Las autoridades españolas aplicarán severas sanciones a los pescadores vascos que burlan reiteradamente los tratados

Las autoridades españolas han decidido endurecer su postura con aquellos pesqueros con base en puertos del Cantábrico, la mayoría de ellos vascos, que burlan sistemáticamente los tratados de pesca suscritos por España, faenando sin licencia en aguas comunitarias, según manifestaron ayer a este periódico responsables de la Comandancia Militar de Marina de Bilbao. Ese cambio de actitud, que podría plasmarse en la aplicación de severas sanciones a los infractores, responde, en opinión de las mismas fuentes, al temor de que la Administración francesa denuncie el incumplimiento de los acuerdos y obtenga la anulación de las licencias de que dispone en la actualidad la flota pesquera del Norte.

Pese a la amenaza y a las continuas indicaciones de las autoridades marítimas españolas, un total de 14 pesqueros fueron identificados nuevamente ayer por aviones franceses faenando sin licencia en aguas prohibidas. Ayer tarde, según el programa radiofónico Onda Pesquera, una patrullera francesa detuvo al merlucero Jorge Oteiza, con base en el puerto de Orio, que estaba faenando en aguas comunitarias para las que no tenía extendida licencia. Las autoridades españolas han abierto ya un expediente informativo a los nueve pesqueros vascos sorprendidos por un avión de reconocimiento marítimo francés, el sábado último, en aguas comunitarias.Entre dichos pesqueros se encontraba el Burgoamendi, ametrallado al igual que el Valle de Archondo por buques franceses el 7 de marzo de este año. Los barcos abandonaron el área comunitaria por orden expresa de la Marina española, que intervino a instancias de la Armada francesa. Expertos en materia de pesca atribuyen el endurecimiento de la Administración española a la necesidad de reforzar sus posiciones negociadoras en un momento en el que se encontraría prácticamente perfilado el capítulo de pesca con la CEE, que debe ser cerrado el próximo mes de septiembre si se quiere respetar el calendario de la adhesión a la Comunidad Económica Europea, que establece como fecha de ingreso de España el 1 de enero de 1986.

Que la flota ponga orden

A juicio de estos técnicos, las reiteradas infracciones en las que incurre una parte de la flota del Norte debilitan seriamente la posición negociadora de España, pero tales irregularidades no deberían suponer, al menos a la luz del derecho, la anulación de licencias de los barcos que faenan legalmente. Fuentes gubernamentales españolas afirmaban ayer tarde en Madrid que la idea es que sea la propia flota pesquera la que ponga orden y obligue a los más reticentes a cumplir con lo legislado, ante el temor de que se retiren todas las licencias indiscriminadamente. Un portavoz del Ministerio de Agricultura y Pesca afirmó, por otro lado, que lo único que España puede hacer es advertir a los pesqueros, como ha venido haciendo reiteradamente, para que cumplan con las normas vigentes.

Según expertos en temas pesqueros, el pulso que mantiene casi la mitad de la flota ondarresa de altura, cifrada en más de un centenar de barcos, se vuelve contra las posiciones españolas en el momento en que sus representantes acuden a la mesa de negociación. En noviembre del pasado año, mientras se revisaba el acuerdo marco comunitario, las autoridades españolas hicieron amarrar a puerto a 17 pesqueros cuyos nombres figuraban en la lista negra de infractores, acusados de haberse dado a la fuga o de haber abordado las propias patrulleras francesas. Estos barcos fueron liberados mes y medio más tarde, una vez cerrada. la negociación. Por otra parte, la ley de sanciones aprobada hace dos años, que contempla medidas muy rigurosas, no ha sido aplicada hasta el momento.

Los mismos expertos señalan que la política, de la Administración española. está fuertemente condicionada por su debilidad negociadora y por una contradicción: evitar la reducción de la flota y de los puestos de trabajo y el compromiso adquirido en el acuerdo marco de 1980, un texto en el que se plasma el principio de la política regresiva de la CEE.

El ametrallamiento del Valle de Achondo y del Burgoamendi constituye un antecedente que habría sido establecido deliberadamente por las autoridades francesas para mostrar su actitud de poner fin a la situación. Fuentes de la Comandancia Militar de Marina de Bilbao indicaron que las autoridades francesas solicitan cada vez con mayor insistencia su intervención, "para evitar que se reproduzca el incidente del pasado mes de marzo", en el que seis marineros resultaron heridos.