Las condiciones impuestas frenan la aceptación del saneamiento local

Entre las razones que han llevado a los grandes ayuntamientos con déficit a no acogerse a las ayudas previstas en la ley de saneamiento destacan, precisamente, las contrapartidas exigidas. La más importante, por su efecto social y económico, es la congelación de plantillas y salarios."Quedarán congelados", dice el artículo 5º de la ley, "los efectivos de personal funcionario, laboral y contratado de las entidades locales y de los organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia que dependan exclusivamente de aquéllas. existentes a la entrada en vigor de la presente ley, en lo relativo al número de plazas o puestos de trabajo y a su provisión, salvo que la corporación hubiese acordado la creación o ampliacion de aquellos servicios que estimara de interés para la atención de las necesidades colectivas, siempre que la financiación de los mismos se efectúe con recursos propios". De "gravemente lesivo para el principio de autonomía municipal" calificó este precepto la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) -donde es mayoritario el PSOE-, en su Il Asamblea celebrada en Barcelona.

Comparte básicamente este criterio Juan Barranco, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y secretario de política municipal del PSOE, madrileño para quien el artículo 5º de la ley "presenta aspectos poco claros y delicados que precisan aclaración.

Para curarse en salud, Barranco convocó -con uso incluso de motoristas- un pleno urgente del Ayuntamiento de Madrid, y 24 horas antes de la entrada en vigor de la ley logró que la corporación aprobara un plan de ampliación de la plantilla del Ayuntamiento de Madrid de 1.060 nuevos funcionarios hasta el año 1987.

Al pleno no asistieron los concejales del Grupo Popular; uno de ellos, Carlos López Collado, secretario general adjunto de política municipal de AP, califica la actuación de Barranco como "propia de la más desvergonzada picaresca". Para López Collado, la exigencia de congelación de plantillas "supone una crítica indirecta del Gobierno a la gestión de los grandes ayuntamientos, la mayoría socialistas que en los últimos cinco años han llevado a cabo un crecimiento desmedido de sus plantillas. Me parece injusto que por una actuación desorbitada de algunos ayuntamientos se penalice a otros con necesidades reales de nuevo personal".