Felipe González sigue gobernando en 'estado de gracia', pese al embate del terrorismo y a la crisis económica

El 30 de noviembre se celebró el último Consejo de Ministros. A la mesa se sentaban las mismas caras que el 3 de diciembre de 1982 posaban junto a Felipe González a la puerta de la Moncloa, tras jurar su cargo ante el Rey. Por segunda vez desde el inicio de la transición política un mismo Gobierno ha durado más de un año. Éste equipo lleva visos de seguir, ya que ni el terrorismo, ni la crisis económica, ni la revisión a la baja M programa socialista en muchos aspectos, parecen haber roto el estado de gracia con que comenzó su gestión, respaldada por 10 millones de votos. El regalo de primer aniversario del Consejo de Ministros a los españoles decretando una subida del 10% de la gasolina, así como la aprobación del decreto de reindustrialización (unos 60.000 puestos de trabajo menos) y la liberalización de los contratos de trabajo, es un indicador de la confianza en sí mismo del equipo gubernamental.

A lo largo de estos 12 meses el Gobierno de Felipe González ha tomado decisiones y ha dejado de tomar otras que, si bien han provocado un rechazo en instituciones o sectores concretos, no se han traducido en una oposición generalizada al proyecte, gubernamental ni han generado una alternativa. Hoy por hoy, el PSOE sigue doblando a la coalición de Manuel Fraga en expectativa de voto, y el 72% de los votantes socialistas de 1982 volverían a hacerlo en el mismo sentido, según los datos de la encuesta Sofemasa publicada por EL PAIS el pasado domingo. Esa aceptación sumisa de la realidad se trasluce también en el dato de que el 52%. de la población piensa que, a un año de la llegada de los socialistas al poder, en España se vive igual, y sólo un 18%, mejor.El repaso de este primer año de gestión socialista podría hacer pensar, en cambio, en un desgaste mayor, especialmente en lo que respecta a la actuación en el campo económico, donde se ha producido un fundamental cambio de prioridades: el saneamiento de la econonomía -reconversión industrial, reducción del déficit público, lucha contra la inflación, contención salarial- ha desplazado a la lucha contra el. desempleo como primer objetivo, en contra de lo que se afirmaba en el programa electoral del PSOE. Frente a la promesa de la creación de 800.000 nuevos puestos de trabajo está el crecimiento de la tasa de desempleo desde el 16,53% en diciembre de 1982, al 17,3% en octubre pasado, lo que se traduce en unos 150.000 parados más.

Consecuencia de estos grandes objetivos son las subidas de precios y de la presión fiscal. La dureza de la actuación del Gobierno en esta materia puede concretarse en la subida de las gasolinas: bajo el mandato socialista la normal ha pasado de costar 65 pesetas a 87; la súper, de 71 a 93, y la bombona de butano, de 656 pesetas a 855. La presión fiscal, acompañada de mayores retenciones salariales, se ha incrementado en 1983 en un 1,4%, cuando en todo el período 1977-1982, el incremento fue del 4%.

El respaldo de las municipales

Algunas, de estas medidas habían sido adoptadas antes de mayo y para entonces ya se había trazado el rumbo económico a seguir -casi un plan de estabilización-, y sin embargo, en las elecciones municipales y autonómicas el PSOE repitió su barrida en las urnas del 28 de octubre de 1982. Las encuestas apuntan hoy al mantenimiento de ese respaldo, aunque acaso ya no por mayoría absoluta, y ello, a pesar de otras actuaciones' y pronunciamientos del Gobierno, que han provocado oposición abierta o descontento en sectores del electorado.El anuncio de la reconversión industrial ha provocado tensiones localizadas en las zonas que van a sufrir el impacto de la crisis (Sagunto, El Ferrol, Avilés) y un pulso sostenido con Comisiones Obreras. La permanencia de España en la Alianza Atlántica, aunque formalmente estancada; la difuminación creciente de la fecha de convocatoria del referéndum sobre el futuro de nuestra relación con la OTAN; la comprensión y el apoyo prestados por Felipe González al despliegue de los euromisiles y la ratificación, sin retoques significativos, del acuerdo de amistad y cooperación con Estados Unidos (no se ha cuestionado, por ejemplo, la presencia junto a Madrid de la base de Torrejón), merecen la sonora crítica de los grupos pacifistas y de la oposición de izquierda, y la más callada de un sector importante del PSOE.

El notable incremento de la actividad terrorista durante este año -40 víctimas mortales en los 10 primeros meses, frente a los 37 del año anterior- ha sido encajado por todos los estamentos de la sociedad sin ocasionar mayor desazón en los círculos militares que la provocada en los sectores mas sensibles al respeto a las libertades individuales por el envío al Parlamento de una ley antiterrorista que roza los límites constitucionales, después de la promesa de los socialistas de que abolirían la anterior ley Antiterrorista. El pueblo español ha reaccionado con masivas manifestaciones contra la violencia terrorista, y el Gobierno lo ha interpretado como un respaldo a su línea de dureza en la represión, iniciada con la redada del barrio del Pilar, y que culmina en episodios más próximos como la guerra sucia contra los etarras y la ley Antiterrorista.

La despenalización restringida del aborto para los tres supuestos concretos de malformación del feto, peligro de muerte para la madre o violación, abrió dos frentes de oposición: por un lado, la Iglesia católica, que se manifestó a través de un documento de la Conferencia Episcopal, que no fue más allá de lo que es la habitual posición del Vaticano; por otro, los movimientos feministas y la oposición de izquierda, que consideraron insuficiente el proyecto del Gobierno, a la vez que condenaban que la práctica del aborto legal quedara fuera de la Seguridad Social. Ni en uno ni en otro caso las críticas se extralimitaron.

Hasta el momento, las relaciones con la Iglesia, pese al aborto y a la llamada guerra de los catecismos, que acaso fue debida más a la torpeza gubernamental que a la obstinación de la Conferencia Episcopal, se han mantenido en un tono discreto. Felipe González fue recibido en noviembre por el Papa -se dice que cordialmente- y por los máximos responsables de la Curia. La ley de Educación (LODE), actualmente en debate en comisión en el Congreso, puede subir, en cambio, el tono del enfrentamiento.

El 'aprobado' de los empresarios

Tras un año de política de nombramientos continuista, manifestada en el mantenimiento de la misma Junta de Jefes de Estado Mayor nombrada en el difícil tiempo siguiente al golpe del 23-F, el Ejército ha recibido punto en boca la reforma que se pretende con la ley orgánica de la Defensa y que pone fin a cualquier pretensión de autonomismo militar frente al poder civil.El empresariado se queja amargamente de la presión fiscal; de precio del dinero; del déficit público, que detrae recursos del sector privado; de la rigidez del mercado de trabajo. Esta semana el presidente de la patronal de Madrid le daba un aprobado al Gobierno y un notable al presidente González. La gran banca, quejosa del incremento del coeficiente de caja en más de dos puntos -lo que supone, según ellos, una reducción del 2551. de sus beneficios-, apenas ha podido disimular su satisfacción por la más audaz, técnicamente discutida, y popularmente bien acogida decisión del Gobierno: la expropiación de Rumasa.

"Aunque nos hayan hecho mucho daño", manifestaba el jueves el presidente de uno de los siete grandes bancos españoles, "hay que reconocerle a los miembros del Gobierno que saben su oficio, se están enterando, van al toro y son capaces de enfrentarse a los problemas". Un Gobierno que gobierna, en la acertada formulación electoral de Felipe González. Esta valoración de un banquero acaso resuma la opinión de quienes desde cualquier estamento de la sociedad aceptan la gestión socialista, al margen de las discrepancias.

De los lemas electorales de Felipe González, "Un Gobierno que gobierne" es percibido un año después como una realidad (los españoles son, con mucha diferencia entre los ciudadanos de los principales países europeos, Estados Unidos y Japón, los que tienen menor sensación de pobre liderazgo político). Los otros, de "moralización de la vida pública", pese a las incompatibilidades; la "contención del gasto", pese a la reducción de sueldos del funcionariado, y "la administración abierta", desmentida por la práctica frecuente del clientelismo, siguen siendo una posibilidad en la que muchos todavía creen. También son muchos los que creen en un cierto tipo de cambio, al que acaso el propio Gobierno, está imprimiéndole un rumbo diferente al prometido.