Una historia de optimismo electoral

La historia de la ley de saneamiento de las haciendas locales está íntimamente ligada al acceso del PSOE al Gobierno tras las elecciones de octubre de 1982. Después de apoyar durante años anteriores ante el poder central las reivindicaciones financieras de los grandes y medianos ayuntamientos, derivadas sobre todo de los problemas del transporte y del agotamiento de la capacidad recaudatoria de algunos impuestos locales, los socialistas presentaron un panorama excesivamente optimista, a juzgar por lo ocurrido desde entonces.Básicamente, querían hacer realidad el mandato constitucional de dotar de autonomía financiera a los organismos locales. Para ello, prometieron amortizar los déficit pendientes -más de 100.000 millones de pesetas-, elevar hasta el 12% la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado, y dotarles de un engranaje fiscal que complementara el saneamiento. Se trataba, en síntesis, de situar la actividad y autonomía locales a niveles europeos, de tender a una especie de Estado de los ayuntamientos.

Retrocesos

Al llegar al Gobierno, con la perspectiva de unas elecciones municipales en mayo del año siguiente, los socialistas elevaron del 6,5% al 8% la participación de los municipios en los impuestos no cedibles del Estado, que luego han bajado al 7,23% para 1984 (unos 234.000 millones de pesetas). También anunciaron que en los primeros meses de 1983 se aprobaría en las Cortes una ley de saneamiento de las, haciendas municipales, para que el Estado enjugara todos los déficit acumulados en los años 1980, 1981 y 1982, y una serie de mecanismos de financiación de los déficit posteriores basados en la posibilidad opcional de aplicar recargos en el impuesto sobre la renta.Se trataba de una norma puente hasta la definitiva aprobación de un tercer núcleo de medidas: la ley de Financiación de las Haciendas Locales, que el Gobierno ha prometido remitir a las Cortes esta próxima primavera.

El día 15 de febrero, el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, anunció en una comparecencia en el Senado que el Estado estaba dispuesto a asumir la totalidad de los déficit acumulados por los ayuntamientos desde 1979 hasta diciembre de 1982, lo que suponía, según manifestó a este periódico, alrededor de 100.000 millones de pesetas. Rápidamente, el Ministerio de Hacienda se preocupó de rebajar esa cifra y, por su parte, la Federación Española de Municipios, de aumentarla hasta 120.000 millones.

Sin embargo, en septiembre se supo que el Gobierno únicamente iba a destinar a este asunto en 1984 una partida presupuestaria de 35.000 millones de pesetas. La conmoción y el malestar que la noticia produjo fueron rápidamente contrarrestados; el Gabinete se comprometió con los ayuntamientos a cubrir en los Presupuestos de años sucesivos la totalidad de los déficit hasta finales de 1982, al tiempo que el Grupo Socialista del Congreso enmendó el proyecto de ley de saneamiento, duramente contestado por la oposición, para incluir la posibilidad de recargos en la contribución territorial urbana y en la rústica y pecuaria.