Trabajo estudia las soluciones legales para desbloquear el convenio de la banca privada

El Ministerio de Trabajo se encuentra estudiando las soluciones legales para superar la situación creada en el convenio de banca el pasado año por la falta de acuerdo entre sindicatos y AEB (Asociación Española de Banca Privada). La posibilidad de hacer extensivo al sector de banca el convenio suscrito en el Banco Exterior de España presenta serias dificultades jurídicas, al existir un acuerdo previo entre dos de los negociadores, CC OO y la patronal. La falta de acuerdo sobre el convenio, además de suponer para otros sectores un precedente que hipoteca la negociación colectiva, acarrea el problema de la base sobre la que negociar los nuevos incrementos: el salario real existente en 1983 o el que resultaría al aplicar la subida unilateral de la AEB.

El convenio de banca privada, que afecta -a 170.000 trabajadores, se inicia con el precedente de una revisión salarial no pactada, que agrava las dificultades para llegar a un acuerdo sobre el incremento salarial de este año. Hasta el momento, el inicio de las negociaciones está a la espera del acuerdo definitivo entre los sindicatos sobre la composición de la mesa. Si la patronal mantiene una postura dura en torno a aumentos económicos, vinculados éstos a posibles acuerdos sobre Jornada partida y movilidad funcional y geográfica, los sindicatos -CC OO y UGT, esencialmente- mantienen posturas encontradas sobre estos aspectos.La AEB anunció su disponibilidad a negociar el convenio a partir del 24 de enero pasado. Los sindicatos, con excepción de CC OO, han pedido la primera reunión para hoy o mañana, pero la patronal considera anómalo que esta convocatoria no haya sido suscrita por todas las organizaciones representativas.

La composición de la mesa negociadora cobra un especial significado, y las diferencias en este sentido son un argumento para el retraso efectivo de las negociaciones. UGT mantiene un total de 14, de ellos, cinco suyos, cuatro de CC OO, tres de FITC (Federación Independiente de Trabajadores del Crédito) y uno respectivamente, de INTG (Intersindical Nacional de Trabajadores Gallegos) y de ELA-STV (Solidaridad de Trabajadores Vascos). CC OO defiende uno más, con la misma representatividad en la mesa que la central socialista. La importancia del porcentaje es que un acuerdo no unánime necesita, por la parte sindical, de nueve votos, y, ante esa posibilidad, un voto más en la mesa puede resultar decisivo.

El punto de partida de la patronal es ofrecer para este año el 5% o el 5,5%, como máximo, si no hay contrapartidas, ya que los "deslizamientos salariales en el sector superan los dos puntos". Si hay acuerdo -contemplado éste en coincidencias sobre jornada partida y movilidad funcional y geográfica- "se entrará a negociar los precios distintos de cada contrapartida", según declaró ayer un representante de la AEB. CC OO pide un 10,65% de incremento, oferta en la que se incluye la recuperación de lo perdido en 1983 y la posibilidad de negociar la jornada partida.

Vacío legal

La aplicación a cuenta del 9,5% de subida, adoptada unilateralmente por la patronal AEB el pasado año, no resuelve la base sobre la que ha de negociarse este año, pues el incremento aún no está consolidado en el salario y, por tanto, abre un nuevo frente de discrepancia. Los motivos de la conflictividad del año pasado, que desembocó en dos tramos de huelga mayoritariamente secundada, subsisten.El vacío legal por la supresión, del laudo y la falta de un mecanismo de arbitraje para los casos en que subsiste falta de acuerdo en la negociación colectiva plantea un serio precedente para el convenio de banca, que los empresarios pueden hacer extensivo a otros sectores. Este año son varias las empresas que ya han iniciado esta práctica, que, además de una medida de presión contra las movilizaciones obreras, como esgrimen los sindicatos, supone instaurar los desacuerdos como algo habitual en la negociación colectiva. La supresión de los mecanismos de arbitraje y laudo enquista estas situaciones, de difícil solución jurídica en la actualidad, y preocupa notablemente a los sindicatos por lo que supone de hipoteca a su intervención en la negociación colectiva.

Los servicios jurídicos de las centrales sindicales estudian para estos supuestos la posible extensión de otro convenio a la empresa o sector donde haya sido imposible alcanzar un acuerdo. En el caso de banca, los intentos de UGT de solicitar la intervención de la Administración o la extensión de otro convenio -en este caso, el del Banco Exterior de España- no han fructificado y se enfrentan al inconveniente de que hubo un acuerdo parcial entre CC OO y la patronal bancaria para la revisión del convenio del pasado año. El acuerdo -a pesar del referéndum celebrado, que dio mayoría a la propuesta de CC OO- no fue puesto en práctica, pero sirve para mantener la división sindical, "difícil de superar", según diversos dirigentes sindicales del sector.