Una reforma agraria parcial y dependiente

El proyecto de reforma agraria presentado oficialmente en Carmona por Rafael Escuredo en el pasado mes de octubre, y elaborado por un equipo de especialistas, que coordinó el consejero de Agricultura de la Junta, Miguel Manaute, significó más la elección de un modelo racionalizador de la actividad agraria en Andalucía que un proyecto de cambio radical de la estructura productiva y de la propiedad de la tierra en la región. Hasta ahora el término reforma agraria venía siendo sinónimo de cambio de propiedad, que podía pasar a manos públicas o bien privadas, pero distintas de las anteriores. El proyecto defendido por el Gobierno andaluz se refiere sustancialmente al derecho de uso de la tierra, y sólo en último caso, y para tierras muy determinadas, afectaría al derecho de propiedad.El proyecto de reforma agraria persigue aumentar la productividad de las explotaciones agrarias mediante la comparación de los índices medios comarcales de productividad con las fincas en concreto. Los mecanismos de actuación, una vez establecidos los niveles productivos, van desde la expropiación de las fincas cuya relación salga claramente desfavorecida hasta la creación de un impuesto especial para las tierras que puedan considerarse como explotables dentro de los niveles medios de rentabilidad, pero por debajo de sus posibilidades reales.

El marco legal del proyecto de ley es el apartado sobre comarcas mejorables de la ley de Reforma y Desarrollo Agrario y la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables. El instrumento para su realización sería la creación de un Instituto Andaluz de Reforma Agraria, que prepararía los estudios técnicos necesarios para la materialización del proyecto y que gozaría de la titularidad de las tierras que pasen a ser propiedad de la comunidad autónoma, así como de la de los derechos sobre las que sean arrendadas forzosamente. La pieza clave para poder llevar a cabo el experimento serían las transferencias que la Administración central tiene que hacer en materia de competencias del Icona y del IRYDA.

Las críticas al proyecto de reforma agraria surgieron desde todas las posiciones políticas. Para los empresarios andaluces es una injerencia en la libertad de empresa, y se criticó el anuncio de que la mayor parte de las fincas de Rumasa no vinculadas directamente al sector vinícola no serían reprivatizadas. Los sindicatos de trabajadores andaluces señalaron la escasa incidencia real del proyecto, debido a la laboriosidad de los trabajos necesarios y por el escaso uso que se pretende hacer de las posibilidades expropiatorias que marca la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables. En definitiva, fue criticada la escasa repercusión del proyecto sobre la realidad social de Andalucía.