Depuración en la Policía de Hacienda, ligada a los 'escuadrones de la muerte' salvadoreños

La Policía de Hacienda salvadoreña, acusada de mantener estrechos vínculos con los escuadrones de la muerte, ha desmantelado su sección de inteligencia. Los 27 agentes que integraban la plantilla han sido incorporados al Ejército y trasladados a zonas de combate, mientras su director era asignado a la Embajada en Paraguay.

Con estas medidas, el presidente salvadoreño, José Napoleón Duarte, trata de rescatar para su Gobierno una imagen de honorabilidad, al mismo tiempo que cumple las promesas formuladas durante la campaña electoral de poner fin durante su mandato a la violencia institucional.Son ya seis los jefes militares removidos de sus cargos en el último mes. A algunos se les ha premiado con cargos diplomáticos en el exterior y otros fueron becados para realizar cursos especializados en Washington.

Sólo un coronel llamado Francisco Morán, que fue ex jefe de la Policía de Hacienda en su etapa más negra y que hasta hace poco tiempo era presidente de la empresa eléctrica del Río Lempa, ha sido destituido sin contrapartida.

Ninguno ha sido llevado ante los tribunales, en contra de los planteamientos que José Napoleón Duarte formuló en la campaña electoral, cuando prometía investigar los crímenes y juzgar a los responsables.

La institución militar no parece dispuesta por el momento a que se siente en el banquillo de los acusados a sus oficiales. No importa que durante los 10 primeros días de mandato de Duarte haya habido aún 45 asesinatos.

La campaña de saneamiento de la jefatura castrense ha seguido hasta ahora fórmulas de autodepuración, sin involucrar directamente a la presidencia salvadoreña. Se trata, en todos los casos, de órdenes de traslado, firmadas por el alto mando, dentro de una política de renovación que se presenta con caracteres de absoluta normalidad.

Recomendación de EE UU

José Napoleón Duarte no ha hecho nada que no hubieran recomendado los propios norteamericanos antes de las elecciones. El vicepresidente de Estados Unidos, George Bush, pidió en diciembre el relevo de algunos militares implicados en la guerra sucia. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano George Shultz, entregó en enero una lista de 10 militares que debían ser destinados al extranjero.A los dos oficiales destituidos entonces se suman los seis últimos. Con ellos está a punto de ser satisfecha la demanda. Lo que el presidente Duarte presenta como cumplimiento de un compromiso de campaña no es para la oposición más que un maquillaje superficial que cuenta con el consenso de los norteamericanos y de los propios jefes militares, convencidos de que los escuadrones de la muerte entorpecen en este momento la supuesta profesionalización de la guerra.

Amplios sectores de la sociedad salvadoreña, no sólo los que apoyan a la izquierda, consideran, sin embargo, que la muerte de 40.000 civiles en los últimos cuatro años no puede saldarse con destinos diplomáticos y becas de estudios que más parecen premio que castigo.