Declaran el secretario y dos funcionarios de la magistratura de la Seguridad Social

El secretario de la Magistratura Especial de Ejecuciones Gubernativas de Barcelona, dedicada a los cobros por apremio de la Tesorería de la Seguridad Social, Francisco José Boyer Belenguer, y dos funcionarios de la misma Magistratura prestaron declaración ayer ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, a requerimiento del fiscal y en relación con la presunta estafa cometida en una subasta instada por la Seguridad Social. En el sumario, desglosado con el número 82/83, de las actuaciones judiciales generales seguidas por presuntas irregularidades en subastas de las magistraturas de Trabajo, están procesados por estafa un empresario, un subastero y un abogado mercantilista, todos ellos de Barcelona.

Las declaraciones de funcionarios de la Magistratura de Trabajo Especial son las primeras que se toman a miembros de este organismo desde que el Consejo General del Poder Judicial ordenara la apertura de una investigación sobre irregularidades en las subastas. Las actuaciones generales se dirigen hacia las posibles actuaciones delictivas de un grupo formado por cerca de 40 individuos que monopolizan, junto con el ultraderechista Alberto Royuela, los procedimientos de concurso de la Seguridad Social en Barcelona.Existen indicios de complicidad entre el grupo de subasteros y determinados empresarios que, en parte coaccionados y en parte protagonistas de sus propios autoembargos, pagan a los primeros para organizar operaciones de recompra de sus bienes. La posible implicación de ciertos abogados de empresa, peritos y la familiaridad con que los subasteros frecuentan la Magistratura de Trabajo Especial se encuentran en el fondo de las investigaciones, sin que, hasta ahora, hubieran sido llamados a declarar funcionarios de la Magistratura.

El costoso precio

Algo más de dos horas se prolongó ayer el interrogatorio de los funcionarios, a requerimiento del fiscal. El sumario hace referencia a una de las llamadas operaciones de recompra, que afectó a una pequeña empresa propiedad de Federico Trapé, situada en la población de Montesquiu, próxima a Vic. El empresario, el subastero Rafael Grau y el abogado de empresa José Pablo Sánchez Iñigo se encuentran procesados por esta causa, seguida únicamente por el presunto delito de estafa, aunque podrían coincidir otros tipos de conductas delictivas.Los bienes de la empresa, valorados en 30 millones en el expediente de suspensión de pagos, fueron adjudicados por el subastero Grau en una subasta de la Seguridad Social por 760.000 pesetas, con acuerdo previo entre los tres procesados, y cedidos en la misma acta de remate al abogado Sánchez Iñigo. La constitución de una sociedad anónima y la búsqueda de la insolvencia de la empresa matriz eran el objeto de la frecuente operación. El cuantioso precio pagado por el empresario alcanzó, en esta ocasión, la suma de 6,5 millones de pesetas, mientras que lo pagado en la Magistratura ascendió sólo a 700.000 pesetas, lo que es una muestra del perjuicio causado a la Seguridad Social en este tipo de maquinaciones, que normalmente pasan inadvertidas.

En esta ocasión, sin embargo, los trabajadores de la empresa, que han comparecido como parte perjudicada en el sumario, se dirigieron al magistrado ejecutante, Vicente Uríos, para exponer las supuestas irregularidades cometidas, dado que el procedimiento ni siquiera había sido notificado a los interventores de la suspensión de pagos. La subasta fue al final anulada, aunque, curiosamente, este hecho no fue notificado a los interesados hasta seis meses después, una vez abiertas las actuaciones del juzgado instructor. En el sumario, desglosado del general sobre los subasteros de las magistraturas, figuran todas las certificaciones del expediente administrativo.