Francia quiere imponer el sistema de dos etapas para la integración en la CEE de las frutas y verduras españolas

Si los ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Económica Europea (CEE) se ponen finalmente de acuerdo, hoy lunes, sobre la declaración agrícola a entregar a España mañana martes, la vieja aspiración española de ingresar en el Mercado Común habrá recibido lo que muchos expertos consideran el espaldarazo definitivo. En efecto, los productos agrícolas han sido el obstáculo que permanentemente ha bloqueado los esfuerzos españoles por unirse a los diez países comunitarios. Según fuentes diplomáticas, Francia, tradicional opositora a la entrada de España mientras no se alcanzara un acuerdo sobre la agricultura mediterránea, ha levantado sus objeciones y parece desear que las conversaciones con nuestro país finalicen el próximo mes de septiembre, lo que permitiría el ingreso de España a principios de 1986.

El camino para el ingreso, sin embargo, no será fácil, porque esa declaración agrícola incluirá sin duda alguna -Francia, con Italia y Grecia detrás, parece haberlo conseguido- el sistema de dos etapas para la integración del sector hortofrutícola español.El resto de la agricultura española pasaría por una "transición clásica" progresiva. Pero el comercio se vería sometido a un régimen de vigilancia. Tras una iniciativa ítalo-germana, los ministros tendrán un texto de compromiso -más de 60 páginas- sobre la mesa, que sólo deja abierta la cuestión de la duración de la transición. Pero junto a él tendrán el texto anterior, lleno de reservas, y un resumen de las principales cuestiones que han de dirimir.

La CEE justifica la necesidad de una primera fase para las frutas y hortalizas por la falta de estructuras y mecanismos (organizaciones de productores, precios y normalización de los productos) para aplicar la política agrícola comunitaria. Durante esta primera etapa (ahora se llama "fase inicial", por aquello de la presentación), según el texto de compromiso, España no gozaría de ninguna financiación comunitaria a los gastos de intervención, es decir, para garantizar los precios. Ésta y las restituciones (diferencia entre el precio nacional y el de exportación) vendrían de fuentes nacionales. Eso sí, España se quedaría con los aranceles de importación de estos productos, que normalmente van a las arcas comunitarias.

La CEE ejercería una verdadera tutoría sobre los precios españoles, ya que para este sector, si fuesen rnás bajos que en la Comunidad, no podrían aumentar a un ritmo más rápido en España que en la CEE, y si fuesen más altos, se verían congelados, salvo excepciones, para mantener los ingresos de los agricultores, jugando con el tipo de la peseta verde.

El régimen de comercio durante esta fase :inicial y para este sector entre España y la CEE permanecería igual que ahora (a negociar cada año bilateralmente y casi¡ sin regulación), aunque se asegurara la preferencia comunitaria y se fueran reduciendo los aranceles y suprimiendo las restricciones cuantitativas (a lo que se resiste Francia), salvo excepciones. Pero de hecho durante uno o dos años España estaría peor tratada que Marruecos o Israel, que gozan de una mayor rebaja arancelaria.

Duración de las etapas

Es decir, este sector español recibiría un trato de país tercero. Es más, con esta declaración se dispara la puesta en marcha del nuevo reglamento de frutas y hortalizas en la CEE, que supondrá un aumento de los precios de entrada de estos productos en la CEE, con lo que disminuirá la competitividad española. Durante esta etapa, España, con un programa, de acción desde la adhesión, tendrá que ir adaptando sus estructuras a las de la CEE, desmantelando las ayudas incompatibles y denunciando los acuerdos, con países terceros y respetando las disciplinas de producción. De hecho, la normalización de la calidad de los productos reducirá la producción.

La duración es asunto a decidir por los ministros y no se excluye pedirle a España que intervenga directamente en la discusión, lo que implicaría la aceptación por Madrid del principio de las etapas o fases.

El perído de transición clásico se aplicaría a todos los demás productos desde la adhesión, y para las frutas y hortalizas, desde el comienzo de la segunda fase. España dispondría de siete años como máximo para organizar sus estructuras de mercado, aproximar precios (mismo régimen de tutoría) y ayudas, eliminar aranceles y otras tasas, lograr la Unión Aduanera y tomar a su cuenta la preferencia comunitaria frente a países terceros. El texto de compromiso indica que se establecería un calendario de previsiones anual (lo que forzaría a renegociarlo cada año) con techos indicativos, aunque sólo para productos sensibles de una y otra parte. Si se superasen estos techos, a través de un comité de gestión intervendría la Comisión Europea, que decidiría las medidas a tomar. Puede servir a España para defender su sector lácteo y carne, pero daña a sus intereses hortofrutícolas y el comercio del producto en cuestión.

Algunos sectores españoles (lácteo, carne bovina, cereales y arroz) tendrían que adaptarse desde antes de la adhesión, según un calendario de objetivos a fijar. Es decir, antes del ingreso, España tendría que suprimir sus monopolios interiores de producción y comercialización, desmontando el monopolio del trigo, los cotos arroceros y las concesiones exclusivas a las centrales lecheras. Las ayudas incompatibles, salvo excepciones a negociar, han de ser eliminadas el día de la adhesión.

Vino y aceite de oliva

El proyecto de declaración es sustancial, pero no entra en detalles sectoriales, producto por producto. En principio, el aceite de oliva lo deja para más adelante. En cuanto al vino, sólo señalaba la necesidad, desde la adhesión, de que España equipare sus precios con los de la CEE para evitar desvíos en el comercio. Ahora han llegado nuevas ex¡gencias francesas pidiendo imprecisas disciplinas de producción de vino, cuotas y prohibición del coupage (mezcla principalmente de vinos blancos y tintos).