Cinco países centroamericanos se comprometen a efectuar un inventario de instalaciones militares con vistas al desarme

Cinco países centroamericanos se comprometieron el pasado fin de semana, durante una reunión celebrada en Panamá bajo los auspicios del grupo de Contadora, a realizar antes del 30 de abril un inventario de los armamentos y las instalaciones militares que existen en su territorio con el fin de discutir más adelante un efectivo desarme regional. Entre los acuerdos destaca la elaboración de un censo de asesores extranjeros, con miras a su reducción gradual, y el compromiso de poner término a toda colaboración con organizaciones guerrilleras que pretendan derrocar a otros Gobiernos.

El lenguaje de Contadora desciende así de la filosofía moral al terreno de lo concreto, pero este catálogo de buenos propósitos carece aún de fuerza ejecutiva. Su aplicación depende únicamente de la buena voluntad de cada Gobierno, de la que no hicieron mucho uso hasta el presente. Los instrumentos jurídicos capaces de obligar bajo amenaza de sanciones quedaron pospuestos para futuras conferencias.El presidente panameño, Ricardo de la Espriella, que encabezó la presentación del texto final -bajo el complicado título de Normas para la ejecución de los compromisos asumidos en el documento de objetivos-, destacó que se había dado un paso firme hacia la paz permanente en Centroamérica. En idénticos términos se expresaron los cancilleres del grupo de Contadora, aunque ninguno ocultó la urgencia de instrumentar tratados internacionales que garanticen el cumplimiento de estos acuerdos.

Sobre el texto que redactaron a mediados de diciembre los cancilleres del grupo de Contadora, se introdujeron algunas correcciones de estilo, aunque se eliminó íntegramente la primera propuesta, que hacía referencia a una moratoria en la adquisición de armamentos a partir del 29 de febrero. Esta decisión quedó aplazada hasta que se presente, el 30 de abril, un inventario de arsenales.

Guerra informativa

A pesar de la guerra informativa que se desarrolló en los pasillos de la conferencia, y que tuvo como protagonista al ministro hondureño Edgardo Paz, todos coincidieron en que el debate fue menos caliente de lo acostumbrado. Así lo proclaman las escasas modificaciones introducidas.

Edgardo Paz insistió hasta el último momento en que el plan alternativo presentado por él, con el apoyo de sus colegas de Costa Rica y El Salvador, había servido como base de discusión. Reiteró el canciller guatemalteco que respaldaba este texto, aunque el propio Fernando Andrade lo había desmentido en varias ocasiones.

El afán de protagonismo del canciller hondureño, que en todas las reuniones ha tratado de aparecer como el gestor de la paz frente a un supuesto belicismo nicaragüense, quedó esta vez en evidencia. Al finalizar la reunión declaró que los compromisos adquiridos para nada afectan a la realización de las maniobras militares Ahuas Tara III, que, con participación de 5.000 soldados norteamericanos, deben iniciarse en marzo, inmediatamente después de la evaluación de los ejercicios Ahuas Tara II, que se ejecutan desde agosto.

Los Gobiernos de Honduras y EE UU parecen acogerse a la fórmula de maniobras militares perpetuas para soslayar el compromiso de reducir el número de asesores extranjeros. Con caracteres de rabieta, Edgardo Paz afirmó que también Panamá efectúa ejercicios conjuntos con EE UU y que su país no va a renunciar a. convenios suscritos con Washington hace 30 años.

A partir de estas posiciones, no caben optimismos sobre el cumpli-, miento de las normas firmadas a última hora del domingo. Las cláusulas relativas a celebración de elecciones libres en cada país con participación de todas las opciones políticas y la apertura de procesos de reconciliación interna están aún muy lejos del horizonte político previsible en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, cuyos respectivos Gobiernos rechazan sistemáticamente todo diálogo con las organizaciones guerrilleras.