Estado excepción en Colombia

EL PRESIDENTE Betancur, con la voz trémula pero decidida, anunció ayer el estado de excepción y la lucha sin más fin posible que la destrucción de los que llamó "narcotraficantes", a los que se ha atribuido el asesinato, el día anterior, del ministro de Justicia. En efecto, la droga y el contrabando forman en Colombia un tejido tan firme, que se les ha considerado como una economía paralela; expresión probablemente eufemística, ya que esa economía es apenas distinguible de la pública y está alimentando unos canales financieros que controlan personalidades muy altas. Es decir, se trata de una corrupción a gran escala, y Belisario Betancur, para intentar controlarla, tuvo que nacionalizar el Banco de Estado en octubre de 1982, a los dos meses de su toma de posesión como presidente de la República, después de haber formado un Gobierno de civiles (sin más excepción que el ministro de Defensa), equilibrado entre conservadores y liberales. Betancur proclamó dos objetivos inmediatos: la lucha contra la corrupción por la droga y el apaciguamiento del país mediante unas ofertas a los guerrilleros. En ninguna de las dos ha obtenido todavía resultados espectaculares, a pesar de haber conseguido algunos logros parciales.La cabeza visible de la lucha contra la droga era el ministro de Justicia asesinado ahora. Según la oposición, y no sólo la clandestina y armada, el tráfico de droga está en manos de algunos militares de mucha influencia o protegida por ellos, ante los que se hace difícil el maniobreo del, sin embargo, siempre hábil presidente Betancur. Pero si se escucha a los centros militares, su control sobre el Gobierno se limita a evitar que pacte con los guerrilleros. Todo es lo mismo: el pacto con los guerrilleros significaría a su vez la adopción de una serie de medidas de orden social y político que abrieran a la práctica y en toda su extensión la teoría democrática que representa Betancur, y parte ineludible de ella sería el saneamiento de la economía, con inevitable desaparición de la paralela. Las primeras actuaciones de Betancur fueron la anulación del estado de excepción, que se mantenía en vigor desde hacía 34 años, y la oferta de una amnistía a las guerrillas: éstas aceptaron, en principio, una tregua, y unos 400 guerrilleros (de un total calculado entre 6.000 y 9.000 por fuentes militares) entregaron las armas; pero en esta tregua ponían como condición la inmediata planificación de medidas sociales de urgencia; en abril de 1983 decidieron el regreso a la lucha armada, en vista de que las medidas sociales no aparecían o no tenían eficacia. La guerrilla en Colombia es un complejo poco coherente, formado por el M-19, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, de las que se dice que dependen del partido comunista), el Ejército Popular de Liberación (maoísta), el Ejército Nacional de Liberación (castrista), el Movimiento de Autodefensa Obrera (trotskista)... No siempre actúan en coordinación, y muchas veces se enfrentan entre sí.

El estado de excepción que proclama ahora Betancur aparece en su discurso como respuesta a los narcotraficantes asesinos del ministro de Justicia, pero era la medida que los militares pedían al Gobierno para continuar con eficacia la lucha contra la guerrilla y simultáneamente contra los que suponen o denuncian como sus cómplices abiertos, los partidos de izquierda (reducidos al 1% en el Congreso y principalmente fuera de él).

Con todo, el presidente Betancur ha dejado bien de manifiesta su capacidad para navegar por aguas procelosas, su energía en los momentos más necesarios para proclamar la Supremacía del poder civil sobre el militar, y su hábil generosidad para tratar el problema de la guerrilla que, si no erradicado todavía, parece en vías de un arreglo fecundo para la democracia y la convivencia de los colombianos. De la profundidad con que sepa atacar ahora la lacra nacional del tráfico de narcóticos dependerá, en parte, el acrecentamiento de su estatura como líder pacificador de la nación, capaz de ofrecer una paz sin debilidad a la guerrilla, y de mantener una relación con el ejército atenida a los más estrictos preceptos constitucionales.