EE UU se niega a responder a las acusaciones formuladas por Nicaragua ante el Tribunal Internacional de La Haya

Estados Unidos recusó ayer en La Haya el derecho de Nicaragua a acudir al Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), mientras Managua aseguraba que Washington no tiene derecho a renunciar a esta jurisdicción. Del minado de los puertos nicaragüenses por parte de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA) se saltó a la difunta Sociedad de Naciones. Estados Unidos confía en que este tribunal se pronunciará a su favor desestimando el caso nicaragüense, por razones de formalismo legal. El tribunal fallará en los próximos días, finalizada la audiencia pública.

"Nicaragua ha acudido a esta corte sabiendo que sus demandas están infundadas y ha utilizado este tribunal de un modo cínico, como plataforma para garantizar la mayor publicidad de su propaganda". Así se expresó ayer en el suntuoso recinto del palacio de la Paz el jefe de la delegación norteamericana en esta causa, Davis R. Robinson. La superioridad técnico-jurídica norteamericana fue aparatosa y machacona.Los expertos norteamericanos han revuelto en las últimas tres semanas los archivos más recónditos de la antigua Sociedad de Naciones en Ginebra, los de la ONU en Nueva York y la propia Gaceta Oficial Nicaragüense de antes de la segunda guerra mundial para demostrar que Nicaragua nunca ha depositado el instrumento de ratificación del llamado protocolo de firma del estatuto del tribunal internacional. O sea, que, según esta interpretación, Managua nunca ha reconocido técnicamente la jurisdicción de este tribunal internacional.

En consecuencia, concluyó Robinson, "Nicaragua no puede invocar esta jurisdicción contra EE UU, y mi país, además, no ha consentido en ello". Ante las presiones norteamericanas, la propia Nicaragua reconoció no disponer de la prueba de que había efectuado este depósito, pero puso en duda la interpretación norteamericana.

Nicaragua pide que el TIJ dicte, mientras examina el fondo del caso contra Estados Unidos, unas "medidas preventivas" destinadas a que cese inmediatamente el apoyo directo o indirecto a actividades militares o paramilitares en o contra Nicaragua. Frente a lo afirmado en 1946, EE UU decidió el pasado 6 de abril -es decir, tres días antes de que Nicaragua introdujera su petición en La Haya- no reconocer durante los próximos dos años la competencia del TIJ para los temas de América Central.

Aunque es el tribunal el que tiene que decidir sobre su propia competencia y eventualmente dictar las medidas que considere oportunas, este sistema de justicia internacional sólo funciona si existe antes el consentimiento mutuo de ambas partes. Estados Unidos acudió a explicarse, gesto que otros países ni siquiera han hecho en situación similar.

Washington optó por no defenderse ayer de las acusaciones lanzadas el miércoles por Nicaragua sobre la intervención armada norteamericana, que ha provocado la muerte de "hombres, mujeres y niños", violación del espacio aéreo nicaragüense o el minado de sus puertos. Según Carlos Argüello, que encabeza la delegación nicaragüense, "Estados Unidos no ha intentado siquiera refutar estos hechos, pues son hechos notorios".

Para EE UU, el tema de América Central y, más concretamente, el de Nicaragua, constituye una disputa política, no legal, que no se puede solucionar en este marco de La Haya.

Washington argumenta que unas medidas preventivas, que afectarían a otros países no presentes en esta vista, socavarían el proceso negociador del grupo de Contadora, y "esta corte no puede intervenir en este proceso". Estados Unidos, en una larga explicación del grupo de Contadora, llegó incluso a citar a favor de sus tesis al presidente del Gobierno español, Felipe González. Éste señaló en octubre de 1983, tras una conversación con el presidente colombiano, Belisario Betancur, que no se necesita ningún otro foro que el de Contadora para solucionar el problema de América Central. Para Argüello este problema "sólo se solucionará cuando la CIA deje de enviar mercenarios".

Estados Unidos considera que "si Nicaragua se queja de injerencia armada en sus asuntos internos, otros Estados se quejan de la injerencia de Nicaragua en los suyos. Nicaragua promueve la insurrección".

La delegación norteamericana estaba compuesta por 18 expertos, todos ellos estadounidenses. La nicaragüense, por siete personas, pero sólo dos de ellas de esta nacionalidad. En cualquier caso, Nicaragua no pudo probar el depósito de la ratificación del reconocimiento de la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. La ratificación se produjo en 1.935, pero de hecho el depósito del instrumento oficial que lo ratifica fue retenido, y Nicaragua: se acogió a esta situación para evitar una confrontación con Honduras en el TIJ en los años sesenta. Eran tiempos del dictador Anastasio Somoza.