La exportación ilegal de un cuadro de Goya se considera un delito que se repite en el patrimonio español

El Ministerio de Cultura ha calificado la exportación ilegal del cuadro de Goya La marquesa de Santa Cruz, valorado en más de 500 millones de pesetas, como uno de los delitos más graves contra el patrimonio históritico-artístico español. El cuadro salió ilegalmente de España a finales de Julio y ahora podría estar en Suiza o en Londres, centros de atención de las autoridades españolas quienes están poniendo en práctica medidas legales y judiciales para recuperarlo. En este artículo se analiza el significado que para las bellas artes españolas tienen éste y otros casos parecidos.

Con consternación, no exenta de rabia, hemos visto confirmarse un nuevo delito contra el patrimonio artístico español. Me refiero, naturalmente, a la fraudulenta evasión del cuadro de Goya que representa a la Marquesa de Santa Cruz caracterizada como Euterpe, perteneciente al legado Valdés.Por lo que se sabe, los hechos han ocurrido así: uno de los beneficiarios testamentarios del citado coleccionista bilbaíno -Mercedes Fernández Valdés-, sin notificarlo al Estado, como es preceptivo, vende esta soberbia pieza goyesca a Antonio Saorín, según parece, que no sólo la saca de contrabando del país, sino que muestra un documento falsificado autorizando la exportación al Museo Getty, de Los Angeles, cuando esta institución se interesó en su compra.

Operación frustrada

Frustrada a tiempo esta última operación, mediante una oportuna gestión diplomática, la situación actual es la de encontrarse aún el cuadro en paradero desconocido, aunque se presume que pueda estar en Londres o Suiza, mientras que el presunto delincuente ha sido localizado por la Interpol en Argentina, donde ahora estará siendo interrogado por la policía de aquel país.Ante un caso tan siniestro, sólo es posible decir que, en efecto, la realidad supera a la ficción, pues he de confesarme sorprendido por la peculiar urdimbre criminal con que parece revestirse este delito de leso patrimonio. En primer lugar, el documento de compraventa que firman Mercedes Fernández Valdés y Antonio Saorín indica que la cifra del traspaso del cuadro, valorado en más de 500 millones, es de sólo 25 millones de pesetas, lo que no ha podido evitar la clamorosa sospecha de que, tras está cantidad rebajada hasta lo inverosímil, se esconda, cuanto menos, una simple gestión fraudulenta de intermediación.

Escrúpulos

Las diversas circunstancias que concurren en el presente delito, como la imposibilidad de aplicarse la extradición por contrabando, dificultan momentáneamente la recuperación de la obra maestra de Goya y el inmediato castigo de este tráfico. Consta, en todo caso, que el Ministerio de Cultura, los jueces y los servicios policiales están aplicando todos sus esfuerzos para conseguir la reintegración de la obra a España y el castigo ejemplar de todos los implicados. De todas formas,Un atentado de esta naturaleza al ya muy esquilmado patrimonio nacional obliga a la reflexión. El cuadro evadido estaba inventariado, lo que ha permitido, por lo menos, que en España las autoridades se enterasen de la sustracción, pero que una buena parte de nuestro patrimonio, al no estar catalogado, puede salir del país -y, de hecho, está saliendo- sin más riesgo que burlar el correspondiente control aduanero.

Una sangría

¿Cómo evitar esta sangría, que se considera vergonzosa? En un tema tan indudablemente complejo como este es, desde luego, Absurdo simplificar, pero creemos que el ordenamiento legal vigente se ha quedado obsoleto y debe -acelerarse la tramitación, -de una nueva ley del Patrimonio Histórico Español, cuyo borrador está siendo actualmente redactado por el Ministerio de Cultura. Se piensa que una línea maestra de la futura ley debe ser modificar el maximalismo de la anterior, aquejada de ese mal latino del extremo ordenancismo inoperante, y sustituirlo por una actitud más flexible y pragmática, que premie la espontánea declaración de bienes artísticamente inventariables y persiga a quienes, habiéndoseles ofrecido unas condiciones razonables, persistan en la ocultación fraudulenta. Existe una variedad de recursos en el Estado para desarrollar una política semejante, sin olvidarnos tampoco de la necesaria agilización administrativa, cuyo pernicioso estancamiento actual estimula tantas veces el delito, incluso por parte de aquellos a los que no se aprecia una previa voluntad de delinquir.