Los pagarés y bonos del Estado quedan exentos del 'nuevo rigor' fiscal que anuncia el Gobierno
Los recursos que destinen los inversores a la adquisición de pagarés o bonos emitidos por el Estado serán los únicos que quedarán fuera del control fiscal estricto que se establecerá sobre los "nuevos activos financieros" (bonos, pagarés y letras de cambio), por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, según anunció ayer Miguel Boyer, titular de ese departamento. En cualquier caso, estos activos continuarán siendo objeto de la tributación a la que actualmente están sometidos. A preguntas de los periodistas, el ministro Miguel Boyer descartó definitivamente, por otra parte, la posibilidad de que sea concedida una amnistía fiscal.
Para conseguir el control estricto de los nuevos activos la Administración contará con la colaboración obligada de las instituciones que hacen de intermediarias en el sector financiero, si el Gobierno logra que las Cortes aprueben un proyecto de ley que ayer fue ultimado en el Consejo de Ministros. El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, puso de manifiestó en la conferencia de prensa que siguió al Consejo que el Gobierno remitirá al Parlamento tres proyectos de ley que pretenden perseguir el fraude fiscal y conseguir una mayor transparencia en el panorama financiero nacional.Estas nuevas medidas establecerán la obligación de los intermediarios financieros de facilitar información a la Administración sobre la emisión y endoso de los "nuevos activos" de los depósitos de bancos y cajas de ahorros; la exigencia de balances consolidados a los grupos empresariales en los que se puedan presuponer "situaciones de dominio"; y la reestructuración de los coeficientes de inversión obligatoria de las entidades de depósito. En este último capítulo se regulará de forma urgente, y por decreto ley, el establecimiento de un coeficiente de inversión monetario para las entidades de depósito, estimado en el 12% de sus recursos computables.
Los nuevos activos financieros, sobre los que se ha centrado una parte importante de las inversiones realizadas en los últimos tiempos, no cuentan con unos tipos de interés previamente definidos, por lo que su control fiscal resulta especialmente complicado.
'Paraíso fiscal'
Esta característica hace que sea preciso atribuirles, según palabras del ministro Miguel Boyer, un interés explícito basado en la relación entre su valor intrínseco y su coste de reposición. A partir de este planteamiento, y mediante un control estricto, tanto de la emisión de estos nuevos instrumentos por las propias empresas como en sus posteriores transmisiones por los intermediarios financieros -quienes se verán obligados a declararlas- se pretende que estos activos pierdan el carácter de paraíso fiscal que hasta ahora venían manteniendo.
Sin embargo, los bonos y pagarés del Estado quedarán al margen de esta normativa común, aunque mantendrán sus obligaciones fiscales actuales.
La obligación de los intermediarios financieros de poner a disposición de las instancias públicas, y más concretamente de las autoridades tributarias de cierto rango, la información sobre sus clientes o sobre operaciones concretas que les sean requeridas, se enmarca, según el ministro de Hacienda, en el intento oficial de buscar un mayor rigor fiscal y conseguir el sometimiento a la Hacienda Pública de todos los nuevos activos que aparezcan, y que hasta ahora presentaban unos notables índices de marginalidad fiscal.
En la misma línea, Boyer se mostró abiertamente contrario a cualquier tipo de "amnistía fiscal", por el mal ejemplo para los contribuyentes que su concesión podría suponer.
Las modificaciones estudiadas en los coeficientes obligatorios de las entidades de depósito (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito) se pretenden establelier sobre la base de una redefinición del cómputo global, y en el mismo serán incluidos todos los pasivos, incluso los no bancarios. Se pretende establecer el coeficiente de inversión obligatoria en el 25% de los pasivos computables.
