_
_
_
_
Consecuencias de las inundaciones en el norte de España

Clima de "colaboración y lealtad" entre los Gobiernos central y vasco para evaluar los daños

La concesión de indemnizaciones inmediatas, antes, incluso, de la valoración definitiva de las pérdidas; el establecimiento de bonificaciones y moratorias en la Seguridad Social, y la eventual extensión de su cobertura a los trabajadores en paro, se incluyen dentro de las medidas estudiadas en la reunión mantenida, ayer en Bilbao entre los representantes de la Administración del Estado y la autónoma vasca, para la aplicación del decreto ley relativo a las "zonas catastróficas" declaradas a consecuencia de las inundaciones.

Más información
Casi 8.000 personas fueron evacuadas por la policía en Vizcaya
Suscripción popular de la revista 'Euskadi' para las familias de los guardias muertos
En Vizcaya "ya sólo queda por hacer todo, pero lo haremos"
Nicolás Redondo pide que se aproveche la riada para modernizar la industria vasca

El lendakari Carlos Garaikoetxea, asistido de los consejeros de su Gobierno, y los ministros de Interior y de Administración Territorial, José Barrionuevo y Tomás de la Quadra Salcedo, respectivamente, participaron en este primer encuentro, desarrollado "en un clima de colaboración, sinceridad y lealtad", según coincidieron en señalar los representantes de ambas administraciones. El próximo jueves, día, se celebrará una nueva reunión entre representantes de ambas partes.Cerca de cuatro horas duró la reunión mantenida en la delegación del Gobierno Vasco en la capital vizcaína, al término de la cual, el presidente Garaikoetxea se lamentaría "de no poder mostrarme más concreto", acerca de las ayudas estudiadas, que, "debido a su complejidad resultan imposibles de perfilar en un primer contacto", según estimó el ministro de Administración Territorial. Tras un primer balance pormenorizado de la situación, en el que, explicó Garaikoetxea, se había tenido en cuenta "la incidencia de la densidad demográfica e industrial que confiere a las zonas siniestradas en el País Vasco unas características especiales respecto a las catástrofes registradas en otras áreas, el resto del encuentro estuvo dedicado a planificar las ayudas, dotadas de un presupuesto especial de 50.000 millones de pesetas, ampliables, a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado.

Dentro de las medidas para la canalización de la citada partida, que de hecho, "significa la posibilidad de disponer, de irimediato, de una cantidad de dinero", De la Quadra Salcedo enumeró la serie de ayudas estudiadas. Respecto a la declaración de "zona catastrófica", contemplada en el decreto ley para los municipios afectados en Cantabria, Burgos Navarra y el País Vasco, la Administración del Estado dispone ya de un informe, presentado en la reunión de ayerpor el Ejecutivo vasco, para la declaración individualizada de cada una de las localidades afectadas.

40 días para reclamar

En el capítulo de las medidas encaminadas a paliar los efectos más inmediatos de las inundaciones, se acordó declarar inhábiles los días comprendidos entre el 25 de agosto y el 3 de septiembre; la ampliación del plazo para hacer reclamaciones por los siniestros, hasta 40 días; moratoria de pago en las. sutivenciones derivadas de créditos hipotecariosy obligaciones de todo tipo para las personas y bienes que han resultado dañados; exenciones de las cuotas de contribución rústica, pecuaria y urbana, además de licencias fiscales dentro de las actividades del comercio y la industria. En materia de regulación de empleo, se acordó que la tramitación de expedientes de regulación de puestos de trabajo, se realice de acuerdo con las situaciones de fuerza rnayor contempladas dentro de la legislación vigente.Dentro de las medidas estupara el restablecimiento de los bienes y servicios dañados, se faculta al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para la habilitación de viviendas subvencionadas, que en el caso del País Vasco se incluye dentro de las competencias autonómicas. Interpelados acerca de la instrumentalización de las medidas contempladas en el decreto ley y su aplicación por parte de las respectivas administraciones, los participantes en el encuentro remitieron el papel de cada una de las administraciones a la determinación de los respectivos porcentajes, en función de los datos definitivos, sobre la valoración de los daños totales. "Hasta llegar a determinar la gestión de cada Administración en la canalización de las ayudas, necesitamos un referente respecto a la cuantificación de los daños", dijo el ministro de Administración Territorial.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_