Una provocación

LA DESTITUCIÓN del teniente general Soteras como capitán general de la VII Región Militar era una decisión que el Gobierno de Felipe González no podía dejar de adoptar después de las declaraciones publicadas en el semanario Interviu (véase EL PAIS de ayer). Puede añadirse que esta medida, además de elogiable, era, sin embargo, previsible, y desde luego había tenido que preverla el propio autor de las declaraciones. Hay que preguntarse entonces por los motivos que han llevado al general Soteras a desafiar al Gobierno y a los tribunales de justicia en tonos próximos a la provocación. El ex capitán general de Valladolid, que presume de sus conocimientos de Francia y Alemania, donde vivió unos años, forzosamente tenía que saber que en ningún sistema político occidental un alto mando militar critica, sermonea, aconseja o amenaza al Gobierno que lo ha nombrado y al que debe lealtad y obediencia. Por lo demás, las manifestaciones constituyen una especie de compendio de la ideología, la retórica y la falsa descripción de hechos que prepararon el clima del golpe del 23 de febrero.Las declaraciones están repletas de reticencias e intimidaciones. Al ministro Serra, tras perdonarle la vida por el "cambio muy grande" que supone "pasar de ser alcalde de Barcelona a ser ministro de Defensa", le reprocha haber impuesto arrestos domiciliarios a militares, ya que, en su opinión, "no debería saltarse el escalafón natural" y debería ceder a la JUJEM sus facultades disciplinarias. Soteras censura al Gobierno en su conjunto la cortedad de las medidas adoptadas para hacer respetar la bandera ("todo se queda en palabras y no pasamos a los hechos") y los métodos de la lucha antiterrorista ("yo creo que el Gobierno debería ser más duro"). El presidente y el vicepresidente del Gobierno son unos "señores" cuya legitimidad para presidir paradas militares parece depender de "su respeto a la institución que está desfilando delante de ellos". Pese a las sanciones de que han sido objeto algunos militares por su participación en la campaña desestabilizadora en favor del indulto de los condenados del 23-F, el general Soteras se incorpora con armas y bagajes a esa estrategia de presión. Sus argumentos son casi idénticos a los utilizados por los defensores y correligionarios de Milans del Bosch y Tejero. Los golpistas serían "unos caballeros" que se alzaron "por un móvil patriótico", y, según esta interpretación, los rebeldes no atentaron contra "la democracia en general", sino que trataron de sacar a España "del vacío en que estaba inmersa con aquel final del Gobierno de UCD". Resulta, así, que el principal error de los golpistas fue "un riesgo mal calculado". Porque de alguna forma parece querer disculpárseles por "aquella intensificación del terrorismo, la situación económica y el desgobierno que estábamos soportando".

Al igual que las declaraciones del general Milans del Bosch en el otoño de 1979, el teniente general Soteras extiende sus reflexiones a todos los ámbitos de la vida española, desde la política económica hasta la distribución territorial del poder: "Estamos viviendo momentos difíciles debido a los problemas de las autonomías, el terrorismo, el paro y el aumento del coste de la vida, que cada día va subiendo". Sus juicios normativos toman incluso como objeto problemas de ámbito municipal: "Aquí (en Valladolid) lo que hace falta es que no haya conflictos laborales, que FASA-Renault siga trabajando y que todo el mundo se persuada de que únicamente trabajando es como se puede sacar un país adelante". Con lo cual se ponen de relieve, por otra parte, los coeficientes culturales del análisis que el ex capitán general hace de la situación.

Siguiendo una tendencia de naturaleza más preocupante, el general Soteras se dedica a interpretar el artículo 8 de la Constitución. En su opinión, la JUJEM, ante una situación en que la soberanía, la integridad territorial y el ordenamiento jurídico de España estuvieran en peligro real, "instaría al presidente del Gobierno en ese momento a que reconociera su ineficacia e incapacidad, y el Ejército asumiría su misión constitucional". A lo mejor el teniente general no lo sabe, pero eso que describe es llana y simplemente un golpe de Estado según todos los libros de ciencia política y de historia. La referencia que hace al carácter teórico, impensable o fantástico de esa situación no resulta en modo alguno tranquilizadora: los intentos de justificación del 23-F se hicieron precisamente en tales términos. Las alusiones del general Soteras al "estado de cabreo" de algunos sectores militares priva también de fundamento a su afirmación de que "el ruido de los sables es una perfecta tontería, un invento de algunos periodistas y algunos políticos". Ruido de sables no es sino una metáfora para definir cosas y casos como las propias declaraciones que comentamos. Pese a que el artículo 97 de la Constitución establece que "el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado", el ex capitán general de Valladolid elude una intencionada pregunta del periodista sobre "el tufillo de desprecio al Gobierno" con el argumento de que también la Constitución confía al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. En esta misma línea de razonamiento, que subvierte las relaciones de dependencia entre la Administración militar respecto al poder legítimo designado por las urnas, se inscribe la reivindicación de "autonomía" militar, que resultaría violada en el caso de que "el poder político se inmiscuyera en temas que sean puramente militares". No hay temas que escapen a la decisión de un Gobierno soberano, ni zonas acotadas a la responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas. Quizá como ejemplo de la esencia misma de la "autonomía militar" que reclama se pueda citar, sin embargo, la pretensión del general Soteras de que la actual enseñanza militar en nuestras academias es "puramente profesional", cosa de la que existen honestas dudas. Pero, además, el general Soteras se inmiscuye por su cuenta en temas que desbordan con mucho ese supuesto ámbito autónomo que solicita. Hasta el reciente tratado de pesca con Marruecos parece aludido por él al afirmar que "el militar se sentirá orgulloso el día que sepa que se ha firmado un tratado en el cual España haya salido ganando".

Lo que hay que preguntarse es si esta peripecia, nada menor, responde a la indisciplina o a los deseos de protagonismo de un hombre concreto, al talante de un grupo o al ambiente de un grupo social. Tal vez el incidente sirva al poder ejecutivo para revisar la equivocada política de ascensos y nombramientos que el ministro Serra ha venido aplicando hasta ahora, sin duda por las dificultades objetivas que encuentra para hacerlo mejor. La conclusión inevitable es que el problema militar sigue entre nosotros, y de nada sirve silenciar o minimizar la amenaza que supone para el sistema constitucional. Por eso, aunque el portavoz del Gobierno se esconda en la suposición brillante de que en casos como este bastan los hechos- la destitución del general- y sobran las palabras, es de exigir que en el próximo debate sobre la política general del Gobierno el tema de la defensa y de la política militar no se despache sin una explicación sobre estas cuestiones.