior".Han transcurrido casi cinco meses sin que hayan vuelto a tener noticias suyas. Presentaron recursos de amparo en todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema. Mendigaron información en los cuarteles de policía y en el mismo Ministerio de Gobernación. Su hijo no está en ninguna parte.

Según la Embajada de EE UU, 42 casos como éste se han registrado cada mes desde que el general Óscar Mejía Víctores asumió la jefatura del Estado, el 8 de agosto del año pasado, mediante un golpe militar. La misma fuente asegura que bajo el mandato de Ríos Montt la media mensual de secuestros fue de 26.

Los padres de los desaparecidos tienen la convicción de que los culpables son en su mayoría miembros de las fuerzas de seguridad. Miguel Ángel Alvarado, al que le arrebataron dos hijos, empleado de banca uno y estudiante el otro, dice con aplomo: "Hay consenso popular en que es, el Gobierno quien los secuestra, los tortura y luego los mata".

En sus gestiones llegó hasta Ríos Montt sin resultado. En una ocasión el juez le mostró el expediente del caso. "En la carpeta no había otro papel que mi denuncia". Un joven que rehusó identificarse se presentó una vez en su casa para decirle que el mayor de sus hijos, Rolando, estaba prisionero en unas bóvedas subterráneas de la cárcel de Solama. "Si dice que está vivo puede acelerar su muerte", le advirtió, "porque los asesinos están en el poder".

El padre logró entrar en la prisión con el pretexto de visitar a otro detenido, pero ni él ni sus compañeros sabían nada de Rolando. Varias llamadas anónimas le condujeron luego en vano al cuartel de la guardia de honor y al castillo de Matamoros. Sólo consiguió que el 19 de mayo le secuestraran a otro hijo, Sergio, de 19 años, estudiante de Economía en la Universidad de San Carlos, desaparecido en el trayecto de su casa a la avenida Bolívar, donde tomaba el autobús.

Nada de esto le impide al presidente Mejía declarar que desde hace tiempo no se violan los derechos humanos en Guatemala. La declaraciones de los padres son infundios sin pruebas; las desapariciones, un pecado de juventud de aquellos que quieren ver mundo sin atreverse a comunicarlo a sus familias.

Sorprende que esta fiebre viajera haya atacado sobre todo a lo sindicalistas, que en número próximo al centenar han desaparecido sin dejar rastro. Siguen los estudiantes de la Universidad de San Carlos, con 28 secuestros en lo que va de año.

La guerra sucia guatemalteca iniciada hace ya 30 años, ha costado, según estimaciones de la Comisión de Derechos Humanos más de 120.000 muertos, sin que ello plantee ningún sentimiento de culpa a los militares. Lo principal era el resultado, y éste fue favorable para ellos.

Mejía Víctores se permite afirmar con orgullo que "la guerrilla ha sido derrotada". Su supuesta eliminación no ha evitado que en los cinco primeros meses del año 127 militares murieran en combate, según fuentes de la Embajada estadounidense.

Autodefensa civil

Un elemento clave para el retroceso de la insurgencia durante los dos últimos años ha sido, aparte de sus divisiones internas, la puesta en marcha de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), organización paramilitar que encuadra por la fuerza a todos los hombres de 15 a 55 años que viven en zonas rurales. Este ejército paralelo suma más de 700.000 personas.Desde una perspectiva bélica, el sistema es perfecto: las patrullas controlan los movimientos de todos los vecinos, autorizan entradas y salidas del pueblo y, en última instancia, se vigilan entre sí. Todo un pueblo se ha convertido en delator forzoso.

Algunos comandantes los han convertido incluso en cómplices de la represión, obligando a los patrulleros a tomar parte en sus razias, siempre en poblaciones alejadas de la suya para evitar que los reconozcan.

El objetivo de estas acciones es involucrar a la mayor parte de la población civil en el esquema represivo, de manera que ningún Gobierno civil pueda desenmarañar esta monstruosa madeja.

Cada patrulla está formada por 10 hombres, que vigilan el pueblo durante 24 horas hasta ser relevados por los 10 siguientes. Su señal de identidad es una bandera de Guatemala (dos franjas azules con una blanca en medio). En los pueblos más pequeños les toca estar de guardia cuatro o cinco días, aunque el promedio varía entre una y dos semanas.

La edad reglamentaria es de 15 años, pero cerca de Godínez un niño de 12 años, Damián, vigila cada 15 días con una carabina al hombro que casi le llega a los pies. Se cubre con un sombrero de paja en el que ha pintado las siglas PAC. Sus compañeros dicen que la zona está tranquila desde hace tiempo, pero admiten que ya tuvieron que disparar varias veces. Durante el día permanecen apostados en unas torres de vigilancia a las que no les falta los inevitables sacos terreros. "Por la noche nos emboscamos", dice el jefe.

Algunos políticos moderados se preguntan por las tremendas secuelas que va a dejar en el pueblo esta infernal máquina de guerra que ha movilizado a todos los hombres del campo. ¿Cómo devolver la paz a un país en el que todo el mundo está combatiendo voluntariamente o por la fuerza? Una pesada herencia para el futuro Gobierno civil.

Los militares están convencidos, por otra parte, de que nada de lo que hicieron fue excesivo. Algunos partidos de ultraderecha, como el Movimiento de Liberación Nacional, les eximen de toda culpa. Su líder, Mario Sandoval, argumenta que este tipo de guerras no pueden hacerse según la Convención de Ginebra.

Es poco probable que una Democracia Cristiana eventualment triunfante en las próximas elecciones generales esté dispuesta a arriesgar su primera oportunidad de gobernar, y aun la incipiente democracia, exigiendo cuentas de sus excesos a los militares. Procesos como los argentinos se consideran impensables en Guatemala.