Betancur intenta pacificar Colombia y erradicar la violencia política de los grupos paramilitares

ENVIADO ESPECIAL, La política de pacificación emprendida por el presidente Belisario Betancur, iniciada con el previsto alto el fuego con la guerrilla a partir del próximo lunes 28, tiene su objetivo final en la erradicación de la violencia política, protagonizada fundamentalmente por grupos paramilitares que día a día desangran las zonas rurales de Colombia.

Más de 1.500 personas mueren cada año víctimas de la violencia política en este país. La mayor parte de ellas son campesinos sospechosos de colaborar con la guerrilla o, en número mucho menor, sospechosos de colaborar con el Ejército. Entre las víctimas hay también concejales, profesionales, dirigentes sindicales y líderes políticos de la izquierda.Según las denuncias presentadas por el último informe de la Comisión de Derechos Humanos de Colombia, 457 personas murieron entre enero y agosto del pasado año en circunstancias no aclaradas. De ellas, 223 fueron asesinadas a manos de organizaciones paramilitares que algunas fuentes relacionan con servicios secretos del Ejército y matones a sueldo de los grandes propietarios.

Otros 155 asesinatos llevan la marca del Movimiento Antisecuestros (MAS). Esta siniestra organización fue creada en 1980 por los capos del narcotráfico para dar ejemplo a los guerrilleros que intentasen secuestrar a jefes mafiosos. Paulatinamente las siglas fueron pasando a manos de los grandes terratenientes, que imponen la justicia por su mano en sus territorios para defenderse de los secuestros y los impuestos revolucionarios exigidos por la guerrilla.

La mencionada organización está relacionada con los sectores más relevantes de la política y de los negocios, cuyos nombres son conocidos por la policía y por los jueces. El presidente Betancur ha prometido en varias ocasiones acabar con el MAS, pero para ello sería necesario antes una reforma en profundidad de la justicia colombiana, con el fin de evitar que los jueces cedan tan fácilmente al soborno o a la amenaza. Hasta ahora ni uno sólo de los crímenes del MAS ha sido esclarecido.

Entre la cifra oficial de muertos facilitada por la Comisión de Derechos Humanos figuran 79 asesinatos en los que se ha comprobado la participación directa del Ejército. Igualmente se ha informado de casos de represión indiscriminada, como el bombardeo por aviones militares, en agosto del pasado año, de un camino en la localidad de Cimitarra, con un balance de 17 campesinos muertos.

A principios del pasado año el procurador general de Colombia denunciaba, con nombres y apellidos, la participación en el MAS de más de 59 oficiales de alta graduación en activo. El tema pasó a manos de la justicia militar y hoy todos esos militares siguen ocupando altos cargos en las Fuerzas Armadas. Según fuentes de absoluto crédito, si se añaden a esta cifra los militares retirados que forman parte de la organización terrorista, el número total asciende a 160.

En lo que va de año, según fuentes oficiales, han sido asesinados entre 120 y 200 campesinos solamente en la región de Urabá, en la frontera con Panamá. Durante el mismo período han perdido la vida también 400 guerrilleros y 86 militares.

Estas alarmantes cifras, sólo superadas en América Latina por la guerra civil de El Salvador, no son un buen augurio para los proyectos de paz de Betancur. Su oferta de amnistía a la guerrilla, a finales de 1982, fue en parte abortada porque cinco de los amnistiados desaparecieron posteriormente en circunstancias extrañas. Ni el Gobierno ni la Comisión de Paz pueden en este momento garantizar a los guerrilleros que abandonen las armas que su vida será respetada por los paramilitares y el MAS, decididos a acabar por la fuerza con el problema guerrillero.

La Comisión de Derechos Humanos denunció también que la actividad rebelde en algunas regiones ha impedido el desarrollo agrícola, porque muchos propietarios abandonan sus fincas por temor a los secuestros. Esta situación ha llevado a que un país esencialmente agrícola haya tenido que importar el pasado año 300 millones de dólares (unos 45.000 millones de pesetas) en alimentos.