El futuro del INI

EL INFORME preparado de manera conjunta por el Ministerio de Hacienda, el Patrimonio del Estado y el INI acerca de la política del Instituto Nacional de Industria establece como objetivo prioritario el equilibrio global de las cuentas de sus empresas en los próximos tres años. Sin un saneamiento financiero rotundo, se esfumaría cualquier posibilidad de crecimiento futuro e incluso resultaría difícil mantener los actuales niveles de empleo. La prolongación de la situación actual impediría, además, una redistribución de los recursos desde las industrias y empresas en decadencia hacia sectores y estructuras empresariales con futuro.El contribuyente, que todos los días se encuentra con alguna sorprendente noticia sobre política industrial (Sagunto, reconversiones anunciadas y paralizadas; Presur, con una nueva versión; programa nuclear, etcétera), se preguntará si ese informe es un nuevo gesto retórico o si representa el arranque de una estrategia para equilibrar los gastos e ingresos del primer grupo industrial español. Hoy por hoy, los hechos confirman que las pérdidas anunciadas del INI para 1983 llegarán a los 140.000 millones de pesetas; es decir, las cuentas anunciadas no presentan ninguna mejora respecto al año anterior.

El equilibrio financiero que se diseña en el informe tratará de conseguirse fundamentalmente mediante la reducción de los costes. Las mejoras en los ingresos se confían a una serie de expedientes menores: venta de empresas (desinversión) y actividades conjuntas con compañías privadas nacionales o extranjeras. Hay también una referencia al comercio de trueque como modalidad que permitiría utilizar la capacidad de compra como instrumento para promover exportaciones. Los ajustes más exigentes apuntan hacia unas plantillas hoy abundantes y costosas, así como al exceso de capacidad existente en industrias y sectores. El factor trabajo -obreros y técnicos- soportará una carga importante en los sacrificios del saneamiento. También las inversiones se reducirán. El problema del INI no es el crecimiento sino la consolidación, rentabilidad y competitividad de los equipos instalados.

El rumbo elegido es antipático, y sus costes sociales abundantes. Naturalmente no todos los sectores Pertenecientes al INI están en situación parecida y, en consecuencia, las fórmulas no podrán ser las mismas en todas las empresas. Ahora bien, en casi todos los sectores los costes de producción no son competitivos. En algunas empresas esa baja competitividad coincide con un exceso de capacidad. Las instalaciones y el personal empleado desbordan la actual dimensión del mercado.

Este panorama sombrío, para el que la búsqueda de soluciones resulta difícil, no debe hacer olvidar que el Estado ha tenido, tiene y seguirá teniendo un papel propio en el desarrollo industrial de España. Pese a su historia colmada de proyectos insensatos, socializaciones de pérdidas privadas, clientelismo político, despilfarro e irracionalidad económica, el INI el responsable en buena medida de nuestro actual nivel de industrialización. La capacidad técnica de los cuadros y de los obreros industriales españoles sería distinta -peor- sin la existencia del Instituto. Decisiones como la implantación en España de Ford o General Motors hubieran sido impensables sin un nivel previo de cualificación técnica de la mano de obra industrial española. En una perspectiva de futuro, el tránsito de la industria básica hacia los sectores de alta tecnología y servicios industriales y la competencia con los países industriales resultarían imposibles sin el apoyo del Estado y la presencia del INI.

La salida de: la crisis necesita un INI saneado y competitivo, capaz de financiar la mayor parte de sus actividades y con empuje suficiente para contribuir al tránsito desde la vieja hacia la nueva industria. La aceptación de una política industrial encaminada, primero, hacia el saneamiento financiero y, después, hacia el crecimiento precisa una estrategia adecuada. En primer lugar, habría que reducir en los próximos tres años las subvenciones a los sectores e industrias en los que el coste desorbitado e injustificado de la plantilla impida cerrar con equilibrio los ejercicios anuales. En segundo lugar, es necesario aceptar que los directivos de cada empresa son los profesionales encargados de su funcionamiento. Ni la cúpula del INI, ni el Ministerio de Industria, ni ningún otro ministerio tienen que cuestionar, como ha ocurrido en el pasado y a lo peor ocurre en el presente, de manera abierta o solapada la gestión de las personas responsables. Los consejos de administración de cada empresa deben ser quienes cumplan con el deber de apoyar o retirar la confianza de los ejecutivos. A un directivo incapaz se le despide, no se le resta autoridad mediante interferencias y solapamientos. En tercer lugar, los sindicatos de clase deben rechazar las pretensiones corporativistas de los colectivos de trabajadores de las empresas públicas, patrimonializadas en ocasiones por grupos que, amparados en las siglas de la UGT o de Comisiones Obreras, deciden por su cuenta convertirse en funcionarios públicos a efectos prácticos y redistribuir en su exclusivo beneficio los fondos presupuestarios asignados para mantener en pie compañías inviables.

Más allá de estas exigencias queda en pie otra cuestión fundamental: la independencia del INI, cuyo presidente y altos directivos deben ser nombrados o reclutados por sus dotes profesionales y no por la afinidad con los políticos de turno, como tantas veces ha ocurrido en la historia del Instituto.