El Tribunal Constitucional paraliza la extradición del argentino José Buenaventura, que sigue preso

El súbdito argentino José Buenaventura Rodríguez Corvalán permanece todavía en la prisión provincial de Tarragona, a pesar de haberse cumplido en su totalidad la condena impuesta por los tribunales españoles por un delito de falsificación y estafa. El Tribunal Constitucional, por otra parte, ha aceptado las alegaciones de Rodríguez sobre una supuesta indefensión en el juicio que ordenó su extradición a Argentina y ha dispuesto la revisión del proceso.Fuentes autorizadas del centro penitenciario tarraconense manifestaron ayer a este periódico que no se hallaba todavía en manos de la dirección del establecimiento el mandamiento de libertad para Rodríguez, que debe expedir la Audiencia Nacional. Las mismas fuentes, sin embargo, confirmaron haber recibido el viernes un telegrama de la subsecretaría del Ministerio de Justicia comunicando la suspensión temporal de la orden de extradición dictada en 1979 por los tribunales españoles. Una comunicación similar ha sido enviada al Ministerio del Interior, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y la organización policial Interpol, que actuó como intermediaria en la demanda de extradición.

A las cero-horas de hoy domingo se ha agotado la pena de cuatro años y tres meses de prisión a que fue condenado Rodríguez por la Audiencia Territorial de Tarragona por un delito de falsificación y estafa por valor de 900.000 pesetas, aunque en el juicio sólo se pudo probar la tercera parte de esta cantidad. El recluso ha pasado a disposición de la Dirección General de Seguridad del Estado, que en un plazo máximo de 72 horas deberá decidir sobre su situación. En espera de la resolución definitiva del proceso de extradición, es probable que Rodríguez permanezca en España en libertad provisional. Es probable que el argentino pueda abandonar la cárcel tarraconense mañana lunes, en cuanto se reciba el pertinente mandamiento de libertad. Según fuentes penitenciarias, su estado es completamente tranquilo permaneciendo a la espera de que se produzca su salida del establecimiento.

Detenido en 1978

Rodríguez fue detenido en 1978 en Palma de Mallorca. Un año después, los tribunales aceptaron una demanda de extradición a su país, una vez comprobada su procedencia legal, donde había sido reclamado en 1976 bajo la acusación de asesinato de un comisario de policía. El interesado mantiene, sin embargo, que ya estaba fuera del país en la fecha en que se le imputa el delito, aunque no dispone de pruebas suficientes, ya que se fugó clandestinamente.Ante la perspectiva de un forzoso traslado a Argentina una vez cumplida la pena en las cárceles españolas, Rodríguez inició a partir de 1979, con la ayuda de organizaciones humanitanas y de exiliados argentinos, varias acciones a distinto nivel para llamar la atención sobre su estado. El defensor del pueblo, Joaquín Ruíz Jiménez, visitó recientemente a Rodríguez en un centro hospitalario de Tarragona, donde permaneció internado una larga temporada por mantener una huelga de hambre, y tuvo una intervención decisiva en la agilización de los trámites. La defensa de Rodríguez pudo presentar hace tan solo unas semanas un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando la existencia de indefensión del acusado en el juicio de extradición a que fue sometido en su día. El máximo organismo judicial ha estimado favorablemente las razones expuestas y ha ordenado la revisión del proceso extraditorio. Rodríguez podrá permanecer en España mientras no se resuelva definitivamente la cuestión.

Altos cargos de la Administración han expresado privadamente en repetidas ocasiones que el Gobierno no tiene intención de ejecutar la extradición de Rodríguez, aunque han señalado la conveniencia de buscar una fórmula jurídica adecuada en evitación de hipotéticos problemas diplomáticos entre España y Argentina. Estas mismas fuentes aseguran que, en último recurso, el Ministerio del Interior está dispuesto a conceder el estatuto de refugiado político a Rodríguez, con lo que quedaría sin efecto la sentencia judicial.