Los límites al salario y los límites al empleo

EL GOBIERNO ha fijado, a través de los Presupuestos Generales del Estado, un incremento máximo del 6,5% en las remuneraciones de los funcionarios y trabajadores del sector público. Este tope no se limita a la Administración del Estado propiamente dicha, sino que se extiende incluso a todas las empresas del Instituto Nacional de Industria o del Patrimonio dedicadas a la producción de bienes y servicios.La contención salarial en el sector público es una pieza de la estrategia antiinflacionista diseñada por el Gobierno para 1984. Por un lado, se pretende que el incremento del índice de precios al consumo no supere el 8%, y por otro, se intenta una contención del gasto público como elemento clave en la reducción del déficit. Asimismo, al fijarse un tópe salarial del 6,5% se está dando una indicación al sector privado para que las alzas salariales convenidas para este año dispongan de un elemento de referencia.

El esquema de negociación global entre las patronales y los sindicatos obreros tiene en España la fuerza que la costumbre proporciona a los hábitos sociales. Un acuerdo marco disminuye los contenciosos entre las partes en litigio y evita muchos de los costes inherentes a un proceso de tensiones y forcejeos que cristalizan en huelgas o cierres patronales. Sin embargo, una negociación de estas características establece unos topes mínimos que deben ser respetados por el patrono y perjudica con ello el margen de maniobra de aquellas empresas que se encuentran en apuros. En la medida en que los topes de convenio son más altos aumenta el riesgo de elevar el número de trabajadores que no pueden ser contratados: es obvio que el nivel de salarios tiene una influencia importante en el volumen de empleo. Y aunque no pueda asegurarse que una contención salarial genere de por sí nuevos puestos de trabajo, resulta evidente que peticiones que resulten excesivas por referencia a los datos establecidos por el Gobierno tienden a desfigurar el proyecto de éste para la solución de los problemas económicos y la generación de empleo.

La importancia de la relación salarios-empleo es aún mayor si se tiene en cuenta que en España la población activa crece a razón de 70.000-100.000 personas al año, mientras el desarrollo económico continúa prácticamente estancado. En 1983, que no ha sido un año catastrófico en términos de crecimiento de la producción, el número de ocupados en los nueve primeros meses ha descendido en 42.000 trabajadores, prácticamente lo mismo que ocurrió en el mismo período de 1982. El paro, como consecuencia del mayor aumento de la población activa, ha crecido en 100.000 personas en los tres primeros trimestres, y a finales del pasado mes de septiembre se elevaba a la escalofriante cifra de 2.335.000 personas.

El Gobierno, ante esta dramática situación, no tiene otra alternativa política que la elección de una estrategia que desemboque en un aumento del empleo. Se busca contener el déficit público a través de la moderación salarial, pero los incrementos en los gastos de pensiones, prestaciones de desempleo, transferencias a empresas públicas en pérdidas, subvenciones y otros gastos son de tal naturaleza, que los ingresos serán insuficientes para cubrirlos y será preciso acudir al ahorro privado para financiar el déficit. El aumento de la deuda pública ejerce a su vez una presión sobre el ahorro que encarece el precio del dinero y, e consecuencia, los costes de financiación de las empresas. En estas circunstancias, si no se produce también en el sector privado una moderación coherente en las alzas salariales -incluso en sectores productivos y en empresas concretas capaces de mejorar los índices deseados por el Gobierno-, cualquier proyecto de inversión se irá al garete, y con ello, la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo y un crecímiento económico que inicie. el relanzamiento.

Para entender la gravedad de la situación actual conviene recordar lo sucedido en el período 1970-1982 con los costes salariales. En esos 12 años, los salarios por persona ocupada en la industria experimentaron un incremento del 900%, mientras que el índice de precios industriales subió un 358%; es decir, el coste laboral real en la industria se incrementá a lo largo del período en un 120%. La generalización de un proceso de negociación colectiva en el que se ha conseguido mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores ha sido a costa de reducir los márgenes de explotación de las empresas, porque los otros costes, por ejemplo materias primas o productos energéticos, crecían también más rápidamente que los precios de los productos industriales elaborados. El resultado final ha consistido en que las empresas han reaccionado reduciendo sus efectivos y sustituyendo trabajo por maquinaria y equipos. Las mejoras coyunturales de algunos sectores asalariados han contribuido a la creación de condiciones en las que cada día resulta más difícil, en el sistema económico en el que España se desenvuelve, lacreación de nuevos puestos de trabajo. Los aumentos impositivos y la rigidez del sistema de contratación, así como el peso de la Seguridad Social, han llevado además a numerosos sectores a practicar la economía sumergida o golfa, que hay quien calcula asciende ya a cerca del 20% del producto interior bruto.

En definitiva, en España, como ha sucedido en casi toda Europa, los incrementos salariales, los aumentos por cualificación y antigüedad en el puesto de trabajo, así como otros costes extrasalariales, han tenido una influencia decisiva en la caída del empleo y en el aumento del paro. Una de las secuelas automáticas ha sido un incremento rapidísimo en las prestaciones de la Seguridad Social para cubrir el seguro de desempleo y el incremento de pensiones por jubilaciones anticipadas. La presión de ello sobre el mantenimiento de los déficit públicos configura la espiral sin salida aparente a la que se ven enfrentados los Gobiernos.

Aunque el Gobierno ha afirmado su propósito de mantenerse al margen de la negociación salarial entre patronales y sindicatos, sigue siendo el principal responsable de la política de empleo. En una economía de signo mixto, en la que el mercado tiene influencia relevante, sólo una recuperación de los niveles de beneficios puede incitar a la inversión productiva, que es, a su vez, la única capaz de generar un crecimiento sostenido del empleo y del producto. Éste es, probablemente, el mensaje que las autoridades económicas han querido transmitir a los negociadores privados cuando les han precedido a la hora de fijar un tope máximo para las remuneraciones en el sector público. En un plano general, el Gobierno parece sustentar la convicción de que un nivel salarial superior a la tasa de inflación del 8% prevista para 1984 volverá a tener efectos negativos en el empleo e incrementará las ayudas y prestaciones en los gastos del sec tor público. Si las organizaciones empresariales y los sindicatos se desentienden de este mensaje, aunque con sigan un acuerdo mutuamente satisfactorio, perderán una gran parte de su autoridad moral a la hora de reclamar una contención del gasto público o un aumento del número de puestos de trabajo.