Los recargos fiscales municipales afectarán este año a cinco millones de personas, que pagarán 10.000 millones de pesetas

El próximo lunes se cumplirá un mes desde que los ayuntamientos españoles -unos 8.000- quedaron autorizados a imponer recargos fiscales, que afectarán, por las decisiones adoptadas ya, a más de cinco millones de habitantes de un centenar de municipios. La gran mayoría se concentran en 27 núcleos medianos -entre 700.000 y 50.000 habitantes-, que subirán al menos el impuesto sobre la renta. Pero esto apenas costará a los afectados durante 1984 unos 10.000 millones de pesetas, pagaderos con la próxima declaración de renta. Las grandes ciudades, en especial Madrid y Barcelona, víctimas de buena parte de los 100.000 millones de pesetas largos de déficit arrastrados desde 1979 a 1982, confían más en su capacidad de presión política y no aplicarán todavía los recargos; pedirán ayudas al Estado.

La ley de saneamiento financiero que autorizó los recargos y arbitró un mecanismo para las subvenciones y créditos destinados a cubrir dichos déficit no pone límite a la posibilidad de que los ayuntamientos aumenten la cuota líquida del impuesto sobre la renta (resultado de aplicar a los ingresos anuales del contribuyente la tarifa del impuesto y de descontar todas las deducciones, salvo las retenciones sobre el trabajo o el capital). En la práctica, los que han aprobado aumentos cargarán a cada vecino una media de 1.200 pesetas, lo que supondrá poco más de 6.000 pesetas por declarante.Pero ocurre que, de momento, han descartado los recargos ciudades tales como Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza y Oviedo, en las que se concentra casi la mitad de la población declarante, próxima a siete millones de unidades familiares. Los ayuntamientos medianos que los utilizarán en 1984 (por la renta de 1983), relacionados en el cuadro adjunto, reúnen 5,2 millones de vecinos y sólo un millón de declarantes, la séptima parte del total. Otra treintena de municipios del mismo tamaño los han rechazado.

Se da la circunstancia de que, excepto Bilbao, Zaragoza y Oviedo, son dichas grandes ciudades las que absorben cerca de dos terceras parte de los déficit acumulados de 1979 a 1982, originados principalmente por los transportes públicos, cuya diferencia entre ingresos y gastos también acucia, pero en menor medida, a, Sevilla, Las Palmas, Santander y otras poblaciones medias que sí han aprobado recargos. En opinión de los expertos consultados, esto quiere decir que las grandes ciudades confían más en su capacidad de presión política para solucionar sus problemas financieros. Y no quieren soportar el coste psicológico y político que todo aumento de presión fiscal comporta.

De hecho, Madrid y Barcelona se han mostrado dispuestas, sin embargo, a acogerse a la otra parte de la norma: la posibilidad de subvenciones y créditos para amortizar los déficit acumulados desde 1979 (año desde el que no se liquidan), pese a que califican de draconianas las contrapartidas exigidas. El déficit de la capital de España hasta 1982 asciende a 18.000 millones, y el de la Ciudad Condal, a casi 23.000.

Aunque la ley fijaba un plazo de tres meses para formalizar las peticiones de subvenciones y créditos, oficialmente Hacienda, que carece todavía de datos pormenorizados sobre el impacto de la medida, ha recibido sólo cuatro peticiones, según fuentes oficiales. Por el contrario, en medios informados se indica que un centenar de ayuntamientos han aprobado o decidido aplicar los recargos, con o sin petición de saneamiento financiero. La mayoría son pequeños -menos de 50.000 - habitantes, porque un sondeo de la Federación de Municipios, efectuado entre las 69 mayores ciudades, indica que sólo 27 incrementarán el impuesto sobre la renta.

Eco dispar

De entre estos ayuntamientos, por el volumen de su población o el porcentaje de recargos previsto, únicamente tendrán cierta repercusión recaudatoria las decisiones de los de Sevilla, con 1.200 millones de pesetas de ingresos previsibles; Santander, con 800 millones de pesetas; Las Palmas, con 600 millones; Valladolid, con 400 millones de recaudación, y Santa Cruz de Terife, con 380 millones de pesetas esperados.

En conjunto, estas cinco ciudades, tres de las cuales -Sevillla, Las Palmas y Santander- tienen déficit estructural en los transportes, reúnen más de la mitad de la recaudación prevista- en la subida del impuesto sobre la renta. En teoría, hay más de 700.000 millones de pesetas de recargos a disposición de los ayuntamientos para solucionar sus problemas (la cuota íntegra del impuesto, menos el medio billón de pesetas de deducciones aplicadas en toda España sobre la misma); pero la realidad es que, salvo en casos de problemas acuciantes y desesperanza política, las corporaciones endeudadas prefieren recurrir al Estado.

Entre el centenar de ayuntamientos dispuestos a gravar la cuota de renta, hay una gran diversidad de comportamientos. Es de notar que si la oposición conservadora criticó en el parlamento la vía que se abría al posible despilfarro, se ha dado el caso de que uno de los ayuntamientos que más han cargado -Santander- está gobernado por dicho signo político. Por lo demás, las subidas aprobadas van desde el 0,5% de la cuota en Alicante hasta el 40% aplicado por un municipio pequeño.

Asimismo, unos han subido renta y no las contribuciones, y otros, alguna o los dos tipos de éstas y no la renta. En las ciudades medianas, como es lógico, han utilizado la urbana; es el caso de Madrid, con un 23,5% de gravamen en la urbana; Palma de Mallorca, con un 2,5%; Tarrasa, con un l6%; Alcalá de Henares, con un 5%, y Pontevedra, con un 5%. En los pueblos pequeños y agrícola, la rústica.

La ley apareció el 22 de diciembre de 1983 en el Boletín Oficial del Estado, tras su aprobación en las Cortes con el voto negativo del Grupo Popular. El compromiso del Gobierno de enjugar los déficit acumulados hasta 1982 se extiende tanto a los presupuestos de las entidades locales como, a los organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia que dependan exclusivamente de aquéllas.

Sólo cuando reclamen subvenciones o ayudas, la ley señala que, una vez efectuados dichos trámites, técnicos de Hacienda practicarán una auditoría sobre la situación económico-financiera a 31 de diciembre de 1982 "y cifrarán el déficit real que presente".