Próxima regulación de la cláusula de conciencia y el secreto profesional

La futura ley orgánica reguladora del ejercicio del derecho a la libertad de expresión desarrollará los derechos constitucionales de los periodistas a la cláusula de con ciencia y el secreto profesional. Según Efe, el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Cultura establece también las condiciones que deben cumplir las empresas periodísticas y la difusión y circulación de material informativo, y deroga expresamente la ley de Prensa e Imprenta de 1966 —la llamada ley Fraga— y la ley de julio de 1982 sobre Inversiones Extranjeras en Empresas Editoriales. Fuentes del Ministerio de Justicia señalaron a éste periódico que la regulación citada se encuentra todavía muy verde.

Sobre el secreto profesional, el texto citado preceptúa que los periodistas tienen "el deber de abstenerse de revelar las fuentes de las noticias recibidas con carácter confidencial y el derecho a no revelar sus fuentes de información". Establece también límites a estos derechos y faculta a los jueces para exigir la declaración de las fuentes "cuando sea imprescindible para la determinación de la responsabilidad penal" en los delitos que se acuerden con el Ministerio de Justicia. En lo que se refiere a la cláusula de conciencia, el anteproyecto prevé que los periodistas podrán rescindir su relación laboral, con derecho a la indemnización fijada para el caso de despido improcedente, si se produce un cambio sustancial en la orientación ideológica de la empresa, "siempre que prueben que tal cambio de orientación es contrario a sus convicciones esenciales".

El derecho a difundir ideas y transmitir informaciones, sin sujeción a censura previa, y a constituir o participar en empresas mercantiles con ese fin se establece en el anteproyecto para todos los ciudadanos, y se señala que "la Administración no podrá prohibir la libre circulación de impresos o de cualquier otro material informativo en todo el territorio nacional, ni su venta o comercialización", con excepción dé los de carácter pornográfico o apologético de la violencia.

Una comisión, en la que se integran, entre otros cargos, los subsecretarios de Justicia y Cultura, estudia el anteproyecto, que se consultará, además, con las organizaciones de periodistas y editores.