Pruebas rechazadas en el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto

El recurso previo de inconstitucionalidad planteado por el Grupo Parlamentario Popular contra el proyecto de ley que despenaliza parcialmente el aborto ha concluido su tramitación y se encuentra sólo pendiente de deliberación por el pleno del Tribunal Constitucional, que probablemente dictará sentencia antes de un mes, según fuentes oficiosas. El alto tribunal ha rechazado varias pruebas solicitadas por los recurrentes, entre ellas la realización de una encuesta sociológica y otra encaminada a demostrar científicamente que el feto tiene vida.Para la práctica de esta última prueba, los recurrentes proponían una serie de autoridades en la materia y adjuntaban diversos informes, entre ellos, de algunos colegios médicos y reales academias. El Tribunal Constitucional admitió estos informes pero, respecto a la prueba científica sobre la vida del feto, resolvió, por el momento, no practicarla.

Por lo que se refiere a la solicitud de que se efectúe una encuesta sociológica, con el debido control por parte del tribunal, para medir la opinión de los españoles sobre el aborto, el acuerdo denegatorio del Tribunal Constitucional tiene carácter definitivo.

En opinión de los recurrentes, con esta prueba se pretendía contrarrestar los resultados de otra encuesta, encargada por el Gobierno previamente a la remisión del proyecto de ley al Parlamento, según los cuales la mayoría de los españoles son favorables a la despenalización limitada del aborto proyectada por el Gobierno.

El auto por el que el Tribunal Constitucional resolvió sobre las pruebas citadas se produjo hace varias semanas. EL PAÍS intentó obtener una copia de la citada resolución en el gabinete de prensa del Tribunal Constitucional, en donde, a pesar del carácter público de estas resoluciones, se negaron a facilitarlo y remitieron a "las partes". El diputado del Grupo Parlamentario Popular, José María Ruiz Gallardón, firmante y principal redactor del recurso, confirmó a este periódico la existencia del auto por el que el Tribunal Constitucional deniega parcialmente las pruebas solicitadas.

La presentación del recurso previo paralizó la tramitación del proyecto de ley del aborto, que ya había sido aprobado por el Congreso y el Senado y se encontraba sólo pendiente de la sanción real y la promulgación en el Boletín Oficial del Estado.