El control de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, importante fuente de problemas para el presidente andaluz

La batalla en torno al control de la Exposición Universal de 1992 es un factor más en la difícil situación política a la que ha llegado el presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo. El líder andaluz cree ver la mano oculta de algún dirigente socialista tras las investigaciones periodísticas sobre los motivos de su oposición al candidato gubernamental al comisariado de la Expo-92, Ricardo Bofill, según comentó recientemente a dos periodistas de EL PAIS.

En esa conversación, Escuredo se abstuvo de mencionar el nombre de su supuesto enemigo político, Esa tesis coincide, no obstante, con la expresada posteriormente por algunos medios informativos andaluces, que, a raíz de los informes publicados por este periódico en torno a la polémica sobre la Expo-92, señalaron al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, como autor de la supuesta filtración de datos comprometedores para Escuredo.En dichos informes -centrados en hechos y no en especulaciones- se exponían una serie de datos sobre los intereses económicos existentes en torno a la Expo-92; la configuración de un grupo promotor de la concesión a España de dicha exposición, realizada sobre la base de un proyecto que exigiría inversiones superiores a los 300.000 millones de pesetas (más que el programa FACA, por ejemplo); el "trato preferente" dado por la compañía Dragados y Construcciones a Rafael Escuredo para la construcción de su nueva residencia privada, y la pugna política en el seno del Gobierno y del partido socialista sobre la designación de Ricardo Bofill.

Cinco a uno

La existencia de esta pugna entre Escuredo y otros dirigentes socialistas (al parecer, Alfonso Guerra y Luis Yáñez) salió a la luz precisamente como consecuencia de la posición pública adoptada por el presidente de la Junta de Andalucía en la cuestión del comisario de la Expo-92. Las investigaciones realizadas permitieron determinar que seis dirigentes del socialismo andaluz, situados en los máximos cargos del Gobierno central, de la autonomía andaluza y de la ciudad de Sevilla, trataron durante meses de encauzar los problemas relacionados con la organización de la Expo-92.Cinco de dichas personas (Felipe González, Alfonso Guerra, Luis Yáñez, José Rodríguez de la Borbolla y Manuel del Valle) llegaron a un consenso sobre el nombre de Ricardo Bofill; Escuredo fue el único que se opuso, siempre en privado. Al aplazarse el nombramiento del Consejo de Ministros, Escuredo rompió su mutismo público y calificó de "error político" la posibilidad de que Bofill fuera designado para el cargo, al tiempo que lamentó coincidir en ello con la derecha.

Al interés y curiosidad despertados por esta coincidencia lamentada se unió la confusión sobre si el Gobierno había aprobado o no el reglamento general de la Expo-92, que concede plenos poderes al comisario general. Seis días después de celebrado el Consejo de Ministros en el que se aplazó el nombramiento, Escuredo afirmaba que dicho reglamento no había sido aprobado y que iba a ser una batalla "aún mayor" que la del candidato. Sin embargo, el 9 de febrero fue promulgado dicho texto y la batalla por el mismo quedó en nada. Para algunas personas, un comisario investido con plenos poderes relegaría a segundo plano las decisiones de la comunidad autónoma y establecería un nuevo poder, subordinado sólo al Gobierno central.

Escuredo marchó ayer a Madrid con la intención de colocar al Gobierno central ante el dilema de apoyarle o enfrentarse al peligro de una pérdida devotos andalucistas -según fuentes del PSOE andaluz-, lo cual podría suceder si Escuredo abandona la presidencia de la Junta.