Comienzan los procesamientos contra los jefes militares argentinos involucrados en la represión

La justicia argentina emitió ayer una orden de busca y captura contra el ex presidente Reynaldo Bignone, a quien se imputan responsabilidades por la desaparición de dos jóvenes reclutas comunistas, y decretó oficialmente el procesamiento de los nueve miembros de las Juntas Militares argentinas, tres generales, tres almirantes y tres brigadieres de la Fuerza Aérea, que gobernaron el país durante la etapa de represión generalizada contra militantes políticos, sindicales y ciudadanos de todas las edades y condiciones sin adscripción política.

Las medidas implican el comienzo de la acción judicial contra los más altos dignatarios de Argentina involucrados en la represión, así como la aplicación práctica de los propósitos de hacer justicia anunciados por el presidente constitucional, el civil Raúl Alfonsín. Reynaldo Bignone, antecesor de Alfonsín en la presidencia argentina, no acudió a las cita exigida por una orden judicial en este sentido, emitida recientemente por el juez César Oliveri, que instruye el sumario de un caso de desapariciones de dos soldados, durante su mandato presidencial.Asimismo, Bignone tenía que declarar ayer en el proceso que se sigue para esclarecer la desaparición del químico Fernando Giorgi, acaecida durante el mandato del ex presidente, pero el abogado de Bignone, el ex ministro de Justicia Lucas Lennon, justificó la ausencia de su defendido ante el juez instructor en virtud de la enfermedad de su esposa.

Por otra parte, tras una medida adoptada por el ministro de Defensa, Raúl Horras, los nueve jefes militares que formaron parte de las tres Juntas Militares que gobernaron anteriormente el país, comenzarán a comparecer a partir de ahora ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que instruye las diligencias de su procesamiento. Se trata de los generales Jorge Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri, del ejército de Tierra; los almirantes Emilio Massera, Armando Lambruschini y Jorge Isaac Anaya, de la Marina; y los brigadieres Omar Graffigna, Ramón Agosti y Basilio Lami Dozo.

Julio Viaggio, vicepresidente de la Liga Argentina de los derechos Humanos, presentó ayer ante los jueces argentinos una querella contra el general, Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares, a quien se atribuyen responsabilidades por el secuestro, tortura y muerte de un muchacho de 14 años, Floreal Carlos Avellaneda, y por el secuestro de la madre de éste, Iris de Avellaneda.

Viaggio señaló que el adolescente fue secuestrado el 15 de abril de 1976, y que fue trasladado posteriormente a dependencias bajo el mando de Omar Riveros. Un mes más tarde, el cadáver del muchacho apareció flotando en aguas del Río de La Plata, con manos y pies fuertemente amarradas. El ano del adolescente estaba completamente destrozado y sus genitales mostraban pruebas de haber sido manipulados mediante "feroces torturas", según el vicepresidente de la Liga de los Derechos Humanos.

Las Madres de la Plaza de Mayo, por su parte, denunciaron ayer la destrucción de numerosos documentos y pruebas de la participación de jefes militares en la desaparición, tortura, muerte y enterramientos secretos de centenares de argentinos.